Lo destacó un informe del Observatorio del Derecho Social de la CTA Autónoma, que censó 43 acuerdos para suspender personal en la crisis del coronavirus, con rebajas salariales de hasta un 25 por ciento. Además, el trabajo analizó las paritarias que se cerraron, en medio de las dificultades por el aislamiento. El acuerdo, avalado por ministros del gobierno, generó internas en el Frente de Todos.
Por Diego Lanese
La semana pasada, la CGT anunció que llegó a un acuerdo con la Unión Industrial Argentina (UIA) para prorrogar hasta fines de septiembre el acuerdo que permite las suspensiones de personal pagando el 75 por ciento de los salarios. La medida, que fue duramente criticada por varios sectores, se había vencido en julio, pero fue ampliado como un instrumento de contención de la crisis laboral que genera la pandemia. En estos meses, la destrucción de empleo fue una de las consecuencias más importantes en el país, por lo cual la cúpula cegetista aseguró que mantuvo su postura de permitir estas suspensiones para evitar despidos masivos. Este acuerdo permitió que en distintas ramas se realicen más de 40 convenio de suspensiones, con distintos alcances.
Así lo destacó un informe del Observatorio del Derechos Social de la CTA Autónoma, que analizó estos acuerdos y concluyó que paradójicamente el instrumento fue usado principalmente por las grandes empresas, incluso aquellas que tuvieron altos niveles de rentabilidad en los meses anteriores. El acuerdo generó cierta tensión interna en el Frente de Todos, ya que mientras los ministros de Trabajo y Producción respaldaron el acuerdo entre gremios y empresarios, desde el Congreso el presidente del bloque Máximo Kirchner cuestionó el mismo.
El informe de la entidad que pertenece a la CTA Autónoma analizó los acuerdos firmados en las distintas ramas bajo el amparo del acuerdo. En total, el observatorio detectó “al menos 43 acuerdos colectivos por rama de actividad que establecieron diversas modalidades para implementar suspensiones colectivas con la inclusión de una prestación no remunerativa en los términos del artículo 223 bis de la LCT”. Entre los acuerdos más salientes, se encuentran los visitadores médicos –el único que paga el 100 por ciento de los salarios, el 80 por ciento no remunerativo y el 20 restante remunerativo –comercio, construcción, gastronómicos y metalúrgicos, entre otros tanto.
“El efecto inmediato del acuerdo UIA-CGT fue la generalización de las suspensiones laborales que ya venían siendo negociadas incipientemente durante abril y que a partir de entonces se expandieron a la mayoría de las actividades”, destacó el trabajo, al que tuvo acceso Gestión Sindical.
El objetivo declamado de estos acuerdos, agregó el observatorio, fue “sostener los puestos de trabajo en el marco de la actual crisis económica y provocó que en abril y mayo la cantidad de trabajadores y trabajadoras que experimentaron una suspensión con el pago de una contraprestación no remunerativa alcanzó al 7,5 y 8,8 por ciento del total respectivamente, quintuplicando el máximo registrado desde que el Ministerio de Trabajo comenzó a relevar esta variable en el año 2006”.
Uno de los acuerdos más destacados de los firmados fue el de la Asociación de Agentes de Propaganda Médica (AAPM-CTA), que acordó con los laboratorios productores de medicamentos que operan en el país para sostener el 100 por ciento de los salarios durante la pandemia. Pese a esto, desde el mes pasado el gremio que lidera Ricardo Peidro denuncia que muchas farmacéuticas buscan romper el convenio, y hacer que los visitadores médicos vuelvan a la actividad, pese a los riesgos de contagio que genera ir presencialmente a los consultorios y centros médicos.
Además, desde el gremio denunciaron despidos en cubiertos, como los que suceden en la firma nacional Roemmers, el mayor laboratorio del país. “El viernes pasado hubo una audiencia en el Ministerio de Trabajo, donde se denunció la violación del acuerdo de suspensiones y el decreto nacional que prohíbe los despidos. La cartera sanitaria dijo que analizará el expediente y en estos días decidirá si dicta la conciliación obligatoria como pidió el gremio”, le explicó a Gestión Sindical una fuente de la entidad gremial.
Por otra parte, desde la AAPM afirman que se debe llamar a la paritaria del sector, otro de los temas que preocupa a los dirigentes. En diciembre, luego de más de tres años sin acuerdo, laboratorios y visitadores médicos acordaron un nuevo convenio laboral, que este mes debe revisar el impacto de la inflación en los salarios, para aplicar la cláusula gatillo.
Sobre las paritarias, el Observatorio del Derecho Social también analizó las firmas alcanzadas, que por la cuarentena y el coronavirus fueron muchas menos que las esperables para esta época del año. “El cambio en la dinámica y contenidos de la negociación colectiva generados a partir de abril implicaron una postergación, en los hechos, de la negociación salarial. Sin embargo, a partir de mayo comenzaron a impulsarse acuerdos en distintas actividades que dan cuenta que la emergencia sanitaria no constituye, de por sí, un obstáculo para la renovación de los acuerdos salariales que en su mayoría se encuentran vencidos.
En todo caso, será necesario considerar la situación de cada actividad y/o empresa en particular, por cuanto la suspensión ‘de hecho’ de la negociación salarial implica un tratamiento similar para situaciones que son manifiestamente distintas”, destacó respecto de la paritarias el informe de la CTA Autónoma. En otras palabras, agregó, “mientras existen actividades y establecimientos que fueron duramente afectadas por las consecuencias económicas de la emergencia sanitaria, otras tantas han acumulado ganancias muy importantes a lo largo de los últimos años y aún hoy siguen funcionando con un impacto no tan importante”.
Entre los sectores que negociaron acuerdos salariales durante la vigencia del aislamiento social se encuentran “la industria aceitera, la actividad desmotadora de algodón, sanidad para las ramas laboratorios y droguerías, la actividad bancaria, la industria de la carne para las ramas carnes roja y avícola, la industria molinera, la industria papelera en Misiones, entre otras”.
Además, cerraron un acuerdo los empleados de farmacias, una de las actividades esenciales que se mantuvo abierta desde el inicio de la pandemia. El acuerdo alcanzado por la Asociación de Empleados de Farmacias (ADEF) contempla un aumento en los básicos del mes de julio 2020 del 5,3 por ciento, sumado a un incremento no remunerativo del 1,5 por ciento. Así se totalizó una suba del 6,8 por ciento sobre el salario básico de febrero 2020. El gremio venía presionando para lograr un convenio en plena pandemia, y había pedido que se incluya a los trabajadores de las farmacias en el pago del bono de 5 mil pesos que recibe el personal de salud.
Según puso saber Gestión Sindical, el pedido “fue rechazado por el Ministerio de Salud nacional, que tampoco sumó a personal sanitario que trabaja en el sector público y no fue incluido”. Así, se logró evitar bloqueos de protesta, como había anunciado ADEF. Además, el gremio alertó sobre la ley de receta electrónica, aprobada hace unas semanas y reglamentada por el gobierno nacional, porque según sus cálculos podría afectar los puestos de trabajo. “Será un foco de conflicto”, dijo el gremio, que rechazó entre otras cuestiones que se habilite la dispensa de medicamentos en lugares que no son farmacias autoridades.
Fuente: www.gestionsindical.com