En esta particular etapa política, social y económica del país, frente al inminente cambio de Gobierno y las expectativas que reposan en el pueblo trabajador de recuperar derechos arrebatados por el Gobierno Oligárquico de Macri, se ha comenzado a instalar desde diferentes sectores formadores de opinión la iniciativa de establecer un Pacto Social como salida al desastre dejado por la Administración de Cambiemos.
Al solo efecto de contribuir a los debates que los compañeros y compañeras llevan adelante en distintos ámbitos sobre éste y otros temas que predominan en esta coyuntura de transición política-institucional, reproducimos a continuación una nota publicada en 1974 por la Revista El Descamisado, dirigida por Dardo Cabo, órgano de difusión de Montoneros.
Te acordás hermano…
«La empresa requiere una solidaridad activa, orgánica, entre todos sus componentes, a fin de lograr un grado satisfactorio de rendimiento y para que su proyección social se haga visible en el más alto nivel de vida del pueblo; pero exige igualmente, el mantenimiento de una disciplina y de un orden jerárarquico sin el cual no se concibe ninguna asociación humana. . . Cuando se dirige la mirada a la posición que asumen en muchas empresas las comisiones internas sindicales, que alteran el concepto de que es misión del obrero dar un día de trabajo honesto por una paga justa, no resulta exagerado, dentro de los conceptos que hoy prevalecen, pedir que ellas contribuyan a consolidar el desenvolvimiento normal de la empresa y la marcha de la productividad. Tampoco es aceptable que por ningún motivo, el delegado obrero toque un silbato en una fábrica y la paralice.. Otro factor negativo que nosotros no podemos silenciado es el del ausentismo. Terminar con los lunes de huelga tiene que ser, por lo tanto, una de las consecuencias de este Congreso».
Esta transparente manifestación del pensamiento empresario fue pronunciada por José Gelbard, presidente de la Confederación General Económica (CGE), el 21 de marzo de 1955, en la inauguración del Congreso Nacional de Productividad y Bienestar Social.
¿Que fue el Congreso de Productividad? ¿Por qué se llega a él?
El Congreso de Productividad de 1955 fue un intento fallido de Pacto Social que no pudo prosperar por dos razones: primero porque el gobierno popular fue derrocado por la contrarrevolución oligárquica seis meses después; y segundo, porque la dirección de la Cor federación General del Trabajo no aceptó aumentar los ritmos de producción perdiendo las conquista; sociales tal como planteaba la representación empresaria.
A partir de la crisis económica de 1951/52 el mantenimiento de las grandes ganancias de las empresas sólo era posible aumentando el control patronal sobre sus trabajadores. Pero la clase trabajadora argentina era consciente de que las posiciones ganadas durante el gobierno del pueblo no podían ser entregadas porque los beneficies empresarios sufriesen una reducción. Sabía que el gobierno del general Perón se sustentaba en el apoyo multitudinario de los trabajadores argentinos, y que el famoso empresariado nacional no era ninguna garantía para asegurar el éxito al proceso de liberación nacional en marcha. El poder ganado por los obreros se manifestaba en la capacidad de control que las comisiones internas y cuerpos de delegados tenían sobre el manejo de las cuestiones de la empresa.
Hasta 1945 los empresarios hacían lo que querían con sus propiedades; desde esa fecha ya no podían hacerlo. Lo único que los patrones seguían conservando en sus manos eran las ganancias y cuando la crisis económica comenzó a disminuirlas, decidieron que para volver a la época de la «plata fácil» debia terminar con la «prepotencia del delegado». Por ello la alianza de la burguesía industrial con el imperialismo y la oligarquía se fue produciendo como algo natural; por otra parte, los empresarios «peronistas» comenzaron a debilitar desde adentro al
gobierno popular. La contrarrevolución de 1955 estaba en marcha.
