Así lo refirió en diálogo con La Nueva Mañana el referente de derechos humanos en Córdoba Luis Miguel “Vitín” Baronetto (foto), a ocho años del emblemático juicio donde se juzgó a 43 personas por delitos de lesa humanidad.
Por Flavio Colazo
Luego de que ciertos sectores del actual gobierno –como algunos diputados y la vicepresidenta- volvieran a poner en la agenda nacional el tema de reivindicación de los criminales de lesa humanidad de la última dictadura cívico-militar (1976-1983), y a poco de la conmemoración del mega juicio de La Perla en nuestra provincia, LNM dialogó con Luis Miguel “Vitín” Baronetto -ex detenido político, Director de Tiempo Latinoamericano, ex Secretario de Derechos Humanos y esposo de la desaparecida Marta Juana González- sobre la trascendencia de aquel proceso y sobre la recientes actitudes del gobierno tendientes a manipular la verdad histórica del accionar del terrorismo de Estado.
-En tiempos en que se pretende –desde algunos sectores del poder- tergiversar y manipular los crímenes perpetrados desde el Estado por la dictadura cívico-militar (1976-1983), y a poco de cumplirse 8 años del mega juicio de La Perla, ¿cuáles son los señalamientos respecto a la importancia y trascendencia para la ciudadanía que dejó como legado cívico el mega juicio?
-Veamos, en agosto de 2016 finalizó la mega causa llamada “La Perla” que se desarrolló en Córdoba durante 4 años -2012 al 2016-. En ese juicio se acumularon 27 causas por delitos del terrorismo de Estado en los campos militares de concentración La Perla; La Ribera; y el D2 –de la policía de Córdoba-. El legado es haber obtenido justica para un número importante de víctimas del terrorismo de Estado ya que de los43 imputados, 28 fueron condenados a prisión perpetua; 10, a penas de entre 2 y 21 años; y 5 fueron absueltos. Este juicio tuvo mayor repercusión por la magnitud que tuvo el principal campo de concentración de secuestrados, torturados y asesinados en las instalaciones militares de La Perla, en Córdoba que habrían sido más de dos mil personas, con un reducido grupo de sobrevivientes, quienes aportaron sus testimonios en la Justicia. Sin embargo, hay que agregar que en Córdoba desde el 2008 al 2023 hubo 13 juicios por delitos de lesa humanidad, que de diferentes formas han posibilitado una extensión en la sensibilidad de los cordobeses, más allá del empuje de familiares y organismos; y que se expresa cada año en la multitudinaria marcha del 24 de marzo, por Memoria, Verdad y Justicia. Aun así, creo que hay una parte importante de la sociedad cordobesa que no se ha involucrado en estas temáticas; y es una tarea pendiente que las nuevas generaciones conozcan las graves violaciones a los derechos humanos.
-¿Cuál fue su rol personal en aquel mega juicio, y qué es aquello que recuerda en mayor grado respecto a su involucramiento personal en ese proceso judicial?
-Desde mi experiencia padecida, procuré aportar lo máximo posible en sucesivos testimonios judiciales, desde el secuestro y torturas en el D2, hasta los fusilamientos de presos y presas políticas- entre ellas mi esposa Marta Juana González -, sacados de la cárcel UP1 de San Martín. Hechos que se juzgaron en el 2010, donde fue condenado el ex dictador Videla y una veintena más de genocidas. Es de notar que el juicio de la UP1 fue el único realizado en el interior del país que tuvo como imputado al dictador Jorge Rafael Videla. Por los mismos fusilamientos en el 2017, en la causa de los Magistrados, se juzgó la complicidad judicial, quedando pendiente aún el nuevo juicio – bastante demorado – al funcionario judicial Carlos Otero Álvarez, ordenado por Casación.
