Más que una querella, una definición histórica

La decisión presidencial de impulsar una querella criminal sobre los responsables del endeudamiento macrista y puntualmente por el acuerdo con el FMI, constituye una definición histórica e importantísima en un doble sentido.

En primer lugar, porque de concretarse implicaría fijarle un límite al comportamiento impune que determinadas gestiones y funcionarios han tenido endeudando al Estado argentino y destruyendo el funcionamiento de la economía así como las condiciones de vida de nuestro pueblo. Gestiones y funcionarios que jamás rindieron cuentas por las tropelías cometidas.

Y en segundo lugar, porque permite fortalecer la negociación con el FMI, buscando que el resultado de la misma no sea el de siempre. A saber, mayor endeudamiento, ajuste y reformas estructurales. En este sentido, si avanzamos responsabilizando a los funcionarios que a nivel local hicieron posible este desastre, estamos en condiciones de escalar y plantear como clave de nuestra política exterior, la presentación del caso argentino, denunciando al FMI en el seno de las Naciones Unidas.

El acuerdo con el FMI, no solo violentó la normativa administrativa, jurídica y constitucional de la Argentina. También violó las misiones, funciones y hasta el propio Estatuto del FMI. Argentina recibió un crédito que por su magnitud jamás debería haber recibido, el FMI otorgó un financiamiento que dado el porcentaje que representaba respecto al total de la cartera crediticia del organismo jamás debió haber otorgado, el plazo de pago y los vencimientos que desde un comienzo se establecieron eran claramente inafrontables y además el Fondo violó su propio Estatuto, el cual le prohíbe prestarle a países en situación de fuga de capitales.

En los cuatro años de Macri se fugaron 86.194 millones de dólares pero dicha fuga se aceleró desde la intervención del FMI en adelante. Hasta el acuerdo con el FMI se fugaban en promedio 1467 millones de dólares por mes, y a partir del acuerdo se fugan 2507 millones de dólares mensuales. Así, mientras los desembolsos del FMI totalizaron 44.900 millones de dólares, la fuga a partir del acuerdo suma 46.000 millones de la misma moneda. En realidad el FMI debió haberle planteado al gobierno de Macri a comienzos del 2018 que su política económica había puesto al país en default, que por tanto debía reestructurar su deuda y modificar drásticamente su política económica.

Sin embargo, como Macri estaba en la mitad de su mandato, el FMI agravó el default incrementando el endeudamiento y le permitió sostener el régimen de política económica de apertura y desregulación con la consecuente aceleración de la fuga de capitales.

Estamos por tanto frente a un crédito que poco tiene que ver con los tradicionales stand by que otorga el organismo.

Y por tanto la renegociación del mismo obliga a soluciones novedosas. No parece razonable que el Fondo diga que no puede hacer una quita o reducción del capital adeudado, o que no puede extender el plazo de financiamiento porque su Estatuto lo prohíbe. Básicamente porque el crédito que otorgó violó expresamente dicho estatuto. Tampoco sería razonable que pretenda interferir e intervenir sobre nuestra política económica, cuando sus recomendaciones han producido los efectos conocidos.

El Fondo no puede juzgarse a sí mismo. Debemos completar la histórica decisión presidencial llevando el caso argentino a la ONU (como en su momento se llevó el caso Griesa) para forzar una negociación que permita quita de capital y plena autonomía en la política económica”.