- LA CGT NO ORGANIZA LA DEFENSA DEL GOBIERNO POPULAR PERO TAMPOCO SE VENDE AL IMPERIALISMO
Poco después de la muerte de Evita, en 1952, la conducción de la CGT era reemplazada y Eduardo Vuletich asumía la secretaría general. La central obrera se convierte rápidamente en una oficina pública, se produce una separación entre las grandes organizaciones sindicales y los cuerpos de delegados y comisiones internas donde se mantiene el impulso revolucionario del 17 de octubre de 1945. La vida cómoda convierte a los altos jerarcas de la CGT en oficinistas más preocupados por el papeleo que por desarrollar la organización de los trabajadores. Su incapacidad revolucionaria, sin embargo, no llega a convertirlos como sucede una década después con el vandorismo, en una cuña proimperialista infiltrada en el movimiento popular.
Vuletich, secretario general de la CGT, responde a Gelbard ese mismo día: «Si se creyera que aquí debemos solamente analizar al hombre en función de trabajo, estaríamos ya perdiendo lastimosamente el tiempo, dado que a una productividad óptima, hace también y en forma preponderante la honradez comercial, la vigilancia de costos provenientes de gastos injustificados, el sentido de la tradición industrial, el aprovechamiento racional de las máquinas, la utilización al más alto grado de la potencialidad energética, la investigación incesante para la búsqueda de mejores materiales y el sentido de la tradición de familia en el manejo de la empresa. Por otra parte, es inadmisible aceptar que la actividad que un empresario abrace le sirva para gozar de una vida de comodidades excesivas logradas a costa del esfuerzo y aún de la salud y el bienestar de los que para él trabajan, como es inadmisible que por medio de esa actividad el empresario logre un rápido y urgente enriquecimiento.
«Hacen también a la productividad quienes honradamente se han dado a la tarea de pregonar incesantemente por todos los ámbitos de la patria que de nada serviría obtenerla si para ello fuera menester alterar, aunque sólo fuera en parte, la legislación de amparo que hoy tienen los trabajadores argentinos.
«A esos empresarios carentes de ética a que acabo de aludir, quiero decirles, antes que la mecánica del Congreso nos enfrente en los debates que realicemos, que la clase trabajadora argentina va a entrar en esta segunda y trascendental etapa con la exigencia mínima de que se cumpla total y absolutamente nuestra legislación de amparo: la constitución justicialista de 1949 y los Derechos del Trabajador y de la Ancianidad; se asegure el cumplimiento nacional de los convenios de labor, se nos haga participar desde un primer momento en los beneficios directos o indirectos que la mayor productividad reporte.
«Son oportunas y necesarias estas aclaraciones por cuanto en los últimos tiempos hemos podido escuchar frases duras contra un sector obrero, al que se le imputan bajos rendimientos o desinterés en el desempeño de la diaria labor que ejecuta. Sostenemos que ese sector ha sido y sigue siendo lo más positivo, lo más concreto y sustancial con que cuentan núestras producciones en el campo de la economía nacional. Se habla de ausentismo. Es, indudablemente un mal que debemos y estamos dispuestos a combatir; pero, eso sí, queremos que, cuando se comparen estadísticas actuales con las correspondientes a los años de la explotación oligárquica, se sepa diferenciar el ausentismo culpable del socialmente justo, que resulta de la aplicación de las leyes obreras justicialistas: vacaciones, jornadas legales, licencias por enfermedad, casamiento, fallecimiento de familiares, pre y post parto, etc. y las que permiten el más holgado standard de vida que revelan de los esfuerzos inhumanos eliminados por la justicia social de la Nueva Argentina de Perón.
«Y una cuestión de palpitante actualidad, en la que convendría pongan su atención con provechoso resultado quienes sólo esperan que los problemas derivados de las insuficiencias y las deficiencias de la producción los afrontemos y los superemos únicamente nosotros, los trabajadores, que somos precisamente los que menos podemos hacer a este respecto y a quienes se nos quiere asignar la mayor y más injusta responsabilidad».
La cita es larga pero muy ilustrativa. A diferencia de los Otero, Miguel, Calabró, Calace, Romero, etc., que acusan a los trabajadores que tratan de recuperar las conquistas perdidas en 18 años de dominación imperialista de sabotear un pacto social que sólo favorece a los empresarios, el tibio y vacilante Vuletich hoy sería uno de los «piojosos troskistas» repudiados por el ex trabajador Otero.
