La construcción de un terraplén cortó al medio el río Yuspe en Cosquín. Maquinaria pesada destruye yacimientos arqueológicos y paleontológicos al tiempo que la Provincia cuenta con un plazo de 15 días para brindar alguna respuesta.
El avance de las obras de la Autovía de Punilla que uniría, en su primer tramo de 21,8 kilómetros, la Variante Costa Azul (en Villa Carlos Paz y la comuna de San Roque) con Molinari, cerca de Cosquín, podría ser detenido en pocos días más por una medida cautelar, largamente postergada por la Justicia cordobesa mientras los daños irreparables avanzan.
“Estamos esperando que se dicte de una buena vez la medida cautelar y frene esto, por lo menos hasta que se ordenen todos estos problemas”, sostiene Juan Yacobs, comunicador y Secretario General de la CTA Autónoma Punilla, en diálogo con Canal Abierto.
El pasado 22 de octubre, la Cámara Contencioso Administrativa de Segunda Nominación del poder judicial de la Provincia de Córdoba emitió una resolución en la que dispuso:
- I. Requerir al gobierno de la provincia información complementaria que sustente el permiso ambiental otorgado para la realización de las obras a cargo de Caminos de las Sierras S.A. en un plazo de 15 días.
- II. Emplazar al gobierno provincial y a la empresa a que fortalezcan e intensifiquen la Mesa de Diálogo con el Consejo de Participación Indígena a fin de elaborar los consensos para la preservación del patrimonio arqueológico.
- III. Emplaza a la provincia a informar: sobre el Plan Consultivo y de Manejo para asuntos patrimoniales de hallazgos arqueológicos y paleontológicos con motivo de la obra; sobre los equipos técnicos que realizan las tareas de preservación del citado patrimonio; informe los impactos sobre la cuenca hídrica del lago San Roque y los monitoreos que se realicen sobre la calidad del agua y las acciones relacionadas con la preservación del “lobito de río”, especie en peligro de extinción.
La oposición social a esta iniciativa viene desde 2017, cuando se presentó un amparo ambiental que planteaba la nulidad de la licencia otorgada para la realización de esta obra. Con la autorización del tramo desde San Roque hasta La Cumbre, se renovó el pedido de nulidad y se solicitó nuevamente una medida cautelar que paralice las obras. La misma fue presentada por el Instituto de Salud Laboral y Medio Ambiente (ISLyMA) de la CTA Autónoma Córdoba y una lista de 500 particulares con el patrocinio de la abogada ambientalista Marcela Fernández y de René Germán Amsler.
“Hoy tiene que haber una cautelar porque no pueden estar trabajando de esta manera. Todos los jueces, desde el primero al que se le presentó este pedido hasta la Cámara Contencioso Administrativa se vienen declarando incompetentes para resolverlo. Eso es muy grave porque ellos no pueden no resolver mientras las obra avanzan. Nosotros les decimos ‘si ustedes no pueden argumentar, dicten la cautelar, frenen la obra y después estudian el caso’. No pueden permitir que las obras avancen porque hay un montón de aspectos que están en ese amparo, que hoy se están padeciendo y la Justicia dilata la situación mientras el daño está ocurriendo y es irreversible”, sostiene Yacobs.
El Tribunal Superior de Justicia también rechazó la medida cautelar y resolvió enviarlo a la Cámara delegando en esta la demanda de nulidad.
“Nosotros empezamos a hacer una serie de sucesivas denuncias de las irregularidades que se veían a simple vista; por ejemplo que el estudio de impacto arqueológico no existía, no estaba hecha la prospección adecuada, no se habían relevado adecuadamente en el terreno todos estos vestigios de Patrimonio Cultural –arqueológico y paleontológico– y que esos estudios eran deficientes. En el transcurso, renuncia el equipo de los arqueólogos y queda firmando una de ellas”, explica en diálogo con Canal Abierto la abogada patrocinante Marcela Fernández.
