Por Jesús Chirino*
La Legislatura de Córdoba, en una decisión tendiente a satisfacer las demandas de “la gente de bien”, aprobó la prohibición de cuidacoches y limpiavidrios. La normativa, que se contempla dentro de la reforma al Código de Convivencia Ciudadana, entrará en vigencia dentro de los próximos 30 días. Y obliga a los municipios a actualizar sus ordenanzas. En lugar de diálogo e inclusión social, criminalización de la pobreza. Un traje a medida para estigmatizar a los perdedores del sistema.
Los gobiernos como el que actualmente tiene la provincia de Córdoba necesitan mantener el control del espacio público. Ese control incluye la necesidad de que no aparezca en escena lo que el poder político considera sectores “no presentables” y extender el control sobre ciertas poblaciones que evidencian los límites de su manera de gobernar.
La pobreza no nace de la nada, sino de las políticas que se llevan adelante, de la estructura que no se quiere desmontar, al contrario: Fortalecen la desigualdad que ésta genera. Las medidas que implementa el Gobierno, con todas las complicidades que se ven en la Unicameral y los sectores más reaccionarios de la sociedad cordobesa, en el caso de los limpiavidrios y los trapitos, tienen antecedentes como el de la “razzias” policiales, de lo peor del Código de Faltas -Código de Convivencia Ciudadana- y de otras medidas represivas de ese tipo.
Convierten en delito el acto de trabajar limpiando parabrisas en una esquina de cualquier ciudad, y construyen el andamiaje jurídico para que el trabajador informal que hace esa actividad sea tratado como un delincuente. Notesé que el Gobierno del “Cordobesismo” no dice vamos a trabajar para prevenir la delincuencia que puede darse en los ámbitos donde trabaja esta gente, así como tiene lugar en cualquier otro ámbito. No, lo que hacen es construir ese andamiaje jurídico para que la Policía pueda accionar de acuerdo a una tradición represora que existe dentro de esa institución.
Y seamos claro, no se trata de opinión, se trata de hechos verificables con la cantidad de policías que están presos o enjuiciados por delitos; los casos de gatillo fácil; las denuncias por infinidades de casos de Violencia Institucional; podría seguir con todo lo que la Policía de Córdoba no puede explicar. El Gobierno lleva adelante una política de criminalización de la protesta social para disciplinar a los que luchan contra el ajuste a la que ahora agrega la de criminalización de la pobreza. No por casualidad Córdoba ostenta el triste privilegio de ser la provincia con más detenidos en las cárceles en relación con la cantidad de habitantes. La inmensa mayoría de ellos son procesados con prisión preventiva sin condena alguna.
Por otro lado, veamos sobre qué poblaciones va este nuevo ordenamiento jurídico: Sobre personas que buscan trabajar, ganarse el peso en un contexto de crisis económica que cada día se torna más insostenible. Es decir van en contra de poblaciones vulnerables. Sigamos viendo quién va a juzgar por la supuesta violación a lo que establece la nueva legislación: La Policía. Es decir que ante un trabajador que está ganándose el pan de ese día un policía tiene todo el poder del Estado para decidir si lo manda varios días preso. Vale la pena preguntarse si los pobres son tratados como ciudadanos de segunda. Alguien, de manera crédula, puede decir que el accionar de ese policía será controlado dentro la fuerza o por un Juez de Faltas. Es decir que dentro de una organización con fuerte espíritu de cuerpo se van “controlar” entre ellos mismo. Si eso fuera bueno no habría tantas cosas raras en esas instituciones.
La legislación vigente deja mucha más tela para cortar. Por ejemplo, habla de apoyar los municipios para el desarrollo de estrategias de reinserción laboral, capacitaciones etc. Ante esto surgen, por lo menos, dos preguntas: Una, ¿los legisladores sabrán que estamos sufriendo políticas que aumentan el desempleo, que desarman la industria, que sube la precarización laboral, que el hambre no espera? ¿Sabrán todo eso? ¿Dónde los van a reinsertar? Dos, ¿cuando la norma le da potestad a los municipios para organizar quienes sí y quienes no podrán realizar este tipo de actividades, no está alimentando la maquinaria del clientelismo político?
Quiero pensar que no están pensando en usar la pobreza, de nuevo, para su manera degradada de hacer política: “Si nos apoyas políticamente te dejamos trabajar. Si te descarrilás te sacamos el permiso y te podemos mandar preso”. Podríamos continuar analizando este ataque a sectores indefensos, pero también debemos pensar que hay que militar para que se organicen y apoyarlos en su lucha por el derecho a un trabajo digno y la CTA Autónoma debe poner el cuerpo en esto, de eso no hay dudas.
Desde otra perspectiva, debemos poner en claro que algunos sectores se sienten molestos cuando alguien le ofrece limpiar el parabrisas o simplemente pide algo para ayudarle a comer ese día, o hace pruebas de malabarismo en las esquinas de las ciudades y piden sanciones para esa gente que no hace eso por deporte sino por necesidad. Pero no piden lo mismo cuando te llaman a cualquier hora desde, por ejemplo, el Banco de la Provincia, ofreciéndote de manera cargosa tal o cual cosa. O si vas a sacar un crédito te dicen que la tasa es tal o cual, pero a la hora de firmar te agregan cargos como el “mundo Bancor”: Es decir te sacan más plata de la que habían dicho en la promoción.
Tampoco dicen nada acerca de las consultoras, muchas propiedad o trabajando para políticos, que te llaman a cualquier hora para hacerte una encuesta. Es más, te presentan eso como un cierto reemplazo. Lo que tendrían que hacer los políticos para saberse qué piensan los representados. Hacer consultas por encuestas es manipular, no es algo democrático, no reemplaza nada de los mecanismos democráticos que deben existir.
Esos sectores, al igual que la casta política que se sigue enriqueciendo de manera obscena ante los ojos de la mayoría de la población hundida en la miseria, sí pueden hacer lo que quieren, pero los que tienen que laburar en una esquina para ganarse el sustento deben andar cuidándose para que no los metan presos en una sociedad que los considera descartables.
Así las cosas, el “clima democrático” de Córdoba se torna irrespirable.
*Secretario Gremial de la CTA Autónoma Regional Villa María