- 18 AÑOS DE SAQUEO IMPERIALISTA A LOS TRABAJADORES ARGENTINOS
Con el derrocamiento del general Perón en setiembre de 1955 comienza a ejecutarse el proyecto imperialista de recolonización del país. La pérdida de la soberanía nacional va acompañada y al mismo tiempo se sostiene en la super-explotación del trabajo asalariado y como contrapartida en la integración paulatina de los sectores empresarios más concentrados que deciden cambiar autonomía económica por altas utilidades y el manejo absoluto de su propiedad. Para lograr esto último se utilizan básicamente dos métodos: uno, la liquidación, por medio de la represión y de las listas negras, de los sectores activistas y combativos de la clase trabajadora; el otro, por la progresiva integración de las cúpulas sindicales que se transforman de representantes obreros en representantes empresarios antelos obreros. Este proceso de captación de la cúpula sindical se concreta durante las dictaduras de Onganía, Levingston y Lanusse donde el reformismo golpista de Vandor y Alonso se transforma en el «participacionismo comunitario» y en la defensa del continuismo dictatorial como medio eficaz para mantener su dominio exclusivo sobre las organizaciones gremiales.
Los planes entreguistas de los sucesivos gobiernos antipopulares desde 1955 se identifican con sus autores o con los ministros de economía. Cada uno de ellos fue una vuelta más de tuerca contra el pueblo trabajador: el plan de Raúl Prebich en 1955, la eliminación de todo tipo de controles para el ingreso o salida de los capitales extranjeros de Frondizi y Frigerio, los inviernos de Alsogaray, el fortalecimiento de la especulación financiera de Federico Pinedo, el comienzo de la «racionalidad» monopolista con los «azules» y Martínez de Hoz en 1963; el genocidio contra el pueblo tucumano de Salimei; la definitiva conquista no sólo de la economía privada sino también de la infraestructura estatal por los capitales imperialistas durante las dictaduras militares y sus ministros: Krieger Vasena, Dagnino Pastore, Moyano Llerena, Gruneisen, Quilici.
En este proceso los trabajadores fueron perdiendo posiciones pero no fue igual para todos. Hubo sectores especialmente perjudicados como los obreros de la carne y textiles por ejemplo, que además de bus ingresos perdieron sus trabajos. Otros aparentemente mejor remunerados veían aumentada su productividad hasta 100 veces más que la ocupación, como los obreros de la industria metalúrgica, automotriz, química y petroquímica. La estabilidad en el empleo desapareció totalmente en actividades como la construcción. En quince años la dotación de personal de los ferrocarriles se redujo en más de 60 mil personas. Entre 1955 y 1969 sólo en concepto de traslado de ingresos del sector asalariado al sector empresario los trabajadores perdieron 15 mil millones de dólares; esta cifra asciende a 20 mil millones de dólares si se actualiza hasta 1973. Los jubilados en ese mismo período perdieron un equivalente a cinco mil millones de dólares. La cifra es impresionante: 25 mil millones de dólares embolsados por los imperialistas y grandes empresarios en 18 años de saqueo del país. Y hoy quieren que aceptemos pasivamente que para «reconstruir» la nación soportemos durante tres años más esta situación. Y además
pretenden engrupirmos con créditos de 100 ó 200 millones de dólares, menos del 1 % de los que nos estuvieron robando durante este tiempo.
- ACUERDO SOCIAL PARA RENEGOCIAR LA DEPENDENCIA
El pacto firmado en junio de 1973 por Gelbard y la cúpula sindical tiene algunos antecedentes cercanos y no tanto que es necesario recordar. Durante el gobierno del títere Guido, el entonces presidente de la CGE, Idelfonso Re-calde, intentó en nombre de su organización llegar a una «tregua social» con los trabajadores. Recurrió entonces a la CGT y a los partidos políticos. Fracasó porque los dirigentes sindicales debían discutir en las paritarias con los empresarios nucleados en la Unión Industrial Argentina y por lo tanto no iban a jugarse junto a una entidad que venía de cumplir una clausura de cuatro años por peronista y que tenía poco peso entre los que «deciden» en la actividad económica. Ya en 1962 el sindicalismo conducido por Vandor jugaba solo a ganador, eran los primeros pasos para pasarse con todo al campo enemigo. Durante 10 años la CGE insistió sin ninguna posibilidad en firmar un acuerdo con los sindicalistas, pero en 1972 se arriba al acuerdo CGE-CGT que hizo exclamar al dictador Lanusse que si no fuera presidente encabezaría la lucha para hacer cumplir lo establecido por el mismo. El representante de los monopolios imperialistas saludaba un acuerdo que supuestamente era para encaminar al país hacia su liberación nacional.
