Por Carlos Vicente*
La declaración jurada que presentó el Jefe de Gabinete Manuel Adorni, evidencia una sucesión de delitos penales cometidos por un funcionario público en ejercicio de un cargo constitucional (Jefe de Gabinete). En la misma hay que tener en cuenta los delitos que comete como tal, y que, al mismo tiempo por la función y el tipo de acto administrativo-político de que se trata demuestra un alto grado de corrupción estructural y desnaturalización de los organismos de control existentes en el Estado.
Primero, las declaraciones juradas de los funcionarios públicos son obligaciones legales y es imperativo en ellas decir la verdad, de la lectura periodística y mediática, hay un reconocimiento expreso de que han sido falseadas las de 2023, 2024 y 2025. Esta confesión de delitos, puede significar una prueba por sí misma, que debe ratificar el Fiscal actuante con otras de fácil producción luego de semejante confesión, implican una larga lista de delitos por los cuales debería ser procesado, y de acuerdo a la jurisprudencia dominante, ser apresado y apartado del cargo (ya que es obvio que tiene poder para influir en la investigación por dicho cargo y función constitucional).
Segundo, la falsedad de las declaraciones juradas, (que no se pueden corregir cuando tiene ganas el declarante ya que son INMODIFICABLES Y CONFORMAN UN INSTRUMENTO PUBLICO) efectuadas por un funcionario de esta jerarquía y la repetición de las mismas, son una demostración evidente por sí misma, de que se han desnaturalizado los organismos de control, como la Oficina Anticorrupción que es la que interviene en este caso de acuerdo a lo que prevé la ley. NO EJERCE EL CONTROL y en la práctica significa garantizar el despliegue de la corrupción estructural existente en el Estado Nacional, que justamente para su prevención y control generó esa legislación y organismos pertinentes.
La inversión de la prueba para los funcionarios públicos en los casos de enriquecimiento ilícito, que impone demostrar a los funcionarios el origen de sus ingresos y del aumento patrimonial, es una figura única en su momento a nivel internacional, sancionada por el Congreso Nacional durante el Gobierno de Arturo Illia (1965).
Tercero, Adorni en forma conexa dice ampararse él y su esposa (que también está comprendida en la misma normativa obligatoria de las declaraciones juradas) en leyes como la llamada inocencia fiscal, que demuestran ser mecanismos legales creados para otorgar impunidad de los mismos hechos delictivos que están cometiendo en la función pública. El lavado de activos, el ocultamiento de la trazabilidad del dinero, es el paso central de la impunidad de las grandes redes de delitos como el narcotráfico, la trata de personas y el tráfico de armas y la colonización por parte de las mismas de actividades oscuras como la minería, el juego, el desarrollo inmobiliario o las rutas logísticas
El dictado de esta ley y otras normas conexas, y resoluciones de ARCA, van en el sentido de garantizar impunidad a estos delitos de funcionarios públicos, ya se han acogido a la aplicación de esta ley más de 40 funcionarios del Gobierno de Milei, entre ellos el inefable Federico Sturzenegger y el mismísimo Director del ARCA, Andrés Vázquez, lo que evidencia una vinculación directa del gobierno, por el carácter e importancia de los funcionarios, con las redes de lavado de actividades ilícitas.
Adorni confiesa expresamente haber cometido varios delitos. Más allá de la investigación judicial, el Congreso de la Nación, tiene la facultad constitucional del voto de censura y voltearlo del cargo.
Por supuesto el presidente Milei le puede requerir la renuncia, pero ha hecho todo lo contrario, lo cual tiene un enorme significado e indica el rumbo que le ha otorgado a su gobierno.
Lo que queda en manos del Poder Judicial y la Fiscalía, y los pasos que seguirán son importantes para determinar el nivel de profundidad de su crisis.
La corrupción es estructural en este modelo autoritario colonial y es uno de los mecanismos utilizados por el poder económico y financiero para desnaturalizar las instituciones de gobierno y quedarse con nuestras riquezas naturales a costa de la pobreza de las mayorías y el atraso de nuestro país.
*Abogado. Co-Presidente de APDH–Córdoba (Asamblea Permanente por los Derechos Humanos). Ex Viceintendente de la ciudad de Córdoba