Ante el inicio este martes del debate en comisiones de la Cámara de Diputados de la Nación del proyecto para establecer el nuevo Régimen de Responsabilidad Penal Juvenil, la CTA Autónoma de la Provincia de Córdoba insistió en “rechazar este nuevo instrumento punitivo que lanza el Gobierno de Cambiemos para judicializar a los pibes pobres desconociendo los tratados internacionales de protección de los derechos de la infancia, niñez y adolescencia de los que nuestros país es signatario”.
“Montado en la ola de ‘Bolsonarismo” que reclama mano dura para combatir la inseguridad, el proyecto del Macrismo apunta a criminalizar a los chicos y chicas que son víctimas y no victimarios de un sistema injusto y violento que los estigmatiza y arroja a pobreza y consecuente la exclusión de la sociedad”, dice la nota de la Central.
Y agrega: “El proyecto baja la edad de punibilidad a 15 años, sin dar fundamentos, violando el principio de no regresividad; impone una pena altísima a los adolescentes de 15 años que pasan de no tener ninguna expectativa de pena, a tener una pena posible de 15 años; no hay límite para las penas que se pueden aplicar a los adolescentes de 16 y 17 años; para los no punibles, es decir los que quedan por debajo de los 15 años, establece un retorno al patronato, ya que los jueces de menores podrán intervenir en decisiones sobre su situación sin límite de edad”.
Para la CTA-A, “el Gobierno desconoce instrumentos internacionales de Derechos Humanos como la Observación General 10 del Comité de Derechos del Niño de Naciones Unidas, sobre la Administración de Justicia y los niños, que expresamente desalienta la utilización del Sistema Judicial, y con especial énfasis el Sistema Penal para abordar las conductas de niños y niñas. También desconoce las Recomendaciones del Comité de Derechos del Niño en su última reunión luego de recibir los informes de la República Argentina señaló: ‘El Comité recomienda que el Estado Apruebe una Ley General de Justicia de menores que se ajuste a la Convención y a las normas internacionales de Justicia de Menores, en particular en relación con la garantía de que la detención se utilice como último recurso y durante el período más breve posible, y de que no incluya disposiciones que aumenten las penas o reduzcan la edad de Responsabilidad Penal'”.
“Nosotros seguiremos defendiendo los derechos de niñas, niñas y adolescentes a desarrollar del modo más pleno posible sus vidas, exigiendo que el Estado cumpla sus obligaciones y combatiendo con todos los medios a nuestro alcance este proyecto nefasto para que no haya ni un pibe menos”, concluye la declaración firmada por Federico Giuliani; Ariel Gómez; Eugenia Palacio y Celeste Martínez, Secretario General, secretarios adjuntos y Secretaria de Derechos Humanos de la CTA Autónoma Córdoba, respectivamente.