Algo había cambiado. Desde 1967 la dirección sindical se había pasado públicamente al campo de los militares cipayos y los representantes de las empresas imperialistas. Sin tanto bombo, la conducción de la CGE y los empresarios más allegados a la misma habían hecho el mismo camino: Gelbard, Madanes, Civita, Broner, Pérez Companc, Salimei, Garfunkel, los grandes industriales textiles vinculados a capitales italianos, y algunos más, se habían enriquecido a través de múltiples compromisos financieros y tecnológicos con el capital imperialista y gracias al éxito de sus actividades especulativas. Ahora ya estaban en lo mismo. Lo fundamental era entonces alcanzar poder político no para expulsar a los gerentes que lo poseían sino para renegociar con ellos un nuevo estatuto colonial. Esta nueva situación, indudablemente, no es igual a la existencia de un poder administrativo virreynal como el que quisieron implantar Onganía y Lanusse.
Ahora bajo el disfraz de la «Argentina potencia» se trata de asegurar la continuidad de los buenos negocios de este grupo económico local altamente concentrado. Es importante tener presente esta diferencia entre grandes empresarios y gerentes de grandes empresas imperialistas para entender las múltiples contradicciones y las presiones que debe soportar el equipo económico de Gelbard. Los sectores ayer dueños absolutos del poder político y hoy desplazados del control del estado —pero no de los negocios— buscan reconquistar esas posiciones. Gelbard les asegura los negocios pero quiere mantener para su sector económico el control político de la situación. Que las contradicciones existen pero no son de vida o muerte lo confirma el ingreso de la Unión Industrial Argentina, donde están representados los grandes monopolios extranjeros, a la CGE. Ahora Gelbard no sólo representa al grupo de empresarios nacionales más poderosos sino también al grupo de empresas industriales extranjeras que operan en nuestro país. Ya ha empezado la renegociación de la dependencia. Los grandes empresarios locales están a un paso de arribar a un acuerdo estable con los monopolios imperialistas.
- POR DONDE ATACA EL IMPERIALISMO
En definitiva fue el grupo Gelbard el que salió triunfante en esta puja por el control del proyecto económico del gobierno popular. Mientras se concretaba el acuerdo CGE-CGT en 1972, otras fuerzas trataban de imponer su proyecto. Hubo un intento en el plan económico de «La hora del pueblo», donde también participaron la CGT y la CGE pero que tenia aspectos más avanzados en el plano de las reformas sociales y la distribución del ingreso en favor de los sectores empresarios medianos y pequeños. También los desarrollistas tuvieron su oportunidad cuando se constituye el «Frente Cívico de Liberación Nacional» (FRECILINA) en marzo de 1972. Pero los intermediarios y comisionistas del des-arrollismo que aspiraban a concentrar en sus manos los negocios con el mundo de las finanzas internacionales fueron desplazados por un grupo que plantea básicamente lo mismo, pero que al mismo tiempo era representativo de tres o cuatro docenas de grandes empresas locales.
Gelbard y sus socios en el mundo de los negocios (Madanes, D’Adamo, Broner, etc.) llegan al control de la política económica estatal el 25 de mayo de 1973. Pero su política tiene límites para dos lados absolutamente antagónicos. Por un lado las expectativas populares deben ser por lo menos en parte satisfechas, además los pequeños y medianos empresarios nucleados en la CGE deben ser contemplados en alguna medida de gobierno. Por otra lado, los grupos imperialistas en el poder absoluto hasta el 25 de mayo último y desolazados del mismo por el repudio y la movilización popular, también tienen sus hombres en el gobierno del pueblo y los utilizan para moverle el piso a Gelbard.
