Unos 35.000 trabajadores del Estado nacional fueron dejados en la calle en los últimos cuatro años en todo el territorio nacional, en la provincia de Córdoba en tan sólo ocho organismos hubo más de 300 despidos.
Por Julia Giuliani
“Tengo 57 años y todas las condiciones psíquicas, físicas y psiquiátricas para trabajar, pero yo la tengo re clara: para el sistema estoy descartado. Y no porque no sepa hacer nada, tengo la capacidad, la fortaleza y la voluntad de trabajar pero quién me va a contratar”, dice Héctor Juárez, despedido de Fabricaciones Militares de Río Tercero el 17 de agosto de 2018. Héctor recuerda todo de ese día: “No nos dijeron nada, absolutamente nada. Solo trajeron una hoja y la leyeron como quien lee la lista del supermercado, sin nada que les doliera, los conmoviera. Nos echaron como a esos perros que están en la puerta de la casa molestando. Estuve más de 13 años trabajando y a mí me dijeron ‘Chau Héctor Juárez, te tenés que ir’, así, de un momento a otro. Fue un día negro”.
Confundir el Estado con una empresa, error que le salió caro a miles de trabajadorxs en toda la Argentina, el ajuste como política de Estado que cortaba el hilo por lo más débil. Trabajadorxs con años de contratos, sin estabilidad laboral que de pronto se encontraban expulsados de sus puestos de trabajo. En Córdoba, la mayor sangría la sufrió Fabricaciones Militares sumando entre la planta de Río Tercero y Villa María a más de 200 empleadxs.
Una comisión por las reincorporaciones
En ese marco, la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) conformó la Comisión de Relevamientos y Reincorporación de los Trabajadores Estatales despedidos en la era Macri (CORREDMA) que tiene por objetivo “recuperar el aparato productivo del desguace”, declaró Federico Giuliani secretario general del Consejo Directivo Provincial de ATE.
Esta iniciativa es similar a la Comisión de Prescindibles que se creó en su momento tras la dictadura militar que logró gestionar la reincorporación de despedidos en el gobierno de facto. “Hay Estados y programas pero para ejecutarlos hacen faltan trabajadorxs, así que en ese marco le pedimos a Alberto Fernández una amnistía, una reparación histórica como se hizo posterior a la dictadura donde los cesanteados y perseguidos fueron reincorporados por Raúl Alfonsín por medio una comisión de conformación gremial”, explica Giuliani y agrega que ya avanzaron con el diálogo con el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, pero falta la ejecución de una política de reincorporación por parte del nuevo gobierno.
Igualmente ATE ya tuvo su primera victoria en el gobierno de Fernández, logró la reincorporación de lxs más de 270 trabajadorxs despedidxs en el INTI, siendo en la provincia de Córdoba nueve lxs reincorporadxs. “Entre los miles de despedidos y esta manera masiva e intempestiva de hacerlo, dejaron afuera a trabajadoras embarazadas, trabajadores con cáncer, algunos con 20 años de experiencia, que habían concursado para pasar a planta. En estos últimos cuatro años muchas personas se deprimieron, se enfermaron, algunos hasta pensaron en quitarse la vida, muchas familias vivieron la incertidumbre que trae la desocupación”, describe Giuliani.
Las áreas vaciadas por el Macrismo han sido aquellas que garantizaban la soberanía, la producción y le control sanitario que garantizaba la calidad de los productos que la sociedad Argentina consume a diario. SAF (Subsecretaría de Agricultura Familiar), SENASA, INTI, INTA, CONICET, Fabricaciones Militares, entre otras. Beneficiando así a grandes productores por ejemplo y perjudicando a pequeños y medianos productores quedando para cumplimentar estas tareas de asesoramiento en toda la provincia de Córdoba solamente 14 trabajadorxs.
En el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA), en Córdoba se redujo un 10% el personal entre los que hubo despidos y jubilaciones que dejaron vacantes que nunca se repusieron. El organismo encargado de la sanidad y calidad animal y vegetal e inocuidad de los alimentos, tuvo un recorte presupuestario que impedía la realización efectiva del trabajo de los técnicos. De las 15 regionales que existían dada la extensión del territorio provincial, el anterior gobierno solo dejó en pie a cinco.
El empleo o la nada
“El trabajo te organiza la vida. Uno trabaja ocho horas y en base a eso se va acomodando todo lo que uno hace en la cotidianeidad pero a veces, de un día para el otro te encontrás con que fuiste despedido y ahí nomás, entre tanta amargura, tenés que pensar qué vas a hacer al día siguiente, cómo vas a seguir porque ni siquiera te indemnizaron. Esa situación es como quedarse, literalmente, sin nada”, dice Juan Fernández, que tiene 31 años, es sociólogo y trabajaba en recursos humanos en Fabricaciones Militares en Villa María. Fue parte de una la tanda de trabajadores que a pocos días de la navidad se quedaron sin nada en 2017.
En la década del ‘70 Fabricaciones Militares supo tener más de 3.500 empleados, en los años ‘90 sobrevivió a los recortes y las políticas de achicamiento del Estado y logró un repunte nuevamente en este siglo. Pese a la precariedad de los contratos en 2015 tenía 1.100 empleados y ahora, en 2019 sólo quedan 680 trabajadores. Ahora funciona a bajo nivel y hasta se desmanteló el área de Seguridad, justamente un lugar que trabaja con materiales como pólvora y explosivos.
“Al momento que me despidieron, me llegó un correo al celular con un mensaje del Banco Nación donde me notificaban que había salido sorteado para el Plan Procrear”, dice Juan e ironiza: “Por un lado tenía a un Estado sacándome el trabajo y por el otro, a uno que me premiaba con ese proyecto, algo que nunca pude concretar”.
Para Juan la posibilidad de volver a otro tipo de modelo económico, mientras se trata de ver cómo se logra, abrió “la luz de esperanza”. “La idea no es lograr la reincorporación porque sí, sino que exigimos que la fábrica esté activa, porque un lugar al vicio no le sirve a nadie. Tiene que estar funcionando, en caso nuestro, este espacio da trabajo, produce un bien, y es estratégica, es de defensa y ahí el papel de reactivarla. Eso es para nosotros volver a trabajar”. Eso es volver a organizar la vida.
Mientras se abre una luz de posibilidad de reincorporar a lxs despedidxs en los distintos organismos nacionales, el Gobierno de la provincia de Córdoba precariza a sus trabajadorxs principalmente a quienes trabajan en áreas sensibles con población vulnerable social y económicamente. A su vez en el plano municipal se está produciendo un proceso de reestructuración en donde se busca implementar mediante la “emergencia económica” el recorte en muchas localidades de Córdoba.
A través de la declaración de emergencia económica se pretenda tercerizar, concesionar o privatizar servicios esenciales que presta el Estado Municipal, lo cual vulnera derechos laborales esenciales de los trabajadores y trabajadoras, habilitando al municipio, incluso a rescindir contratos y a despedir. A la vez que abre la puerta a privatizar derechos.
Fotos: Micaela Hubeli
Fuente: www.retruco.com.ar