El Observatorio del Derecho Social de la CTA Autónoma presentó su Informe Anual 2019. ¿Cómo estaba el sistema de relaciones laborales “antes” de la llegada del Coronavirus? En este trabajo, el Observatorio incluye información sobre mercado de trabajo, conflictos y negociación colectiva entre 2015 y 2019. Lectura para la cuarentena.
Entre las principales ideas que revela el informe, está la creación de empleo formal, que en el sector privado venía virtualmente estancada desde 2012 y a partir de 2016 directamente entró en un proceso de destrucción neta. En cuatro años se perdieron 246.000 puestos de trabajo.
A diferencia del período 2012/15, el empleo público dejó de sostener al mercado de trabajo y apenas aumentó al ritmo del crecimiento vegetativo de la población. Se sumaron al Estado 119.000 trabajadores en cuatro años, menos del 1% anual.
El incremento de ocupados entre 2016 y 2019 (casi un millón de puestos) se explica por el crecimiento del trabajo por cuenta propia y de los asalariados no registrados. “El reino de los emprendedores por celular en la economía de subsistencia: se hace lo que se puede”.
Por otro lado, el dilema salarios versus empleo (recordar a Alfonso Prat-Gay) no funcionó en los últimos cuatro años y la caída de los puestos de trabajo vino acompañada por un desplome del salario real que retrocedió un 19,3% en el sector privado y un 23,3% en el sector público.
A las jubilaciones y a las asignaciones familiares no les fue mejor: En cuatro años perdieron un 20,2%. El gráfico muestra el efecto de la reforma de la ley de movilidad de 2017, que no deja de ser impactante.
El comportamiento del mercado de trabajo entre 2016 y 2019 describe un escenario de retroceso para los trabajadores. Sin embargo, los niveles de resistencia fueron muy altos. Desde las cinco huelgas generales hasta otras miles de acciones más descentralizadas.
El ciclo de mayor resistencia contra las políticas oficiales se inicia a fines de 2017 (movilizaciones contra las reformas previsional y laboral) y llega a sus máximos a mediados de 2018 (acuerdo con el FMI): aparece la acción colectiva como límite a las políticas de ajuste.
La negociación colectiva también fue una herramienta de resistencia, en este caso institucional. Los acuerdos salariales fueron tardíos en insuficientes, pero sirvieron para impedir un ajuste aún mayor sobre los ingresos de los trabajadores (que de todos modos fue muy importante).
Entre 2016 y 2019 proliferaron mecanismos adaptativos para sostener la negociación colectiva: cláusulas gatillo, cláusulas de revisión, acortamiento de los plazos. Más que debilitarse, la negociación colectiva funcionó, en términos generales, con una intensidad muy importante.
Las reformas institucionales impulsadas por el gobierno de Cambiemos también avanzaron poco y nada. Solo una tibia reforma jubilatoria, que igual tuvo un efecto importante, y una reducción de aportes patronales. Por su parte, la reforma laboral quedó limitada a varios proyectos que ni llegaron a discutirse en el Congreso. La flexibilización por vía de la negociación laboral tampoco avanzó más de lo que lo venía haciendo, más allá de algunos casos paradigmáticos
Entre los convenios paradigmáticos de la flexibilización laboral de los últimos años están el acuerdo aplicable a la extracción de hidrocarburos no convencionales, la introducción del presentismo en la APN y el convenio a medida de Mercado Libre
Para finalizar, entre 2015 y 2019 la situación laboral experimentó un retroceso cuya magnitud no se había visto en décadas, pero la resistencia colectiva también fue muy fuerte. He ahí dos claves para pensar algunos desafíos que tenía el gobierno entrante antes de la pandemia.
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Fuente: www.agenciacta.org