Esa punta de lanza del imperialismo está en el Ministerio de Bienestar Social, y más concretamente se expresa a través del ministro López Rega, que por su cuenta firma convenios con grandes pulpos internacionales de la construcción y no pierde oportunidad de atacar a Gelbard. Los monopolios imperialistas utilizan a López Rega, Basile y otros altos funcionarios de Bienestar Social como agentes de provocación no sólo contra las organizaciones populares sino también contra el grupo empresario que los obliga a aceptar sus condiciones para continuar con sus negocios. Está claro que tanto Gelbard como sus socios están dispuestos a aceptar estas presiones Pero para convertirse en el menor plazo posible en un socio de los imperialistas y no como ahora que solo tienen el espacio que los imperialistas les dejan, necesitan concentrar en sus manos los resortes políticos de la actividad económica. A través del Estado los hombres de Gelbard y Madanes aspiran a ampliar su presencia en la economía nacional. Para ello, entre otras cosas cuentan con la Corporación de Empresas Nacionales, una fuente inagotable de ganancias a través de las licitaciones y los contratos de proveedores; con la ley de nacionalización de depósitos bancarios que hasta ahora solo sirvió para ampliar los créditos a este grupo de grandes empresas porque las pequeñas y medianas no vieron un peso; con el apoyo de los empresarios rurales más modernos que aspiran a desplazar del control de la actividad rural a la vieja oligarquía y a los intermediarios como Bunge y Born.
- CON QUIEN JUEGA LA CÚPULA SINDICAL
Pero la burocracia que controla a la CGT también es uno de los sectores que firman y se benefician con el pacto social. Ya sabemos que no representa a los trabajadores argentinos, pero a quien representa. Si tomamos a los burócratas en conjunto, es decir tanto al vandorismo expresado por Otero y Miguel, como a los sindicalistas que se reúnen alrededor del secretario general de la CGT, eí textil Adelino Romero, se observa que los burócratas oscilan permanentemente entre el apoyo a Gelbard y las críticas coincidentes con las de las empresas imperialistas y el brujo López Rega.
En parte esta oscilación es resultado del oportunismo tradicional de la burocracia sindical que siempre juega en favor del que tiene más fuerza, pero eso no es suficiente. Otro aspecto que identifica a los distintos sectores de la cúpula sindical de la CGT y las 62 organizaciones es que su oscilación siempre se da entre sectores empresarios o militares, pero nunca uno de los polos de sus vacilaciones es la clase trabajadora. Los obreros están descartados por los burócratas, salvo para amenazar con ellos cuando tratan de sacar tajada ante algún sector empresario. Mientras especulan con el triunfo de los grandes empresarios locales dirigidos por Gelbard o de los grandes monopolios extranjeros, los burócratas también aspiran a la «herencia» del movimiento popular y para ello cuentan con su
aparato. Tanto el vandorismo ortodoxo de Lorenzo Miguel, como el vandorismo hereje de Avelino Romero, sabe que su aparato y el de las fuerzas armadas son los únicos capaces de asegurar a largo plazo la continuidad del sistema dependiente, tanto el renegociado por Gelbard como el directamente colonial de las grandes empresas extranjeras.
Pero en la medida que las cúpulas sindicales se fueron transformando en instrumento de los empresarios ante los trabajadores y dejaron de ser instrumentos de los trabajadores ante los empresarios, sus preferencias políticas y económicas se encuentran muy relacionadas con las características del sector empresario al que defienden gremialmente. Los textiles de Romero están más cerca de Gelbard y lo mismo ocurre con los dirigentes traidores de gremios chicos; mientras que los dirigentes de la UOM y del SMATA por ejemplo se sienten más representados por las empresas yanquis o europeas que controlan esas remas y en donde siempre son bienvenidos cuando van a tomar un whisky con los gerentes.
