“El gobernador jujeño, Gerardo Morales, y el empresario Carlos Blaquier, propietario del Ingenio Ledesma, persiguen a quienes se animan a pelear y protestar por sus derechos. Jujuy es una provincia que se ha venido caracterizando por levantamientos sociales y gobiernos patronales donde, sin la solidaridad de clase, los patrones siempre triunfan”, añade la nota.
Y añade: “Quieren encarcelar a dirigentes sindicales y sentar precedentes para inculcar el miedo y disciplinar a los que se rebelan contra las injusticias que se cometen en la provincia. La causa judicial, que data de 2013, se inició ante la acusación contra Vargas por el delito de presunta ‘usurpación’ a raíz de su ingreso en una propiedad de Ledesma por una protesta”.
“La CTA-A exige que se revoque la decisión del Tribunal N° 3 de Jujuy de disponer la elevación a juicio de Vargas bajo la imputación de ‘turbación de la posesión`y manifiesta su total respaldo al accionar del compañero en la defensa de los derechos humanos y laborales de los trabajadores y trabajadoras de Jujuy”, finaliza la declaración de la Central cordobesa.