Salud Mental: Ley “empantanada” entre el desinterés y los intereses

Una ley que tiene por objeto “asegurar el derecho a la protección de la salud mental de todas las personas, y el pleno goce de los derechos humanos de aquellas con padecimiento mental”… El análisis con la presidenta de la Delegación Villa María del Colegio de Psicólogos.

Por Sergio Vaudagnotto

En abril de este año, un decreto “sacudió el polvillo” asentado sobre la Ley Nacional 26.658 de Salud Mental. Poco había ocurrido luego del fracasado intento de anularla en 2017 y de aquella otra decisión del actual Gobierno nacional de 2016, de derogar la Resolución 1.484, de 2015, por la que se disponía, entre otras cosas, “la prohibición de creación de nuevos manicomios, neuropsiquiátricos o instituciones de internación monovalentes, públicos o privados”. La norma suprimida establecía que antes del 10 de septiembre de ese mismo 2016 debía fijarse el “límite máximo de camas” con la finalidad de reducir las internaciones en los hospitales comúnmente llamados manicomios.

Son muchas las familias que conviven con padecimientos mentales, por lo que El Diario inició una serie de consultas con profesionales consustanciados en el tema.

Para la presidenta de la Delegación Villa María del Colegio de Psicólogos, Silvana Pons, defensora tanto de aquella norma nacional como de la Ley Provincial 9.848 de Salud Mental, no se han generado las condiciones para que se cumpla con el espíritu de lo proyectado y legislado: “La idea de la ley no es que los pacientes ‘externados’ queden desamparados, sino establecer una red de contención familiar y de la comunidad, para que el que se ‘externe’ esté en una situación mejor, no en un lugar peor donde se agudice su enfermedad”.

Silvana Pons, presidenta de la delegación Villa María del Colegio de Psicólogos

¿Cómo se llegó a la sanción de esas leyes?

-La Ley Nacional 26.658, como la Ley Provincial 9.848, sancionadas a comienzos de esta década, fueron fruto de la necesidad de poner en claro algunas cuestiones sobre salud mental, que venían de una lógica social en crecimiento y que tenían que ser plasmadas en la legislación. En aquel momento estaba la Secretaría de Salud Mental dentro del Ministerio de Salud. Hoy tenemos Secretaría de Salud y no tenemos más Ministerio de Salud, lo que representa una gran pérdida… Bueno, decía que en aquel momento teníamos la Secretaría de Salud Mental, coordinada por Matilde Massa y Leonardo Gorbacks, que fueron parte fundamental en la construcción política y social de la ley, a través de un arduo debate. Fue una construcción de muchos años, por eso nosotros enarbolamos la defensa desde la militancia, porque verdaderamente fue una construcción colectiva, que tuvo como partícipes a usuarios de los servicios de salud mental, a los que formamos parte de los servicios de salud mental, a las autoridades políticas entonces…

Pero no se pudo aplicar totalmente…

-La ley fue parte de una necesidad social, pero eso no quiere decir que fuera suficiente. Hubo también que crear órganos de control; uno a nivel nacional y otro en el orden provincial, que es el Observatorio de Derechos Humanos, para controlar que la ley se cumpla. Pero luego hubo instancias políticas que convirtieron todo en una encrucijada, porque no hubo políticas inclusivas que puedan sostener lo que la ley propone. Porque para que la ley se cumpla y se dé la llamada “desmanicomización”, debería tejerse un entramado que afuera contenga al “externado”. Y debo decir que a mí no me gusta que se hable de “desmanicomización”, porque el problema no es el manicomio; no estamos hablando del edificio como problema, sino de una lógica “manicomial” que borra los derechos de las personas, que habla de enfermos y no de  padecimientos mentales… Es una pérdida de individualidad absoluta la que se da en esos centros.

Y dentro de esa lógica, ¿cómo conviven los profesionales?