Por eso a todos los burócratas sin excepción los une el temor a los trabajadores y buscan por todos los medios impedir que estos con sus movilizaciones, agrupaciones y listas electorales pongan en peligro su estabilidad en los sillones. Para eso impulsaron aquellos aspectos de la ley de asociaciones profesionales que los protegen del repudio de las bases. Porque la ley de asociaciones no es autónoma del pacto social sino parte integrante del mismo.
- EL PACTO SOCIAL EN ACCIÓN
Las estadísticas más conocidas señalan que la participación de los trabajadores en el ingreso nacional se redujo de más del 50 % en 1955 a alrededor del 33 % en 1973. Esta caída se expresa en cifras en los 25 mil millones de dólares antes señalados. Una de las condiciones del «pacto» era que los trabajadores recuperarían antes de 1977 el ingreso que tenian en 1955. Esto significa que los salarios deben aumentar en los próximos cuatro años por lo menos el doble que los precios, que se anule la desocupación y que el aumento del salario real (capacidad concreta de compra del salario) crezca más rápido que el aumento de la producción material. Esa es la única forma de transferir ingresos de los bolsillos de los empresarios a los bolsillos de los trabajadores.
Pero para eso es necesario que los trabajadores participen efectivamente en el poder político y económico. Sin esa presencia real en el poder las metas de redistribución del ingreso sólo son papeles sin sentido. Esta participación en el poder significa que la «transición al socialismo nacional» comenzaba. Para esto era necesario incorporar al mismo a los sectores empresarios pequeños y medianos y dejar afuera a los empresarios grandes. Porque si hay que sacar plata de alguien para dársela a otros, los que deben sufrir esa pérdida son los mismos que durante 18 años embolsaron fabulosas ganancias a costa del sufrimiento y la explotación de la clase trabajadora y de la crisis crónica del pequeño y mediano empresariado. Esta es una ley de hierro y nadie se salva, si los grandes empresarios imperialistas, sus socios menores del gran empresariado nacional y la oligarquía terrateniente no son obligados a limitar por lo menos sus ganancias, otros sectores sociales sufrirán las consecuencias, y esto es lo que pasa actualmente con la clase trabajadora argentina.
Los aumentos salariales otorgados en junio de 1973 apenas alcanzaron para recuperar la pérdida del primer semestre y de los últimos meses de 1972. Es aceptado y nuestro país firmó disposiciones en la Organización Internacional del Trabajo (OIT) que los aumentos salariales recuperan las pérdidas acumuladas pero no son anticipos a futuros aumentos de precios. Los empresarios en cambio los consideran anticipos de futuros aumentos. Esta distinción es importante porque define el contenido del aumento de 20 mil pesos otorgado después de la firma del Acta de compromiso nacional. Ahora resulta que ese aumento fue un anticipo, que el 25 de mayo hubo borrón y cuenta nueva y que los trabajadores deben darse por satisfechos. Si hay nuevos aumentos de precios, los aumentos de salarios se incrementarán en la misma proporción. Es decir que el objetivo del equipo Gelbard —y en esto coincide con los monopolios extranjeros y con la burocracia sindical— es congelar en el nivel de julio de 1973 la participación en el ingreso nacional de los trabajadores.
Hubo sí cambios y es en la relación entre los distintos sectores empresarios, mejorándose la posición del puñado de grandes empresas locales representado por Gelbard frente al puñado de grandes empresas extranjeras. Pero todos coinciden en asegurar el mismo nivel de ingresos global a los empresarios de la industria el campo y las finanzas. En la industria la proporción se mantiene perjudicando como siempre a la pequeña y mediana. En el campo se afecta a la oligarquía tradicional y se busca beneficiar a los sectores modernos más concentrados, aquellos cuyas explotaciones en la zona pampeana oscilan entre 1.000 y 3.000 hectáreas. En las finanzas se fortalece a los grandes bancos nacionales (Galicia, Español por ejemplo) y se limita la actividad de los grandes bancos extranjeros.
