La CTA-A participó de la firma del Compromiso por el Desarrollo y la Solidaridad

La Central de Trabajadores de la Argentina (CTA Autónoma), representada por su Secretario General, Ricardo Peidro, y sus secretarios adjuntos, Hugo “Cachorro” Godoy y Claudia Baigorria, participó este viernes de la firma de acuerdo con representantes gremiales, de movimientos sociales y empresarios permitirá realizar consensos de largo plazo con metas a alcanzar en distintas etapas.

“Firmamos un acuerdo multisectorial para respaldar la posición del Gobierno de privilegiar a los que menos tienen antes de asumir compromisos con acreedores extranjeros”, dijo Godoy al salir del encuentro.

El Presidente Alberto Fernández explicó que “la idea de este acuerdo, es empezar a lograr un diálogo franco para asumir los problemas que tenemos; toda la Argentina tiene problemas, está claro que algunos están más agobiados que otros, pero toda la Argentina tiene problemas”.

“Estamos en un país que lleva dos años consecutivos de caída del consumo y más de veinte meses de caída de la actividad industrial, y esto hay que revertirlo rápidamente, el modo es que los industriales inviertan, que la industria crezca, que podamos exportar, que de ese modo generemos trabajo, que la economía vuelva a moverse como todos soñamos, y la idea es que lo hagamos entre todos”, instó Fernández.

“Yo valoro mucho esta mesa porque en ella están sentados los actores de la Argentina, los que trabajan, los que invierten y producen y los que gobernamos. Y así van a hacer los cuatro años que vienen, trabajando juntos y decisiones juntos”, afirmó el titular del Ejecutivo Nacional.

La agenda a llevar adelante, incluye entre otros temas prioritarios, un esquema de actualización de haberes jubilatorios y tarifas de servicios públicos, la creación de empleos de calidad, alentar la inversión productiva y las exportaciones de valor agregado, facilitar el acceso al crédito bancario para la vivienda y la producción, así como promoción de las Pymes.

Destaca también que la futura discusión en el seno del Parlamento del próximo Presupuesto Nacional, “constituye una primera oportunidad para que, en el marco de un adecuado análisis de costos y recursos, los acuerdos a los que se hayan arribado en las mesas de diálogo puedan convertirse en políticas públicas operativas y de inmediata implementación.”

El documento ya ha recibido el apoyo explícito de dos de las entidades que conforman la Mesa de Enlace: La Federación Agraria Argentina y de la Confederación Intercooperativa Agropecuaria (CONINAGRO).

Qué dice el Compromiso por el Desarrollo y la Solidaridad

El texto sostiene que todos los participantes están comprometidos a trabajar en unidad para “abordar la emergencia” y como tal construir “un conjunto de consensos para lograr un desarrollo inclusivo y sostenible”. El documento habla de la necesidad de promover el trabajo, el desarrollo industrial pero sobre todo construir “una justa distribución de la riqueza”.

El compromiso afirma que es necesario “construir una nación solidaria, desarrollada y justa” y si bien algunos de los protagonistas de la reunión que se realizará a partir de las 16 puede no ser peronista, porque esta sentencia recuerda mucho a unas de las máximas de Juan Domingo Perón, lo cierto es que ninguno podría siquiera pensar en que es un propósito inconveniente para el país.

El texto busca refrendar pero también sumar más sectores a lo que el gobierno de Fernández definió como una de sus prioridades y que no es otro que el combate al hambre que provocó el modelo del gobierno de Mauricio Macri. En ese sentido, el documento expresa que los firmantes “nos comprometemos solidariamente, ante el aumento abrupto de la pobreza, a contribuir con un esfuerzo extraordinario a la obligación moral de poner en la mesa de todas nuestras familias el pan que a ninguna le debería faltar”.

La participación de todos los sectores convidados a asumir como propio este “Compromiso Argentino de Solidaridad” no descuida la impacto negativo que representa el nivel de endeudamiento externo que dejó el macrismo y que se traduce en una abultada serie de pagos para este año que conspiran con la atención de la deuda social y el crecimiento de la economía. En ese sentido, el texto señala el respaldo a las negociaciones que se están llevando a cabo con los acreedores externos, tanto privados como organismos multilaterales de crédito, que le permitan al Estado argentino pagar sus obligaciones sin que ello implique descuidar la reconstrucción del tejido social que desmanteló la política neoliberal del gobierno anterior.

Para esto el Gobierno ofrece el acompañamiento y construcción del “Acuerdo Estratégico de Desarrollo” que deberá ser el resultado de la construcción de “consensos a largo plazo” que se traduzcan en la elaboración de “instrumentos precisos, factibles y coordinados para el logro de metas definidas”.

En ese contexto señala la necesidad de avanzar en la instrumentación de un Consejo Económico y Social que deberá salir por ley. Se sobrentiende que los que firman este compromiso serán parte de ese Consejo donde el nombre de Roberto Lavagna como su titular no se descarta en los despacho de los funcionarios de la Casa Rosada.

El documento que Fernández puso en consideración habla de la existencia de una agenda de proyectos y estudios para avanzar en la solución de las necesidades que reclama la sociedad y, sin nombrarlo, hace referencias al acuerdo de productividad que impulso el Smata, el gremio de los mecánicos, al sostener que ya “hay casos en donde ya empresarios, sindicatos, movimientos sociales y otros actores han arribado a entendimientos sectoriales, que sólo exigen precisiones técnicas, así como un adecuado nivel de viabilidad jurídica y presupuestaria para su implementación”.

El “Compromiso Argentino de Solidaridad sostiene la urgencia y la necesidad de contar con un nuevo esquema de actualización de las jubilaciones pero también de las tarifas de los servicios públicos. Es en ese contexto donde justifica “las facultades extraordinarias” que le concedió el Congreso a través de la ley de Solidaridad Social y que tiene un plazo de seis meses para “elaborar propuestas socialmente equitativas, fiscalmente sostenibles y, en general, acordes a un país que quiere crecer y distribuir la riqueza de un modo genuino”.