-La lógica de funcionamiento de los equipos que trabajan ahí suelen generar una estructura muy rígida, basada en un modelo médico. Entonces, es esa lógica “manicomial” con la que hay que cortar y hay que romper. Para los equipos de salud, para la gente que trabaja en salud mental, el enemigo no es el manicomio, sino la falta de políticas de salud o de políticos tomen las banderas de generar presupuestos o de generar estrategias y decisiones fuertes que permitan avanzar en esto que es tan necesario.

¿Para cuándo se planteaba que la ley debía estar en pleno funcionamiento?

-El plazo era en 2020. Para el año próximo tendría que haber estado presente el espíritu de la ley; ya no más hospitales monovalentes para entonces, se planteaba. Y cuando hablamos de monovalentes, hablamos de monovalentes de larga estadía, porque se entiende que tiene que haber una instancia hospitalaria en el hospital general para personas que tienen un padecimiento de salud mental. Además, la ley no establece que no haya una instancia hospitalaria.

¿Qué queda por hacer?

-Lo que hay que hacer es crear y poner en valor dispositivos comunitarios y revalorizar mucho el concepto de hospital general, porque es una pieza fundamental en la implementación de la ley, que establece que tienen que disponer de camas para ser destinadas a los pacientes de salud mental. Del mismo modo, indica que no solamente el servicio de salud mental tiene que estar formado en la materia, sino que si llega una persona a una guardia con un brote psicótico, el médico sepa hacer la atención de urgencia y hacer la derivación pertinente. Es ahí donde hay un salto, pero no se ha generado todo ese entramado para que la ley se cumpla.

En abril de este año se movió alguna pieza después de meses…

-Sí, se hizo el Decreto 715, que establece pautas que generarían una organización progresiva para la “desmanicomización”. Son pautas, no son obligaciones, pero establecerían una organización cronológica. El punto es que no hay una decisión política. Hay dos puntos fundamentales para que lo que se postula no se cumpla: por un lado, que no hay políticas con diseños inclusivos en salud mental y, por el otro, que hay una puja interna muy grande entre las personas o los profesionales que se posicionan en el modelo biomédico o médico psiquiátrico y los que estamos a favor de la interdisciplina, del modelo inclusivo, comunitario y el resto de las profesiones. Además, hay corporaciones médicas, hay intereses de instituciones privadas, de asociaciones de psiquiatras que no están de acuerdo, porque esto repercute en la medicación, en la farmacología…Se generan muchas cuestiones económicas; hay intereses privados para que esto no salga adelante. Estamos en una puja muy importante para vencer esas cuestiones y pasar al nuevo paradigma. Y, llegados a este punto, hay algo que quiero expresar, y es que en Argentina, en términos numéricos, hay muchos más psicólogos que psiquiatras en los espacios de trabajo y además los psicólogos están muy bien formados en el ámbito hospitalario y en el ámbito comunitario en relación con otros países, lo que quiere decir que no puede existir una política de salud mental con los psicólogos afuera. El diseño de las políticas de salud mental tiene que ser con los psicólogos adentro, pero no trabajando en un centro de salud con los pacientes, sino también con poder de decisión sobre las políticas de salud mental.

En medio de todos esos intereses, ¿hay futuro para las leyes de Salud Mental sancionadas?

-En 2017 nosotros tuvimos un embate muy importante desde la Nación, cuando por decreto querían anular la Ley de Salud Mental. Si nosotros no hubiésemos salido a las calles, no se hubiera parado la intentona. De lo que se trata es de reconocer que se hizo mucho, pero que falta mucho más por hacer. Y, a modo personal, agrego que fue muy ambicioso pensar que en  2020 íbamos a poder romper con una lógica que tenía un entramado tan grande y con tantos intereses encontrados. Ahora se trata de sentarnos a ver de qué modo le podemos encontrar una salida a esto, porque en este último tiempo hay que reconocer que, por ejemplo, acá en Oliva, hubo una serie de “externaciones” compulsivas, que no es la idea de la ley. La idea de la ley no es que queden desamparados, sino establecer una red de contención familiar y de la comunidad para que el que se “externe” esté en una situación mejor no en un lugar peor donde se agudice su enfermedad. Tampoco se trata de “externar” por “externar”.

Fuente: www.eldiariocba.com.ar