Es curioso analizar algunos datos contundentes. Primero, la confianza en los sindicatos no se mueve con el ciclo económico. Por ejemplo, tanto en 1995 como en 2008, dos momentos económicamente disimiles, los niveles de confianza en los gremios fueron iguales. Segundo, en 1995, las mujeres eran quienes más confiaban en los sindicatos. Año a año se fue perdiendo y los hombres comenzaron a registrar niveles de confianza más altos.
Para colmo de males, la desafección política de la ciudadanía que tuvo su epicentro en 2001, también incorporó a las organizaciones sindicales, contribuyendo a la deslegitimación de su actividad, de sus métodos, y a la construcción de un imaginario de casta (la Clase sindical). Este proceso ha sido “alentado”, no ocasionado, por algunos medios de comunicación que responden a determinados intereses económicos y políticos, contrapuestos a la idea de una representación política organizada de los trabajadores y trabajadoras.
El asunto de la confianza (y sus múltiples consecuencias) parece un misterio a develar. Sin embargo, no lo es. La alternancia en el poder y liderazgos que se perciban más horizontales, alcanzan para lograr un cambio en la situación.
De acuerdo a un estudio realizado por la ONG Asuntos del Sur, donde se exploraron los resultados de estrategias gubernamentales para recuperar la confianza de la ciudadanía, la fuente de donde esta emana no es estática. La era digital posibilitó el surgimiento de nuevos valores y perspectivas que promueven y crean relaciones más horizontales y colaborativas.
Pero, más allá del grado de deslegitimación institucional, el sindicalismo ha demostrado que sigue siendo un actor importante para la consecución y mantenimiento de la justicia social y las políticas redistributivas en beneficio de los sectores más desfavorecidos; un canal de expresión de las demandas sociales y un freno para la implementación de políticas económicas que tiendan a la concentración en beneficio del capital.
En este contexto, desarrollar estrategias que tiendan a generar mecanismos de transparencia institucional, rendición de cuentas y datos abiertos, no solo fortalecería institucionalmente a las organizaciones sindicales, sino que permitiría el apoyo social de una opinión pública favorable, necesaria para los procesos de negociación y tensión con las patronales y el Estado.
Cómo lograrlo o por dónde empezar cuando la tarea parece titánica. La clave podría estar en la creación de alianzas que permitan a las organizaciones “menos creíbles” trabajar en conjunto con aquéllas que han acumulado un mayor capital social. Así lo demuestran las recientes experiencias de innovación política donde la ciudadanía es involucrada a través de las Organizaciones No Gubernamentales (ONG), en la búsqueda de consensos sobre temas que generan controversia y críticas.
Las medidas de fuerza impulsadas por los gremios ligados a los medios de transporte son, por ejemplo, un tema de alta sensibilidad para el conjunto de personas usuarias de estos servicios.
No desconocemos que cualquiera política implementada que se oriente hacia estos nuevos valores institucionales es un desafío: el carácter centralista de la conducción en algunos sindicatos y federaciones, su imagen negativa, la condena mediática, la desafección política, el ostracismo de algunos gremios y la falta de programas o lineamientos claros de gestión, son algunos de los obstáculos que se deben superar.
Pero el sindicalismo, además de sus tradicionales objetivos como la defensa de los derechos de afiliados y afiliadas y la representación en la negociación colectiva, tiene un horizonte que es aún más lejano: Transformar la sociedad en más justa, democrática e inclusiva. Por eso, fomentar una práctica sindical “extra muros” es indispensable, más aún si la ambición es aportar un nuevo sujeto político que supere, de una vez y para siempre, al neoliberalismo en latinoamérica; un sindicalista presidente como Lula Da Silva en Brasil o Evo Morales en Bolivia.
Algunas experiencias muestran que se avanza, dando los primeros pasos y sin estándares claros, hacia prácticas en donde las organizaciones sindicales comienzan a supervisar los propios abusos e ineficiencias; la Unión de Obrera de la Construcción (UOCRA) permite a sus afiliados denunciar a representantes gremiales además de empresarios e inspectores a través de la web; la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN) publica desde el 2009, los balances contables del Consejo Directivo donde se detallan sus ingresos y egresos; el Secretario General de la CTA Autónoma Río Negro y Secretario Adjunto de ATE nacional, Rodolfo Aguiar, presenta desde hace 4 años, la Declaración Jurada de sus bienes y la da a conocer a través de la prensa.
Los esfuerzos son valorables pero los sindicatos (y los sindicalistas) aún están muy lejos de reaccionar adecuadamente ante una problemática que es propia del Siglo XXI: Los instrumentos tradicionales de rendición de cuentas, que eran las elecciones, asambleas, congresos, etc. son insuficientes para garantizar la participación e involucramiento de los trabajadores y trabajadoras.
Por eso, el paralelismo entre las estrategias de los políticos gobernantes y de los sindicalistas para recuperar los niveles de confianza, es pertinente; resulta evidente que los sindicatos y los políticos son “metidos en la misma bolsa” por el común de la gente. La diferencia radica en que los primeros afrontan el problema, los segundos lo niegan.
Fuente: www.mundogremial.com.ar