Desde la Unión Trabajadores de Estados Municipales (UTEM- CTAA) se informa que el Tribunal Superior de Justicia de la provincia de Córdoba ha señalado que resulta “inadmisible el Recurso de Casación interpuesto por el codemandado Néstor Fabián Carranza (foto)” en la causa en la cual la ex-trabajadora municipal Mónica Marcela Quiero denunció al municipio de Villa María y al dirigente gremial, del SUOEM Villa María, Fabián “Mojarrita” Carranza por acoso laboral y sexual acontecido entre los años 2007 y 2009.
Desde la defensa de Carranza se interpuso el Recurso de Amparo que ahora el referido Tribunal señala “inadmisible” señalado, entre otros puntos, que “los nuevos estándares obligan a garantizar al colectivo de mujeres una protección eficaz contra la discriminación a través de políticas orientadas a prevenir y erradicar este tipo de violencia”.
De esta manera queda firme el fallo emitido por el camarista de Villa María, Osvaldo Mario Samuel. En esa sentencia el juez señaló que “los hechos relevados constituyen actos de discriminación en primer lugar. Debemos indagar, en carácter de inclusión mental hipotética, en colaboración con la reflexión: ¿Si se tratara de un trabajador varón hubieran acontecido los hechos controvertidos? Considero que la Violencia Laboral se presenta porque Mónica Marcela Quiero es mujer, e identifico Acoso Laboral o Moobing”, agregando que además la ex trabajadora se veía compelida a asistir a actos proselitistas y se le descontaban de sus haberes un porcentaje para un partido político.
Jesús Chirino, Secretario General de UTEM y Secretario Gremial de la CTA-A Villa María declarando en el juicio que se realizó en Villa María
En relación al Acoso Sexual, el camarista indicó que Quiero “era sometida a situaciones con connotación sexual que, en el contexto hostil y de incertidumbre respecto a su continuidad en el empleo, como quedó explicitado, tiene entidad bastante para encuadrarse como acoso”. También hizo referencia al daño moral “por sufrir un trato humillante por su condición de mujer y trabajadora precarizada, como por su ideología política, Violencia Laboral y actos de acoso de los cuales fue víctima”. Por todo ello fijó un monto indemnizatorio que ahora deberá ser actualizado.
Más allá de esta noticia legal, el Municipio de Villa María, debería explicar qué hizo con la realidad denunciada por la ex agente municipal, qué pasó con los sumarios a Carranza y si alguna vez se quiso escuchar a la víctima. También debe plantearse la precarización laboral como una realidad que construye una alta vulnerabilidad en las mujeres que trabajan en el municipio.
Desde la CTA Autónoma que acompañó a Quiero y sus compañeras en 2009 cuando hicieron la denuncia pública y, en especial desde la UTEM, que viene apoyando el caso, se plantea la necesidad de terminar con esta realidad, la necesidad de la construcción de políticas claras para la prevención y erradicación de este tipo de conductas violentas.
El fallo del máximo Tribunal de Córdoba está firmado por Beatriz Calvimonte el 19 de junio del presente, en plena cuarentena, en la causa “QUIERO MONICA MARCELA C/ MUNICIPALIDAD DE VILLA MARIA Y OTRO – ORDINARIO – OTROS (LABORAL)” RECURSO DE CASACIÓN, 326815.