Por Jesús Chirino*
La pandemia dejó en evidencia, entre otras muchas cosas, que el rol del Estado debe superar la regulación en todo aquello que es esencial para el desarrollo digno del ser humano. El caso de la Salud quizás es el más evidente. En países con gobiernos de las más diversas orientaciones ideológicas entendieron que no alcazaba con regular los servicios privados sino que tenían que invertir y meterse a pleno en la cosa para mejorar los servicios de Salud existentes.
La regulación que los estados pueden desarrollar sobre cualquier empresa privada tiene el límite que impone una condición constitutiva de ésta: La obtención de ganancia. No existe empresa privada cuya centralidad no sea obtener ganancias. Sólo pueden quedar fuera de esto aquellas que pertenecen al sector de la Economía Social. Sabemos que no es buena la mezcla de las ganancias económicas con el acceso a derechos fundamentales. Un caso, quizás menos evidente que el de la Salud pero igual de importante, es el de la Energía.
Si bien teníamos en claro que a partir de la Segunda Revolución Industrial, la Energía se constituyó en un bien común que permite conservar alimentos, medicinas, contar con ventilación, servicios de seguridad, telecomunicaciones, utensilios de higiene, etcétera, la pandemia dejó en claro que sin Energía no se puede tener acceso a la Educación, la Salud, el Trabajo y tantas otros derechos fundamentales. Sintetizando: Podemos decir, sin temor a equivocarnos, que en esta sociedad sin Energía no existe la posibilidad de un desarrollo digno del ser humano.
Párrafo aparte merece el derecho de quienes son eléctrico-dependiente a partir de necesitar un suministro eléctrico constante y en niveles de tensión adecuados para alimentar el equipamiento que, por prescripción médica, les resulta imprescindible para vivir.
A partir de estas consideraciones no es difícil entender que la Energía debe ser considerada un derecho humano. Sin acceso a la misma no es posible el desarrollo del bienestar común. La dificultad en el acceso a la Energía, ya sea por costo u otros problemas, afecta la calidad de vida y el derecho del ser humano a la igualdad y dignidad.
Desde los estados y los gobiernos deben desarrollarse políticas en pos de asegurar el derecho al cual debemos acceder: El servicio de Energía. Esas políticas pueden ser de subsidios a las tarifas si la producción y/o distribución están en manos privadas.
Pero en casos que, como en la provincia de Córdoba, el Estado posee una empresa estatal como EPEC, plantear su posible privatización -total o parcial- no es otra cosa que ir en contra del derecho fundamental que describimos, maniobra que los trabajadores, como ya lo hemos hecho con anterioridad, vamos a resistir contra viento y marea.
*Secretario General de la Unión de Trabajadores de Empresas del Estado (UTEM-CTA): Secretario Gremial de la CTA Autónoma Regional Villa María