Por Luis Campos*
En los últimos días se ha vuelto a instalar con fuerza el debate sobre las formas de determinación de los salarios nominales de los trabajadores y trabajadoras.
Tanto el Presidente de la Nación como el Ministro de Trabajo intervinieron activamente cuestionando las denominadas cláusulas gatillo y sugiriendo de manera más o menos explícita que el gobierno vería con buen grado que las negociaciones salariales incluyeran incrementos salariales de suma fija o en su defecto tuvieran una extensión temporal más acotada.
Este debate se produce en un contexto donde el salario real se encuentra en los valores más bajos en más de una década, luego de un profundo retroceso en los últimos cuatro años que alcanzó al 17,7% en el sector privado y al 22,9% en el sector público. En este marco, plantear estrategias y acciones tendientes a recuperar dicho deterioro constituye una prioridad central.
Ahora bien, si el objetivo de la política salarial es impedir que los ingresos de los trabajadores y las trabajadoras sigan deteriorándose en términos reales, en primer lugar deben establecerse garantías concretas de que el incremento de los salarios nominales no quedará por detrás de los niveles de inflación. Estas garantías, en el plano de la negociación colectiva, se denominan cláusulas gatillo. Es decir, disposiciones que establecen que una vez que la inflación supera determinado porcentaje los salarios deben actualizarse de manera automática sin necesidad de que las partes deban incurrir en una nueva negociación.
Recientemente se ha sostenido que dichas cláusulas solo permiten “empatarle” a la inflación y por ende no serían efectivas para promover aumentos por encima de ella. Este razonamiento no resiste el menor análisis. De hecho, existen experiencias recientes donde sindicatos y cámaras patronales negociaron acuerdos salariales equivalentes a la inflación más una determinada cantidad de puntos porcentuales por encima de ella. Por ejemplo, la Asociación de Trabajadores de la Sanidad en el año 2017 cerró sus acuerdos salariales bajo la fórmula “21% o cláusula gatillo + 2%, el que sea mayor”. En dicho ejemplo, se garantizaba que si la inflación estaba por debajo del 19% se aplicaría el porcentaje establecido en la negociación original, mientras que si la inflación era superior a dicho número se aplicaría un incremento equivalente al aumento de precios más un 2%. En otras palabras, la cláusula gatillo puede ser una herramienta no solo para garantizar que el salario no se deteriore en términos reales, sino también que puede trazar un sendero de crecimiento sostenido.
En los años 2018 y 2019 las cláusulas gatillo virtualmente desaparecieron de las negociaciones colectivas del sector privado, aunque en algunas actividades como intermediación financiera, construcción y sanidad se incluyeron cláusulas de revisión en función de la evolución de la inflación que, si bien no disparaban aumentos automáticos, sí obligaban a las partes a sentarse a negociar periódicamente teniendo como punto de referencia la evolución de los precios en el período inmediatamente anterior. Por el contrario, donde sí siguieron estando presentes fue en algunas provincias y ámbitos del sector público, en los que se transformaron en herramientas defensivas muy importantes.
El ataque actual contra las cláusulas gatillo tiene como objetivo liberar las barreras para llevar adelante un ajuste aún mayor sobre el salario real de los trabajadores y trabajadoras. Ello no quiere decir que la intención del Gobierno Nacional, o los gobiernos provinciales, sea necesariamente reducir el salario real. Ello dependerá de múltiples factores y escenarios que aún no están claramente definidos. Pero sí parece evidente que la remoción de estas cláusulas les otorga a los empleadores en general, y a los gobiernos en particular, mayores márgenes de acción para intervenir en la determinación de los salarios nominales.
El ejemplo más extremo de esta situación se observa actualmente en Tucumán, donde el gobierno provincial directamente decidió incumplir con la última cuota de la cláusula gatillo correspondiente a 2019, lo que implica directamente una reducción salarial y un ajuste sobre las cuentas públicas. Además, el ataque abierto contra las cláusulas gatillo busca impedir que esta herramienta se generalice, evitando así un efecto contagio sobre otras actividades donde no se han utilizado.
Por su parte, las cláusulas de revisión han sido útiles en los últimos años para impedir un ajuste aun mayor sobre los salarios de los trabajadores y las trabajadoras, pero con un efecto mucho más acotado que las cláusulas gatillo. En efecto, los mecanismos de revisión tan solo generan la obligación de las partes de volver a sentarse a negociar en caso de que el aumento pactado originalmente quede desnaturalizado por la evolución posterior de la inflación. En algunos años ellas fueron medianamente efectivas, pero en otros como el 2019 solo pudieron ser utilizadas por algunas actividades, mientras que otras como la Administración Pública Nacional, alimentación, comercio y la industria metalúrgica, tan solo por citar algunas de las más numerosas, no las han podido activar aún y continúan registrando incrementos salariales que están muy por debajo de la inflación del período.
Finalmente, en las últimas semanas desde los ámbitos oficiales se ha sugerido la posibilidad de ir hacia esquemas de negociación de sumas fijas o de paritarias más cortas. En ambos casos el objetivo parece ser postergar la determinación del mecanismo de actualización salarial hasta tanto exista un nuevo régimen macroeconómico, actualmente condicionado por el resultado que tenga la renegociación de la deuda pública, tanto a nivel nacional como provincial.
En efecto, los resultados de dicho proceso son tan disímiles y divergentes que resulta prácticamente imposible hacer una proyección que tenga algún viso de factibilidad. Un escenario de acuerdo con los acreedores tendrá determinadas consecuencias sobre la actividad económica y la capacidad estatal de conducir el ciclo; un escenario de falta de acuerdo nos enfrentará a otro tipo de desafíos que serán completamente diferentes. La política salarial tanto para el sector privado como para el sector público será completamente diferente en uno u otro. La promoción de acuerdos cortos o sumas fijas no es más que un intento oficial de ganar tiempo hasta tanto esté un poco más claro el panorama macroeconómico de corto plazo. En dicho marco, el establecimiento de cláusulas gatillo podría constituir una garantía para los sectores de ingresos fijos (trabajadores y trabajadoras) que de lo contrario quedarán expuestos una vez más a los vaivenes de la resolución de una crisis sobre la cual todavía queda mucho por definir.
*Coordinador del Observatorio del Derecho Social de la CTA Autónoma
Fuente: www.agenciacta.org