OPINIÓN
Las reformas al Código Penal que enviará este mes el Poder Ejecutivo al Congreso abrirán otro fuerte debate en el inicio de la campaña electoral y en un contexto de conflictividad en aumento. Migrantes y protesta callejera en la mira.
Por Mario Hernández
El proyecto sube las penas por cortar el tránsito y crea el delito de incumplimiento de la prohibición de ingresar al país para los migrantes. Aumenta la escala penal de un máximo de dos años a entre seis meses y tres años de prisión por “detener o entorpecer” la marcha de medios de transporte público y también de los privados sin autorización. A su vez el juez interviniente tendrá que analizar en cada caso la existencia de vías de circulación alternativas, que no cometan lesiones y daños, que no se impida “el ejercicio de derechos personalísimos” y la urgencia del reclamo, entre otros puntos.
A su vez el nuevo Código incorpora una figura agravada para los migrantes que usan documentación falsa y para quienes incumplan la prohibición de reingresar al país luego de una expulsión por sentencia condenatoria judicial. Para el último caso contempla prisión de uno a cuatro años. De acuerdo con la normativa vigente no es delito. A eso se sumará la discusión para endurecer la Ley migratoria, con negociaciones entre el Gobierno y un sector del peronismo para agilizar las expulsiones.
En La Plata, el Poder Ejecutivo Municipal acaba de presentar un proyecto para modificar el Código Contravencional de 1985 e incorpora entre las sanciones posibles multas que podrían alcanzar los $ 173.000 a quienes realicen cortes y piquetes.
El control de la calle tiene antecedentes en el fallido “Protocolo de Actuación de las Fuerzas de Seguridad del Estado en Manifestaciones Públicas”, más conocido como “Protocolo Antipiquetes”, que intentó imponer la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, al comienzo de la gestión Cambiemos. Y tendrá un próximo capítulo para la Cumbre del G-20 del 30 de noviembre y 1º de diciembre con una ciudad sitiada por 20.000 efectivos nacionales y extranjeras que tratarán de impedir las protestas.
Fuente: www.anred.org