Por Nicolás Salas
El debate de la nueva Ley de Presupuesto 2022 puso sobre la mesa los fondos y partidas destinadas por el Estado nacional durante la segunda ola de la pandemia. La asistencia a las compañías fue mayor que al sector cooperativista que desarrollan actividades en barrios populares.
semanas atrás el oficialismo dio a conocer su propuesta de presupuesto 2022 donde, además de una proyección de gastos futuros, se fundamentan las erogaciones realizadas el año pasado, principalmente a partir de la llamada “segunda ola” generado por la pandemia en curso.
Más allá de las discusiones en torno a la perspectiva de un presupuesto que, a priori, se muestra por demás “amarrete” en lo que hace a políticas sociales, lo cierto es que los números y estadísticas de gastos que se plasman respecto al año en curso no hacen otra cosa que derribar una serie de mitos, entre ellos los concernientes a los planes sociales.
Casi desde el surgimiento del movimiento sociales a mediados de los 90´ se construyó desde los grandes medios de comunicación un imaginario que sostiene que el dinero que pierde la clase media, por ejemplo, es el que se destina a los “piqueteros”, lo que repercute en los reclamos de como los de dejar de “subsidiar” a la pobreza o terminar con los planes sociales.
Si se analiza, dentro del proyecto presupuestario, el cuadro “Paquete Covid/2da ola, ampliación de las políticas sociales y producción y empleo- año 2021”[1] puede verse el lugar marginal que ocupan los programas de empleo. Si hablamos del “Potenciar Trabajo”, el único masivo de los planes, el presupuesto total que se empleó representa el 0,2% del Producto Bruto Interno (PBI) con un gasto total de $83.500 millones ¿Cuántas personas que trabajan en el cooperativismo se asiste? En total unas 950 mil que desempeñan una multiplicidad de trabajos de la llamada Economía Popular (zanjeos, barrido, reciclado, producción de alimentos, construcción, servicios alimentarios barriales, etc).
El cuadro proyectado no solo derriba el mito del gasto en planes que hace el Estado sino que expone al empresariado local, una clase habituada a alimentar el imaginario de “los parásitos que viven del Estado”, “choriplaneros” y otras yerbas.
Reemplazando el Programa de Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción (ATP), en noviembre de 2020 se creó el programa de Recuperación Productiva (REPRO II), por el cual se otorgó un beneficio a cuenta del “pago de las remuneraciones a cargo de las y los empleadores adheridos al programa para sectores considerados como no críticos por un plazo de dos meses”.
Las transferencias por empleado/a fueron en aumento con el paso de los meses, llegando en mayo de este año a girar partidas por hasta $22 mil por empleado/a. ¿Cuántos fondos se enviaron? En concepto de “salario complementario” implicó unos 80.147, un 4% menos que el Potenciar Trabajo pero abarcando a menos de la mitad de trabajadores/as del programa de trabajo si se tiene en cuenta que la asistencia promedio anual del REPRO alcanzó a 420 mil personas.
Ahora bien, contemplando el segmento del REPRO II referido a la “exención Contribuciones Patronales Sectores Críticos” se le suman unos $14.400 millones. Esto no es todo, porque también se giraron partidas por $11.774 millones a través del “FOGAR” y “FONDEP”, programas que se hicieron cargo de generar una línea de crédito, a tasa subsidiada por el Estado, destinada a la inversión productiva para la compra de bienes de capital en los sectores industrial, agropecuario, comercio y de servicios. Estás distintas líneas implicaron más del 0,2% del PBI argentino del 2021.
Para peor, el parasitarismo empresarial llegó a tal punto que unos meses después de iniciada la pandemia se constató que al menos 2000 empresas usaron los fondos girados por el Estado para jugar a la timba financiera. Los casos comprobados debieron devolver partidas correspondientes a las ATP que habían usado para comprar dólares. A su vez, y ante la falta de control estatal, muchas compañías solo abonaron a los trabajadores los montos girados del subsidio reteniendo el aporte que les correspondía como empleadores.
Estos subsidios no necesariamente fueron a las PYMES o pequeñas empresas golpeadas por la pandemia sino que reforzaron las arcas económicas de grandes grupos económicos que solicitaron el subsidio como fue el caso de Volkswagen, Mercedes Benz, Techint, Clarín, entre otros. El caso del grupo mediático fue de los más resonantes ya que pidieron la asistencia al Estado cuando venían de fugar 650 millones de dólares, y muchas de sus empresas, como Cablevisión Holdings, mostraron un incremento en sus valores del 77 % desde el inicio de la cuarentena.
Estas estadísticas son acotadas y minúsculas si se las compara con otros subsidios que el Estado gira regularmente al empresariado local, pero al menos demarcan un atisbo de la perversidad con la que se aborda el problema de la pobreza y la falta de trabajo en el país donde a las víctimas (“choriplaneros”) pasan a ser victimarios, mientras los victimarios (“planeros con guantes blancos”) son las víctimas de una realidad que ellos mismos ayudaron y ayudan a construir.
Notas:
[1] “Ley de Presupuesto General de la Administración Nacional para el Ejercicio Fiscal del año 2022”. Miércoles 15 de Septiembre de 2021. Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Fuente: www.anred.org