Lo decidió el jueves la conducción provincial del sindicato –junto a sus regionales y equipos técnicos jurídicos- tras más de dos horas de reunión. Alertaron, además, sobre el gravísimo sesgo de género de la Reforma Previsional Provincial que afecta en mayor medida a las mujeres pensionadas.
A Tribunales Internacionales
Por otro lado, el letrado expresó que “Argentina se ha adherido a pactos internacionales: uno de ellos el de los Derechos Sociales y Civiles de 1968 que marca que los países miembros de dicho tratado deben mantener el piso y aumentar el techo de derechos. Es el principio de la progresividad, es decir no regresividad. En la Constitución de 1994 fue incluido este pacto es decir que tiene valor supremo en nuestro País. Al aplicar un recorte, esta Ley contradice ese compromiso que la Argentina ha tenido frente al concierto de naciones”, advirtió Biafore.
El principio de progresivididad se ve afectado ante una evidente reducción de haberes que se expresa de distintas formas: “Los aumentos le van a llegar a la jubilada/o 60 días luego de realizado el aumento a los activos/as -quedándose la caja con los aportes de esos dos meses-”; recortando el derecho de jubilarse plenamente con dos haberes jubilatorios, estableciendo una confiscación a quienes sumen entre ambas jubilaciones más de $102.000 mensuales. Las confiscaciones irían entre el 5% y el 20%, dependiendo el monto que se trate; recortando en esos porcentajes también las pensiones a quienes perciben una jubilación y una pensión y suman más de $102.000.
En este caso, al producirse los recortes sobre las pensiones, la situación afecta especialmente a las mujeres. “Este punto tiene un sesgo especial de género este punto ya que afectará mucho más a la población femenina ya que 8 de cada 10 personas -aproximadamente- sobre las que recaerá el recorte de las pensiones serán mujeres”, expresó el Dr. Aníbal Paz. “Como el recorte se hará sobre las pensiones y al ser las jubilaciones de las mujeres más bajas en promedio (por las ocupaciones con menores ingresos), el impacto sobre la totalidad percibida será aún mayor, agravando el problema muchísimo, con un fuerte rasgo de género”, reafirmó Paz.
“Este abuso del Estado contradice también preceptos fundamentales incluidos en la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores, a la cual nuestro país ha suscripto a partir de la Ley 27.360. Y lo hace esgrimiendo perversamente –con fuerte sesgo neoliberal- el principio de “solidaridad” entre pasivos: este principio debe entenderse de manera intergeneracional, donde los activos sostienen a los pasivos, no como se esgrime en la reciente reforma provincial”, expresó Paz.
Ante todas estas situaciones de flagrante violación al principio de progresividad suscripto por nuestro país y con rango Constitucional desde 1994, el cuerpo de representación provincial de ATE ha mandatado a sus cuerpos de abogados a dirigirse a la Corte Interamericana de Derechos Humanos por la flagrante violación a los derechos humanos que el incumplimiento de los pactos internacionales que reconocen el principio de progresividad.
Otros aspectos regresivos
Además, los letrados cuestionaron que la base para el cálculo de los haberes sea la de los últimos 10 años, no ya los últimos 4 como era hasta ahora: “Estos últimos años generalmente son los mejores en lo concerniente a ingresos, pensando en el mejoramiento de carrera administrativa, concurso, etc-, lo cual aplana y reduce el haber jubilatorio”.
De igual forma expresaron otros aspectos perjudiciales de la nueva Ley Jubilatoria de la Provincia de Córdoba: es regresiva en casos de invalidez, llevándola del del 8 al 4%; elimina la bonificación por exceso de servicio (sobrecumplir los años de servicio para jubilarse); modifica las bases imponibles máximas; reduce el tope de las jubilaciones -que está regido por una proporción del sueldo del Gobernador que ahora se verá reducida-; y todo ello se da en un contexto donde el Gobierno de Córdoba pasa a no remunerativas sumas que eran remunerativas, donde reduce los aportes a la caja de los trabajadores activos, entre otros.
Por otro lado, los letrados advirtieron que “con la reglamentación de la Ley la autoridad ha introducido cambios ante los cuales hemos incorporado nuevos elementos al escrito que que habíamos enviado”
Por último, rescataron que “el reconocimiento de ATE como litigante en esta acción es un antecedente importante para litigar las representaciones en municipalidades y demás estamentos del Estado, incluso provincial, donde se cuestione la legitimidad de ATE como parte”.
Por último, el Dr.Biafore hizo un análisis de tinte más “político”: “permítaseme este comentario: hace años que la caja se financia de rentas generales, ya que con el dinero de los activos no alcanza. Entonces allí está la discusión política acerca de por qué no se cobra entonces a otros sectores para financiarlo, si el sistema actualmente ya funciona de esa manera”.
Fuente: www.atecordoba.org