-¿Qué valoración merecen las expresiones de la Vicepresidenta en el acto del miércoles 21 de agosto? ¿Es posible la reapertura de causas –tal como lo anunció Villarruel- en causas que no son de lesa humanidad?
-El acto del pasado 21 de agosto -en el ámbito del Senado Nacional- convocado por la actual Vicepresidenta de la Nación, Victoria Villarruel, fue una provocación no ingenua. Ella sabe -que todos saben- sobre la imposibilidad jurídica de juzgar hechos ya prescriptos. El acto y su mensaje en realidad tiene un estricto sentido político, en el marco de la hegemonía neoliberal. No es ingenuo porque la reivindicación del terrorismo de Estado abre la posibilidad de endurecer las políticas represivas con “protocolos” de Seguridad Nacional, que buscan eliminar las organizaciones populares, como ya lo pretendieron hacer durante los años del terrorismo de estado. Ayer exterminaron, mediante secuestros, torturas y asesinatos, mayoritariamente a trabajadores y estudiantes; hoy buscan la eliminación, judicializando a los movimientos populares, criminalizando la protesta social y dictando leyes que precarizan las relaciones laborales, disminuyen fuentes de trabajo y acrecientan las ganancias de los siempre enriquecidos a costas del sufrimiento de las mayorías empobrecidas. Ese es el nuevo “terrorismo” neoliberal, uno que pregona la desaparición del estado de bienestar social, pero usa al mismo estado para beneficiar a los mandantes del gran poder económico. No es inocente ni casual la mención específica de la Sra. Villarruel a sectores del peronismo, que ayer y hoy, han representado políticas populares. Los actores del gran capital necesitan eliminarlos de la escena política, para imposibilitar la construcción de alternativas democráticas que atienda a la creciente población de excluidos hoy. Pretenden consolidar la cultura del individualismo y la meritocracia -bastante extendida ya en las nuevas generaciones- que se han incorporado en el nuevo escenario electoral. No dan puntadas sin hilo. Aunque parezcan tener diferencias, en realidad son del mismo equipo y juegan en la misma cancha. La hija de militar que reivindica a ejecutores del terrorismo de estado quiere avanzar más allá del negacionismo que encarnan otros grupos del mismo gobierno. El objetivo de hijos y familiares de quienes fueron condenados por crímenes de lesa humanidad, de carácter imprescriptible, es la reivindicación de sus acciones. Mucho más que negar lo actuado por la Justicia de la democracia que les aplicó las leyes que garantizaron juicios justos. La misma legislación que ellos les negaron a quienes torturaron y ejecutaron en la clandestinidad de los campos de concentración, sin los juicios que ahora pregona la vicepresidenta Villarruel, conociendo su imposibilidad legal.
-¿Qué señalamientos quisiera hacer sobre la visita de algunos diputados a los genocidas -Astiz entre ellos-?
-La visita de los diputados del Presidente Milei a la cárcel donde cumplen su condena los presos por delitos de lesa humanidad tuvo el propósito de instalar en la sociedad la reivindicación de su actuación, no sólo modificando las condiciones de detención. Ninguno de los cinco esgrimió razones humanitarias. Más aún, la diputada mendocina anarco-libertaria Lourdes Arrieta reveló parte de la trama interna que puso al descubierto tratativas a favor de mecanismos legales para lograr la libertad de los represores. Esto sería parte de un plan más ambicioso: la legitimación social del terrorismo de estado, aprovechándose del hastío ciudadano, que ha devaluado la democracia. Porque, de hecho, buena parte de los condenados ya gozan de prisión domiciliaria. En Córdoba, tal como lo hicimos público como APDH el año pasado, sólo el 12 % de los represores condenados cumplen su pena en establecimientos carcelarios de esta provincia. “En estos 15 años – desde el 2008 al 2023 – fueron alojados un total de 58 genocidas. Sólo 7 de esos 58 condenados siguen en la cárcel. 51 fueron beneficiados con la prisión domiciliaria.” Hasta Menéndez, ex jefe del Tercer Cuerpo de Ejército, en agosto de 2016, cuando la Justicia Federal de Córdoba dio a conocer la sentencia a 38 represores por delitos de lesa humanidad cometidos en La Perla, ya gozaba del beneficio de la prisión domiciliaria. Es evidente que el propósito de la visita de los libertarios fue dar a publicidad el apoyo político a los represores condenados, en una actitud claramente antidemocrática sobre la que el poder legislativo nacional no ha emitido ninguna sanción.
