Por Matías Giuliani*
Hoy se cumplen 50 años de la sanción de la Ley 19587 de Higiene y Seguridad en el Trabajo que sigue aún vigente al igual que su Decreto Reglamentario 351/79 promulgado por la última dictadura eclesiástico-cívico-militar. Es decir, el régimen jurídico normativo de la protección de la vida y salud de las y los trabajadores continúa regida por una legislación de un gobierno dictatorial.
Esta Ley repleta de parches es la que reglamenta la Higiene y Seguridad en el Trabajo. Su Decreto Reglamentario 351/79 y una sucesión de distintas normas, complementan un esquema bastante confuso e injusto que poco tiene que ver con los derechos de los trabajadores y trabajadoras ya que se cumplen en partes mínimas y algunas presentan aspectos que afectan directamente el derecho de lxs trabajadorxs a su vida, su salud y su dignidad.
Gran cantidad de sus normativas son poco implementadas, sus regulaciones fundamentales no se cumplen íntegramente y muchas de sus disposiciones han quedado obsoletas.
La enorme falencia de este sistema habla por sí sola. Según cifras oficiales, en 2020 en nuestro país cada 7 horas murió una persona por accidentes laborales o enfermedades profesionales, lo cual significa que fueron 1300 vidas de trabajadores y trabajadoras aproximadamente al año sólo hablando del sector registrado, ya que si consideramos el sector no registrado, el informal, el que representa cerca del 40% de la fuerza laboral, ese número asciende drásticamente.
La pandemia del COVID-19 expuso lo más ruin de este régimen y con ello el desinterés empresarial y la desidia patronal. Hubo grandes empresas que obligaron a las y los trabajadores a no cumplir con los protocolos dictados por las autoridades. La exposición innecesaria provocó cerca de 300 mil contagios en ocasión de trabajo en las líneas de producción y en los servicios.
El sector más castigado indudablemente fue el de la Salud, con más de 600 muertes relevadas, cifra que deja al desnudo la crisis estructural del sector y el colapso sanitario que atraviesa ante la falta de políticas públicas y de una normativa que regule los riesgos propios de esta actividad.
Lamentablemente desde su aprobación hasta estos días, ningún Gobierno se animó a modificar estas leyes que rigen la salud de quienes producimos la riqueza del país.
Resulta fundamental saldar esta deuda histórica y discutir un nuevo marco legal acorde a los tiempos que corren, incorporando medidas adecuadas a los avances en el mundo del trabajo por sobre la normativa existente anclada en el tiempo. Es imprescindible entonces debatir un nuevo diseño normativo que garantice el derecho a la salud y la vida, que ponga el foco en la prevención con activa participación de lxs trabajadorxs mediante la creación de Comités Mixtos de Salud y Seguridad y la elección de Delegadxs de Prevención para transformar sustancialmente las condiciones y medio ambiente de trabajo para que la actividad productiva se desarrolle de manera digna.
En vísperas de una nueva Semana de la Salud y Seguridad en el Trabajo que va desde el 21 (aniversario de la sanción de esta Ley) al 28 de abril, cuando se conmemora el Día Internacional en Memoria de lxs Trabajadorxs Fallecidxs y Heridxs en Ocasión de Trabajo -luego maquillado en 2003 por la Organización Internacional del Trabajo (OIT) como “Día Mundial de la Seguridad y la Salud en el Trabajo”- no tenemos nada que festejar. Eso sería seguir ratificando una normativa firmada por el genocida de Videla que atenta contra la salud de lxs trabajadorxs.
Por el pleno cumplimiento de los convenios OIT 155, 187 y 190; por la regulación de la Ley de Teletrabajo con la participación real de los sindicatos y lxs trabajadorxs para garantizar condiciones adecuadas, recursos de conectividad, equipamiento e insumos correspondientes; por la plena implementación y aplicación de la Ley de Salud Mental; y hasta que no exista una legislación dispuesta a priorizar y defender la salud y la vida de los trabajadores y trabajadoras, nos tenemos que organizar, participar, debatir, construir unidad en la acción para pelear en defensa propia y poder cambiar de una vez por todas este sistema de negocio de la muerte y enfermedad, por uno que privilegie la vida y salud.
La muerte por el trabajo es un crimen.
*Técnico Universitario en Higiene y Seguridad en el Trabajo. Secretario de Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo de la CTA Autónoma Regional Río Cuarto. Director del Departamento de Salud Laboral del Consejo Directivo Provincial de ATE Córdoba.