“En fin, una serie de irregularidades que las fuimos haciendo saber a la Cámara con sucesivas presentaciones. No estaba el estudio de impacto del recurso agua, el recurso de la cuenca; había mencionados 22 puentes cuyo estudio de impacto ambiental no existía, no se habían hecho. Tampoco el estudio de los sedimentos para el gran puente que va a cruzar el lago. A su vez, se había dado a conocer, hace pocos días, el resultado de la calidad del agua potable donde hay 17 veces más microcistinas (toxinas producidas por las floraciones de cianobacterias) que lo admitido por la Organización Mundial de la Salud para el agua potable. Por otro lado, denunciamos la violencia con que fueron reprimidos los ciudadanos y vecinos de las comunidades cuando han querido defender el patrimonio histórico y cultural”, describe la letrada.
“Lo que resolvió la Cámara la semana pasada es, por un lado, darle trámite al pedido de nulidad dándole 15 días a la provincia para contestar la demanda y, por otro lado, le da diez días a la provincia para complementar toda la información”, explica Fernández.
“En estos días circularon imágenes donde maquinaria pesada sostiene un fósil de más de un millón y medio de años de antigüedad. Estas empresas no podían meter maquinaria pesada, así lo dicen los mismos estudios de impacto arqueológico. Arrasaron con todo: pircas, lugares sagrados y ahora, los ríos: este fin de semana obstruyeron el río Yuste –en Cosquín– haciendo un terraplén, lo cortaron al medio al río cuando esa tampoco es una metodología que estuviera evaluada en los papeles, en los proyectos que ellos presentaron”.
En caso de avanzar el amparo, se detendrán las obras hasta tanto se analicen todas las causales de nulidad invocadas por la demanda, un escrito de más de cien páginas en el que se detallan todas las irregularidades del procedimiento; desde el llamado a la audiencia pública virtual –excluyendo a una gran cantidad de implicados entre los campesinos y toda la gente impactada por la obra– hasta los vicios sustanciales: la falta de consulta previa a los pueblos originarios previsto por el Convenio 169 de la OIT; el estudio de impacto acumulativo sobre los bosques nativos y los efectos de los desmontes, etc. Finalmente la Cámara deberá resolver si es nula o no esa licencia ambiental.
Violencia institucional y criminalización de la protesta
La Justicia cordobesa y su auxiliar, la Policía Provincial, actuaron con violencia y alevosía contra los vecinos del Valle de Punilla que se oponen a la realización de las obras. Detuvieron e iniciaron causas a más de veinte personas. “Nos iniciaron causas por resistencia a la autoridad, una falta menor. Pero no lo resuelven, dejan todo abierto para tener un condicionamiento. Nosotros estamos con esa imputación y no sabemos cuándo la fiscal nos va a citar. Ella tiene esa carta a su favor para condicionarnos”, narra Juan Yacobs, detenido en una protesta e imputado.
Ante esta violencia institucional inusitada se presentaron tres hábeas corpus. Como respuesta al tercero, luego de dos rechazos, una jueza de Córdoba reconoció la violencia institucional del Estado y ordenó a la policía provincial elaborar un protocolo de actuación y respetar los derechos de los defensores ambientales.
“La Justicia tiene que dictar la cautelar, ese es nuestro pedido concreto, es nuestro derecho. Lo dice la ley, es como se deben hacer las cosas: dictar la cautelar y discutir estas cuestiones en un marco de paz social. Mientras avance la obra y la justicia esté avalando esto, va a haber conflictividad social creciente. Para eso son las leyes ambientales, para que en un caso de conflictividad haya herramientas que permitan parar el conflicto mientras se resuelven los temas de fondo. Mientras la justicia no resuelva el amparo, también nos quitan la posibilidad de apelar. Si la justicia falla en contra nuestro y ratifica la obra nosotros podemos apelar e ir a la Corte Suprema”, concluye el militante ambiental y de la CTA Autónoma.
Fuente: www.canalabierto.com.ar