-¿Piensa que la apertura constante de debates largamente superados -como la visita a genocidas, el pronunciamiento de Villarruel y otros temas como las cuestiones de género- es un método del Gobierno para distraer a la ciudadanía de temas como la economía y la pobreza?
– El acto en el Senado de Villarruel se suma a la postura gubernamental señalada en el cierre de la respuesta a la anterior pregunta. Esta reivindicación del terrorismo de estado está estrechamente vinculada a las medidas económicas, políticas y sociales del gobierno de Milei, que a cara descubierta actúa a favor de los grandes poderes extranacionales y sus aliados nativos. Hay que rastrear la complicidad civil nunca investigada a fondo del gran poder económico, para entender el aliento, apoyo y promoción de las políticas anarco libertarias de hoy. Las supuestas disputas internas, más allá de las mezquindades propias de los nuevos lacayos, son fomentadas por el poder mediático para ocultar el despojo nacional que produce el gobierno encabezado por Milei. Cuando la sociedad argentina despierte su economía, sus empresas, sus tierras ya estarán extranjerizadas y con una deuda externa que será eterna.
“Hay que rastrear la complicidad civil nunca investigada a fondo del gran poder económico, para entender el aliento, apoyo y promoción de las políticas anarco libertarias de hoy”.
– ¿Qué es lo que usted sabe acerca del sacerdote Ravasi que pueda ayudar a entender un poco más esta visita?
– Sobre el cura Javier Olivera Ravasi -y su activo proselitismo a favor del terrorismo de Estado- puedo decir que este hijo del represor condenado Jorge Antonio Olivera, por lo que se conoce, pudo recibirse de sacerdote porque fue aceptado por la congregación del Verbo Encarnado, con sede en San Rafael, Mendoza, seguidora del disidente obispo francés Marcel Lefebre. La postura católica ultraconservadora y preconciliar de este grupo religioso explica las actuaciones de este militante explícito de la derecha política, identificado con quienes reivindican el terrorismo de estado, que hace uso de su condición clerical. Según ha trascendido, por el momento ha sido obligado a volver a la diócesis de origen, San Rafael, aunque por estos días seguiría ausente del país, no habiendo aún efectivizado la orden diocesana que lo albergaba temporariamente en la diócesis de Campana-Zárate. Su conducta deberá ser analizada en primer lugar, por su obispo residencial. Y partir de allí, seguir las instancias judiciales propias según la legislación interna de la institución católica que tiene su sede en Roma. La expresión de este militante político con sotana tampoco es una voz que grita en el desierto. Existe en Argentina un numeroso sector del tradicionalismo católico que se sintió “traicionado” por la renovación eclesial del Concilio Vaticano II. Y hoy no duda en cuestionar a la máxima autoridad pontificia, que encarna el Papa Francisco. Este conjunto de acciones reaccionarias son mucho más que un “globo de ensayo”. Expresan la política anarco-libertaria, de profunda raíz neoliberal, para sumar consenso en una sociedad fracturada por los discursos discriminatorios y de odio. En gran parte también harta de frustraciones políticas. La mejor respuesta debería ser la de articular los esfuerzos colectivos por una sociedad que integre en su mesa a los ahora excluidos por la pobreza y la miseria. Tarea difícil, pero no imposible cuando se asienta en la esperanza y la solidaridad.
Fuente: www.lmdiario.com.ar