La Central de Trabajadores de la Argentina (CTAAutónoma) acompañó la movilización que realizaron los pueblos originarios en todo el país para reclamar la prórroga de la Ley 26.160, presupuesto para su ejecución y la sanción de una norma que reconozca la propiedad comunitaria de sus territorios.
La Ley 26.160 fue sancionada en 2006, con un plazo de vigencia de 4 años, a efectos de dar respuesta a la situación de emergencia territorial de las Comunidades Indígenas del país, en consonancia con el Artículo 75, Inciso 17, de la Constitución Nacional y dando cumplimiento parcial al Artículo 14 inc. 2 del Convenio 169 de la OIT. Fue prorrogada en tres oportunidades por la cual su vigencia vence en noviembre de este año. Ante esta amenaza, los 33 pueblos originarios que habitan lo que actualmente es territorio argentino, convocaron a una Jornada Nacional de Lucha con movilización en todas las provincias.
En la ciudad de Buenos Aires, miles de representantes de las comunidades llegadas desde todo el país, acompañadas de organizaciones sociales, políticas y destacas personalidades, confluyeron el miércoles en una gran y multitudinaria concentración que partió cerca de las 9 de la mañana desde Avenida de Mayo y 9 de Julio para llegar a las puertas del Congreso Nacional, exigiendo la prórroga de la Ley y presupuesto para su ejecución.
Miriam Liempe, Secretaria de Relaciones con los Pueblos Originarios de la CTA-A resaltó la importancia de la movilización y, minutos antes de ingresar junto a la comisión de hermanos y hermanas de los distintos pueblos, exigió que “La Ley sea prorrogada de inmediato, con presupuesto para su ejecución e información a los hermanos y hermanas de cómo se gasta y de cómo se va a realizar el relevamiento territorial. Hay que detener los desalojos y la violencia contra las comunidades”.
En tanto que Ricardo Peidro, Secretario General de la Central dijo que “estamos acá acompañando y formando parte de este reclamo. Pero además para detener los desalojos, son necesarias las políticas públicas de apoyo a los pueblos originarios, que se satisfagan sus reclamos históricos y que cese la apropiación por parte de los grupos concentrados de las tierras que le pertenece a las comunidades”.
En el mismo sentido se manifestó Hugo “Cachorro” Godoy, Secretario General Adjunto quien manifestó que “distintos gobiernos no han trabajado para que haya reconocimiento de la propiedad comunitaria de las tierras. Esta demora en legitimar sus derechos facilita el negocio de las grandes empresas que quieren apropiarse de la tierra y, en algunos casos, ejerciendo una fuerte represión como está sucediendo en estos momentos en Río Negro”.
Testimonios desde los Territorios
Ayelen Morales, lonco de una comunidad de Santa Rosa, La Pampa y Secretaria provincial de Relación con los Pueblos Originarios contó: “Vinimos con hermanos y hermanas de distintas comunidades que habitan el territorio pampeano, de la nación Rankulche, Mapuche, Ava Guaraní y Quechua para poder reencontrarnos con los diferentes hermanos y hermanas que habitamos todo el territorio y pedir la prórroga de la Ley. Es necesario el relevamiento para tener toda la información y saber la cantidad de comunidades que habitan. Pero también pedimos la sanción de la ley que reconozca la propiedad comunitaria y nos otorgue los títulos como legítimos dueños”.
Lorena Vildoza de la comunidad indígena Pueblo Tolombón, Tucumán, denunció que pese a la vigencia de la Ley, “Hace poco sufrimos desalojos como el de Román Ríos del pueblo diaguita”. En el mismo sentido se expresaron otros referentes de este pueblo .
Jorge Angulo, del Consejo de Pueblos Originarios Llankaj Maki, Jujuy, reclamó le extensión de la vigencia de la Ley y se denunció que “en Jujuy avanzan fuertemente diferentes tipos de proyectos que quieren arrasar con nosotros. Por eso la importancia de la Ley, pero también queremos discutir con el Estado políticas de arraigo. Para ello buscamos la unidad de todos los pueblos, junto a las organizaciones que quieran acompañarnos”.
Lorenzo Loncón, huerquen de una comunidad Paichil Antriaode, de Villa La Angostura, pidió que “esta ley debe ser permanente y para que se cumpla debe tener presupuesto. Necesitamos definiciones sobre la tenencia de la tierra para el Buen Vivir y en esta lucha no vamos a retroceder”.
Rosa Lucía Molloja, del pueblo Kolla, del Movimiento Plurinacional Madre Tierra y de la CTA-A, expresó que “venimos a apoyar a nuestros hermanos y hermanas. Aun teniendo la Ley vigente se producen desalojos así que la situación sería más grave todavía si no se prorroga. Pedimos el apoyo de toda la ciudadanía para que esta ley siga y que tenga presupuesto para ser aplicada”.
Ana María Vilca, del Sindicato del Cuero y Secretaria de Relaciones con los Pueblos Originarios de CNTI-CTAA destacó el acompañamiento de las organizaciones sociales y sindicales al reclamo por la tierra: “El desalojo y despojo de la tierra provoca más miseria y marginación. Es necesario respetar los derechos de todos nuestros hermanos y hermanas”.
La Ley Nacional 26.160 suspende la ejecución de sentencias, actos procesales o administrativos cuyo objeto sea el desalojo o desocupación de las tierras que ocupen las mismas. Ordena realizar un relevamiento técnico, jurídico y catastral de las Comunidades Indígenas y en caso de corresponder, de tierras ocupadas por las mismas de forma actual, tradicional y pública.
“Los legisladores se comprometieron a tratar la prórroga de la ley, trabajar para que tenga quórum y pedir presupuesto para que la ley se haga efectiva”, informó Miriam Liempe a la salida del encuentro con diputados y aguegó: “Los pueblos se declararon en asamblea permanente y mantendrán la movilización hasta que se apruebe la prórroga”.
Fuente: www.ctaa.org.ar