El Ministro de Seguridad de la Provincia de Córdoba, Adolfo Mosquera, lamentó que “la actividad delictiva y la violencia social se esparcieron por todo el país”. Y advirtió que “la pandemia puede dejar graves huellas a nivel social” que incidan en el nivel de delincuencia.
En declaraciones periodísticas Mosquera aseguró que “en Córdoba no hay sectores tomados por los narcos”, pero pidió estar “muy atentos para que no ocurra lo que pasa en otras ciudades del territorio nacional” y consideró que “en Córdoba la inmensa mayoría de la población cumple con la cuarentena a rajatabla”.
El funcionario se cuidó muy bien de hacer alusión a los casos de abuso policial que se han registrado en el territorio provincial durante los más de 90 días que lleva la cuarentena por el COVID-19.
Los organismos de derechos humanos replican sus denuncias recurrentes sobre casos de violencia institucional ocurridas durante el confinamiento. Para muestra bastan un par de botones: En Bell Ville, un policía que intentaba arrestar a un hombre terminó disparándole por la espalda. La suerte, o su mala puntería, quisieron que la bala terminara impactando contra la tierra y no incrustada en la espalda del joven. Ante el repudio del barrio que lo filmaba, el policía y su acompañante se subieron al patrullero y abandonaron el lugar.
Cerca de la Central Nuclear de Embalse se desató otro violento episodio del que fue víctima un trabajador de la planta, patoteado por personal policial que estaba apostado en la Avenida Savio, en el ingreso de la ciudad de Río Tercero, en un operativo de control por el coronavirus.
Nicolás Forlani, licenciado en Ciencias Políticas, sufrió el 23 de junio una detención arbitraria en la zona del Centro Cultural El Andino de la ciudad de Río Cuarto cuando volvía de hacer deporte. Luego de relatar el hecho afirmó: “Si uno toma el registro a nivel nacional de las detenciones arbitrarias en cuarentena, se nota un incremento pero creo que es una lógica policial que excede la cuarentena. Los que venimos reclamando en la ‘Marcha de la Gorra’, evidenciamos que hay un accionar policial de larga data en la historia”.
En Río Cuarto, el mayor porcentaje de detenciones en cuarentena producidas en estos “procedimientos de rutina” ha recaído sobre las trabajadoras sexuales y las personas que circulan en moto. Los datos oficiales son escasos, pero, con este indicador, se puede suponer por donde viene la mano. El foco está puesto en los jóvenes de barrios periféricos que, para las “fuerzas del orden”, son sospechosos por el color de la piel, la indumentaria o portación de rostro.
La ciudad donde continúan impunes crímenes que conmovieron a la población como la desaparición y asesinato del niño Alejandro Flores a manos de dos policías o el resonante caso de Nora Dalmasso sufre por estos días un recrudecimiento de la violencia urbana que se viene intensificando desde inicios de 2019, cuando en apenas diez meses y medio se registraron 14 asesinatos o, lo que es lo mismo, un crimen cada casi 23 días.
La advertencias de Mosquera resuenan con un eco amenazante instalando el fantasma de la criminalización de la pandemia, un fenómeno que sobrevuela en el inconsciente colectivo. En la Capital Alterna de la Provincia la matanza más brutal de la que se tenga memoria en la historia criminal de la Argentina la protagonizó un policía. El 16 de septiembre de 1987 el entonces cabo de la Policía de la Provincia, Miguel Ángel Salinas, junto a un todavía número indeterminado de cómplices, perpetró la Masacre del Banco Popular Financiero. Resultaron fusilados siete trabajadores bancarios. Sólo hubo un sobreviviente.
Las palabras y los gestos que apuntan a un mayor control social inspiran miedo en la gente, meten el terror en las tripas, pero también tienen el poder de rebrotar imágenes que la memoria comunitaria tiene muy presentes en su línea de tiempo histórico respecto al accionar de la “maldita” Policía cordobesa.
Fuente: www.retruco.com.ar