La Dirección Nacional de Asignaciones Económicas emitió la nota, dirigida a los beneficiarios de Córdoba, quienes deberán gestionar un certificado médico digital. Las instituciones del sector manifestaron su preocupación por los ajustes en el sistema de atención.
Por Ivana Saltanovich
Integrantes de la Federación Converger, que nuclea a instituciones que brindan servicios a personas con discapacidad de la provincia de Córdoba, fueron informados esta semana de que la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis) ya giró 6.000 cartas documento destinadas a revisar las Pensiones No Contributivas (PNC) de los beneficiarios cordobeses.
La noticia llegó por medio de la Subsecretaría de discapacidad, rehabilitación e inclusión, dependiente del Ministerio de Salud de Córdoba, y ocurrió un día después de que el Foro Permanente para la Promoción y la Defensa de los Derechos de las Personas con Discapacidad, del cual forma parte Converger, realizara en Capital Federal una nueva movilización contra lo que consideran es una “grave situación que atraviesa actualmente el sistema de atención a personas con discapacidad en todo el país”. Entre una serie de planteos, sostienen que las políticas establecidas por la Nación “tienden a desmantelar la posibilidad de inclusión de las personas con discapacidad en situación de pobreza”, avanzando sobre la quita de beneficios, la subejecución de presupuestos asignados, la burocracia administrativa, y la no actualización del nomenclador acorde a los índices inflacionarios, entre otros puntos.
“No estamos en contra de una revisión, pero en este caso estamos hablando de la gente más vulnerable y carenciada, que está dentro del 32% de pobreza que determinó el propio INDEC”, explicó a HOY DÍA CÓRDOBA el médico Carlos Herrada, integrante de Converger y miembro del directorio del Sistema Único de Prestaciones Básicas. Según detalló, de las 100.000 personas con algún tipo de discapacidad que se atienden a través del sistema, unas 35.000 son las que reciben las pensiones cuyos montos rondan los 7.000 pesos y son beneficiarias del Programa Incluir Salud, dentro de las cuales 6.000 están en Córdoba. “Tenemos conocimiento que la revisión implica el estado de vulnerabilidad de la persona. Significa, por ejemplo, que si la mamá tiene un trabajo en blanco (no importa el monto) inmediatamente se le quita la pensión. Lo mismo, si los progenitores cuentan con una pensión mínima, son propietarios de un vehículo o de una vivienda”, sostuvo Herrada.
A su vez, esa revisión implica que los miles de beneficiarios que reciban las cartas documento deberán presentar el Certificado Médico Oficial Digital, según una disposición de la Agencia que rige desde este año, para acreditar la incapacidad laboral. Ese certificado lo extienden los hospitales y centros de salud públicos exclusivamente en formato digital. En Córdoba, el trámite debe realizarse en el viejo hospital San Roque, el cual dispone de un único profesional, especialista en medicina laboral, que deberá encargarse de revisar los 6.000 expedientes. Por este motivo, y ante la posibilidad de que numerosos afiliados se queden sin ese aporte económico, es que en el Ministerio de Salud están analizando la posibilidad de sumar al menos tres profesionales más a la tarea.
Denuncian una vulneración de derechos
“Este revisionismo que estamos viviendo, nos retrotrae 50 años atrás, cuando no existían las pensiones no contributivas”, reflexionó Herrada, que a su vez es especialista en Economía de la Salud. A su entender, el sector no quedó exento de la mirada de la “meritocracia” impulsada por el gobierno de Cambiemos, en donde cada persona puede resolver su situación de acuerdo a sus posibilidades.
“El tema es que ninguna sociedad moderna deja de lado a las personas más vulnerables. Con esa mirada de meritocracia individual están en riesgo los objetivos que tuvo el desarrollo de un sistema que lleva más de 30 años en el país y que estableció un sinnúmero de instituciones a lo largo de todo el territorio”, sostuvo. Su reflexión hace referencia a que a partir del advenimiento de la democracia, desde el gobierno de Raúl Alfonsín en adelante, comenzaron a gestarse políticas públicas concretas por los derechos de las personas con discapacidad.
Fuente: www.hoydia.com.ar