Por Juan Carlos Giuliani*
El debate sobre la resignificación de la Patria que nos legaron nuestros pioneros es impostergable. Antes del agotamiento definitivo del federalismo es imprescindible encarar una discusión que, lejos de ser bizantina, encierra un valor estratégico; se relaciona no tan sólo con la construcción de un proceso de desarrollo nacional con justicia social, equitativo, integral y sustentable, sino también con la integración regional en Latinoamérica.
La unidad nacional es producto de una larga destilación histórica signada por una intermitente disputa a veces encubierta y a veces violentamente desembozada entre dos proyectos de Nación. Este enfrentamiento, aún inconcluso, se inició en los albores mismos de la Independencia en 1810 y persiste a lo largo de más de 210 años, a pesar de las profundas transformaciones económicas, sociales, políticas y culturales.
La Reforma Constitucional de 1994, hija dilecta del Pacto de Olivos, estipula que “una ley convenio, sobre la base de acuerdos entre la Nación y las provincias, instituirá regímenes de coparticipación de estas contribuciones, garantizando la automaticidad en la remisión de los fondos”. Y en el apartado de las Disposiciones Transitorias, determina que ese régimen de oparticipación y la reglamentación del organismo fiscal federal “serán establecidos antes de la finalización del año 1996”.
Como en tantas otras cuestiones que impactan en la vida cotidiana del pueblo, la regla constitucional se mantiene invicta.
La pugna Nación-Provincias que se registra desde los orígenes de nuestra organización nacional, responde en gran medida a los profundos desequilibrios regionales.
Uno de los elementos que definen a la Argentina como país subdesarrollado y periférico, es la asimetría en el desarrollo de las regiones que componen su territorio. La brecha existente entre las jurisdicciones de mayor y menor Producto Bruto Geográfico per cápita es brutal. Si se comparan los casos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y de Formosa, esta diferencia es aproximadamente de diez a uno.
El dato se compadece con los niveles de concentración económica y desigualdad social. El 10% de la población más rica, tiene hoy un ingreso 20 veces mayor que el 10% de la población mas pobre.
Sobre estas asimetrías regionales se asienta un federalismo impostado que desde 1983 y, para garantizar su propio escenario de gobernabilidad, resuelve las tensiones Nación-Provincias estableciendo alianzas entre el Gobierno Central y los gobernadores de distintas provincias, que entregan su autonomía a cambio de recursos para alimentar su maquinaria política.
El cambio de contexto en esta etapa política e institucional, con la asunción de un Gobierno neoliberal y de ultraderecha, las políticas de tinte unitario son más explícitas que nunca, y el ataque al ideario de un modelo federal argentino en serio, que contribuya a forjar la noción de que la Patria es de todos, será una quimera si las organizaciones libres del pueblo no toman este desafío entre sus manos.
Como siempre, el conflicto social es el combustible que alimenta una estrategia que unifique y potencie las luchas sectoriales, y también, que tiña la agenda política marcada por el ajuste, el despojo y la explotación de un tiempo signado por las urgencias y necesidades de los trabajadores y el pueblo.
Bajo la sombra acechante del revanchismo patronal que viene a conculcar derechos y entregar la Patria, reafirmamos que la salida es colectiva y de lucha sin tregua contra la restauración oligárquica. La convocatoria es urgente: Construir, entre todos, el paradigma que permita refundar un Proyecto de Liberación acorde con los nuevos tiempos.
*Periodista. Escritor. Congresal Nacional de la CTA Autónoma en representación de la provincia de Córdoba