Hay un cambio evidente de poder en el mundo empresario que afecta intereses financieros extranjeros y a la oligarquía terrateniente tradicional, pero que se cuida muy bien de afectar esos intereses donde son más fuertes, es decir a las grandes corporaciones industriales extranjeras como las del automotor, petroquímica, metalúrgicas. Más allá de estas contradicciones la identidad es absoluta en cuanto a que los trabajadores deben contentarse con la pequeña mejora real del año pasado. Lo cual es lógico porque a nadie se le ocurre pensar que el interés central de los empresarios es mejorar la situación de los obreros a costa de su bolsillo. P
ero esto significa que si bien el pacto social es representativo de una relación de fuerzas entre los distintos sectores empresarios, al mismo tiempo representa la expresión de la fuerza conjunta de intereses empresarios nacionales y extranjeros en perjuicio de los trabajadores. Y para eso utilizaron a la cúpula sindical que hizo las partes de una supuesta representatividad que no tiene.
- NUEVE MESES DESPUÉS: EL PARTO DEL PACTO
A nueve meses de vigencia del pacto social la situación de los trabajadores ha vuelto a empeorar. Hoy el salario real es similar al de comienzos de 1973, y la situación comienza a agravarse por la crisis en el abastecimiento. Los responsables de esta crisis de abastecimientos son los sectores empresarios afectados por el pacto: la oligarquía rural y la intermediación comercial.
Las expectativas populares de democratización económica se van frustrando. Las exigencias de los trabajadores por obtener mejores condiciones de trabajo y un mayor control sobre sus organizaciones representativas se enfrentan a la alianza de la patronal con los burócratas sindicales que utilizan todos los medios para impedirlo. Desde el terror contra los activistas hasta el despido selectivo de los que molestan a la gerencia de personal. Con la excusa de la «reconstrucción» las patronales exigen mayores ritmos de producción y compensan con la mayor productividad los mínimos aumentos otorgados.
Allí donde la lucha fue organizada y consecuente los trabajadores lograron algunas mejoras en las condiciones de trabajo y en algunas grandes empresas aumentos del 5 ó 6 % en sus sueldos. Pero los mismos se alcanzaron luchando y no como una concesión por parte de empresarios con sentido social. Los triunfos de Molinos Río de la Plata, Adamas o Delcarlo se compensan con victorias patronales logradas con la complicidad de las direcciones sindicales claudicantes que obligaron a aceptar mayores ritmos de producción o la famosa semana de ocho días (seis de trabajo corridos y dos francos) que tantos resultados dio a los mismos patrones en Estados Unidos o Europa.
Para completar este esquema de política económica la nueva legislación represiva se esgrime como amenaza contra las comisiones internas combativas y contra las reivindicaciones obreras. Porque la legislación penal es la otra pata del pacto social. Este se sustenta no sólo sobre las medidas de política económica sino también sobre la nueva ley de asociaciones profesionales y sobre el nuevo código penal. El proyecto es coherente y terminará necesariamente en una derrota popular peor que la del 55 si no se revierte desde ahora. Porque esta política económica unida a la desmovilización de las masas y a la afirmación del poder burocrático sólo sirve para desarmar al pueblo y permitir el fortalecimiento de un sector empresario, que más allá de algunas escaramuzas «nacionalistas» en materia de convenios internacionales, ya está negociando un nuevo estatuto dependiente, y que en ese mismo «nacionalismo económico» del que tanto se jacta se cuida mucho de reservar una buena parte de los negocios a monopolios imperialistas como los de la industria automotriz.
La burocracia sindical apoya al «pacto empresario» frenando la lucha y la movilización, defendiendo a los patrones y acusando de subversivo a todo aquel que se atreva a reclamar mejores salarios o condiciones de trabajo, y también utilizando una bandera popular como son las paritarias cuando sus patrones imperialistas trataron de recuperar parte del poder perdido en la fijación de la política de precios y salarios. Esta maniobra fue frenada entonces por Perón, pero los imperialistas la superaron haciendo ingresar la Unión Industrial Argentina a la CGE.
Hoy la denuncia del pacto social, peleando salarios, condiciones de trabajo y democracia sindical es la mejor herramienta para defender al gobierno popular. Mientras la defensa obsecuente del mismo es el instrumento utilizado por el imperialismo para minar desde dentro las defensas del gobierno y del movimiento peronista como paso previo para el asalto al poder.
Fuente: www.ruinasdigitales.com