Por Juan Carlos Giuliani*
Tuvo que irrumpir la pandemia de Coronavirus para que el Gobierno Nacional rompiera el molde y saliera del discurso recatado de cuidar el déficit y el estado de las cuentas públicas -que tanto quieren escuchar los mercados- para zambullirse en la decisión de emitir dinero e inyectar millones de pesos para sostener la actividad económica y paliar los efectos de la peste.
Habrá créditos para obra pública, refacción y construcción de viviendas, beneficios impositivos para empresas, se establecerán precios máximos para artículos esenciales, se otorgará un Bono extra para jubilados de la Mínima por única vez de $3.000 y otro para Asignación Universal por Hijo (AUH) y Embarazadas por 3.100 pesos, se promete perseguir a los delincuentes de guantes blancos que hacen su agosto remarcando precios a diestra y siniestra, mientras la población se debate angustiada en la vida diaria marcada por la rutina de la “cuarentena” impuesta por la Emergencia Sanitaria y otras cuantas cosas más.
Aunque no se trata de un shock distributivo que reactive la demanda interna con políticas universales -como sería lo óptimo- va en la dirección correcta y es un paso adelante en la necesidad de reforzar la intervención de un Estado presente y activo. El Estado es indispensable para tener Salud Pública. Y ésta es la única garante de la salud de la población.
La situación sanitaria y económica es de extrema gravedad: La parálisis de la economía real debido a la pandemia y a las consecuentes medidas oficiales adoptadas para combatirla dibujan un escenario complicado. Según datos oficiales, en enero se perdieron 47.462 empleos en relación de dependencia. Es probable que esa cifra trepe en marzo y abril y que se acentúen los daños sobre los oficios terrestres más vulnerables, signados por la precarización laboral, como monotributistas, trabajadores de la vía pública, cuentapropistas, etcétera. La caída en el consumo y los altos costos que afrontan las pequeñas y medianas empresas han vuelto a colocar los carteles de “Se Vende” o “Alquila” en los locales comerciales céntricos de muchas ciudades como Río Cuarto.
El INDEC publicó que una familia necesitó en febrero de $40.789 para no caer bajo la línea de pobreza. Téngase en cuenta que el nivel salarial en la Argentina indica que más de la mitad de la fuerza de trabajo tiene ingresos inferiores a la línea de pobreza. Por estas horas se viralizó la información de lo que perciben los 11 técnicos y científicos del Instituto Malbrán, todos afiliados a la Asociación Trabajadores del Estado (ATE-CTA), -9 de ellos mujeres- que están en la primera línea de combate contra ese enemigo invisible que es el Coronavirus: Son sumas que van de los 24 mil a los 40 mil pesos. Sueldos bajos, precariedad laboral, y “doble jornada” de quienes le ponen el cuerpo al brote tan temido. Una vergüenza nacional.
En Córdoba, para no ser menos, el Gobernador Juan Schiaretti, con la inestimable colaboración del gremialismo obsecuente representado por el Sindicato de Empleados Públicos (SEP-CGT), pactó un incremento salarial irrisorio. Tanto ATE, como la Unión de Trabajadores de la Salud de Córdoba (UTS-CTA), repudiaron la propuesta oficial que niega la “Cláusula Gatillo”, desconoce la pérdida de poder adquisitivo en 2019 -unos $4.000 aproximadamente- y otorga un magro aumento en tres cómodas cuotas de 3 por ciento en febrero, 3 en mayo y 3 en julio, aplicados al Básico y Adicionales.
El Derecho a la Salud no se garantiza empujando a los trabajadores a la pobreza. Y esto vale para todos los gobiernos. Quienes trabajan en hospitales, salas, laboratorios públicos, dispensarios, centros de salud municipales y otras dependencias, tienen la responsabilidad de atender, detectar, aislar, derivar y, de ser necesario, acompañar los cuidados de los pacientes infectados hasta su recuperación. Jornadas inacabables de trabajo sin los insumos básicos suficientes para la bioseguridad -como barbijos, guantes, equipos de protección, etcétera-, expuestos a posibles casos de Coronavirus y atendiendo también con profesionalismo el alarmante aumento de casos de dengue y otras patologías propias de una realidad sanitaria general de emergencia. La decisión de achatar salarios y no atender las demandas de mejores condiciones laborales, implica una actitud de menosprecio de los que gobiernan hacia los agentes que trabajan en el Sistema de Salud Pública.
Claro que, por encima de todo, está el tema de la Deuda Externa. En enero, el Gobierno pagó intereses de la Deuda por U$S 1.727 millones. En febrero por otros U$S 704 millones. En 2 meses, esos U$S 2.431 millones de dólares representaron 127.341 millones de pesos, equivalente al 17% del gasto total de la Administración Pública Nacional. Es lamentable que todavía se paguen vencimientos de la Deuda y se mantengan las intenciones de seguir negociando para continuar pagando una Deuda Odiosa e Ilegítima, al solo efecto de cumplir con los acreedores buitres y el FMI.