En la comisión abocada a esa temática, durante el Congreso Nacional Extraordinario de la CTA-A del 31 de agosto, se abordó la deuda como un eje clave para explicar la dominación y los condicionamientos para la posibilidad desarrollo, autonomía y soberanía nacional. Algunos de los temas surgidos del debate de los y las delegadas fueron el acuerdo con los “bonistas”, la desinversión en áreas claves, la pérdida de salarios de trabajadores activos y jubilados, el impacto social en términos de mayor pobreza y exclusión y el extractivismo para afrontar los pagos.
Más de 70 compañeros y compañeras de todo el país, militantes de base de las distintas organizaciones de la Central, pusieron en cuestión la legitimidad y viabilidad de sostener el pago de la deuda, más allá de las negociaciones que el gobierno de Alberto Fernández lleva a cabo. Lo consideraron un tema central para la autonomía de nuestro pueblo y que en ello la Central ha sido coherente con su propia historia, rechazando siempre aquel endeudamiento que no redunda en ningún beneficio para las trabajadoras y trabajadores. Se considera que actualmente hay una oportunidad histórica para rechazar el pago, por lo evidente de su ilegitimidad e ilegalidad y que el camino de la renegociación que ha tomado el gobierno va a generar la reproducción del problema.
Hubo definiciones políticas contundentes sobre qué significa el endeudamiento externo: tiene por objetivo perpetuar la dominación, es condicionante estructural en todos los órdenes de la vida, es crucial porque afecta las decisiones para la asignación de recursos y, en consecuencia, afecta la soberanía. Los centros de poder hegemónico mundial, a través de este condicionamiento, nos ponen a producir commodities para pagar la deuda. Entonces, de no terminar con el espiral de endeudamiento, profundizará el extractivismo, el uso de agrotóxicos y transgénicos, menos inversión en educación, en salud, y carencia de soluciones para los problemas que hoy atraviesa nuestro pueblo.
Pero también se destacó la importancia de tener presente que los acuerdos del gobierno de Fernández implican compromisos para las próximas décadas con obligaciones determinantes para la economía y la estructura social del país. Por ello se llamó a prestar atención a la fuga hoy y a la evasión y elusión fiscal.
Además se consideró inviable el repago porque impone un flujo constante de pago de intereses nos va a obligar, dentro de un par de años, a volver a endurarnos para afrontar intereses. “Las deudas se pagan, las estafas no”, destacó un compañero de Chubut y convocó también a fortalecer la capacidad de acción de la Central y las organizaciones del pueblo para afrontar el próximo encuentro con el FMI, de manera que no implique condicionamientos que ya se insinúan, como es el pedido de reforma laboral, reforma previsional, etcétera.
Sobre el impacto concreto que tiene la deuda se señalaron: la falta de inversión en áreas claves y, por ejemplo, más allá de la pandemia, la no convocatoria a paritarias, la falta de pagos de salarios en muchas regiones, los haberes de jubilados y jubiladas, la falta de asistencia en alimentos; los ajustes en general que se verifican en las provincias; el drama de las y los trabajadores del sistema de salud con cerca de 24.000 infectados y más de 80 fallecidos con COVID 19; la tragedia social que implica que más de la mitad de los niños y niñas sean pobres; son algunos de las consecuencias del endeudamiento.
Finalmente, se puso el acento en la importancia de la organización popular, ya que sin ella es imposible hacerse oír. Los 10.000 millones de dólares que habría que pagar implicarán recursos que no se invierten. De cada 100 dólares, 89 se han fugado. Por lo que, la deuda es con el pueblo. No hay posibilidad desarrollo, autonomía y soberanía con la guillotina del endeudamiento. Para enfrentar todo esto, es necesario reforzar la autonomía de la Central y buscar la unidad más amplia con las organizaciones del campo popular.
Fuente: www.agenciacta.org