Desde la Federación Argentina de Trabajadores de Prensa (FATPREN) impulsan la creación de un impuesto a las grandes plataformas extranjeras Facebook y Google, que se valen del trabajo periodístico pero por el cual los y las periodistas no obtienen ningún rédito, para enfrentar la destrucción de puestos de trabajo en prensa y sostener la pluralidad informativa. En Argentina, durante los cuatro años del gobierno de Mauricio Macri se perdieron 4500 puestos de trabajo en los medios de comunicación y los y las trabajadores de prensa perdieron un 45% del poder adquisitivo. Desde el Sindicato de Prensa de Buenos Aires (SiPreBA) prepararon junto a la Fundación Rosa Luxemburgo el dossier “Regulaciones y acciones para el sustento del trabajo periodístico en la pospandemia” como aporte para nutrir el proyecto de la FATPREN, que a continuación compartimos.
Por Indymedia Trabajadoras/es
Medidas excepcionales para un contexto excepcional
Por Agustín Lecchi, Delegado en TV Pública/Secretaría de Organización SiPreBA
El 7 de junio de este año, la Federación Argentina de Trabajadores de Prensa (FATPREN) realizó por primera vez en la historia un plenario de delegados y delegadas de todo el país. De allí surgió la propuesta “Del COVID a las buenas noticias”, una iniciativa de les trabajadores de la prensa y la comunicación que propone la creación de un impuesto a las grandes plataformas extranjeras -Facebook y Google-, que se valen del trabajo periodístico, pero por el cual les periodistas no obtienen ningún rédito.
Medios, cercenamiento de voces y rol del Estado
Durante los cuatro años del gobierno de Mauricio Macri se perdieron 4500 puestos de trabajo en los medios de comunicación, les trabajadores de prensa perdimos un 45% del poder adquisitivo, las leyes laborales como los convenios colectivos de trabajo y el Estatuto del Periodista Profesional (ley12.908) fueron duramente atacadas por los empresarios con el aval del Ejecutivo y creció el precariado, bajo eufemismos que ya existían pero tendieron a extenderse, los mal llamados “colaboradores” o “free lance”, el sector más golpeado por la pandemia.
Este ataque a los derechos laborales fue parte de un proceso más general de concentración de los medios y cercenamiento de voces. Esta tendencia no solo no se revirtió durante la pandemia, sino que tendió a consolidarse. Las medidas del gobierno de Alberto Fernández como la ley anti despidos o el pago de salarios en el sector privado mediante ATP (que permitió que muchos medios locales en distintos lugares del país puedan afrontar sus obligaciones salariales) sin dudas fueron importantes, pero se trataron de paliativos que no permiten modificar la situación.
Durante 2020 la mayoría de los medios, inclusive los más grandes, se financiaron en gran medida con dinero del Estado, ya sea mediante pauta oficial o ATP. Aun así incumplieron sus obligaciones con sus trabajadores y suelen ser usina de operaciones mediáticas contra el propio Estado. Como hemos planteado en el marco del Ministerio de Trabajo y la Secretaría de Medios desde el SiPreBA, es necesario regular ese aporte que desembolsa el Estado en los medios, a través de los sindicatos, para que estén obligados a cumplir sus obligaciones con les trabajadores. En el caso de la pauta publicitaria pública, eso es lo que exige el Estatuto del Periodista Profesional (ley 12.908).
Disputar la riqueza y la comunicación con acciones concretas
Hay una gran cantidad de medidas que se debaten en todo el mundo con el objetivo de que los costos de la enorme crisis económica que seguirá a la pandemia no lo paguen los sectores más empobrecidos. Lo que está en discusión es la disputa de la riqueza que generamos les trabajadores y por lo cual un sector cada vez más enriquecido de poderosos empresarios acumula ganancias y vive en la opulencia. Una de esas medidas es el impuesto a las grandes riquezas, que en nuestro país se viene dilatando.
En lo respecta a los medios, en todo el mundo se está poniendo en el centro de la escena el lugar de las grandes plataformas, su rol y, sobre todo, su regulación. Las empresas periodísticas no pueden depender exclusivamente del financiamiento del Estado, y mucho menos de la voluntad política del gobierno de turno, que desde ya es importante pero no alcanza.
La pandemia demostró lo trascendente de contar con un sistema de medios que promueva comunicación fidedigna, despojada de operadores, con un rol social. Un sistema de medios que tienda a democratizar la información y reivindique la comunicación como derecho humano. Para eso, una condición es que les periodistas cuenten con condiciones de trabajo, derechos laborales y salarios dignos.
Iniciativas por el pluralismo, la diversidad, la democratización y federalización de las comunicaciones
En el transcurso de este año se plantearon distintas iniciativas con un objetivo general común. La cooperativa que edita el diario Tiempo Argentino, junto a otros medios, académicos, intelectuales, la Red de Carreras de Comunicación (REDCOM) y sindicatos de la actividad como la FATPREN, presentaron en el Congreso el proyecto de ley de Fomento al Pluralismo y la Diversidad Informativa, que ya cuenta con el apoyo de más de treinta legisladores.
A su vez, una enorme cantidad de organizaciones de la comunicación, las federaciones de medios autogestivos y sindicatos como los de prensa, gráficos y canillitas, hicimos público un pronunciamiento a once años de la sanción de la ley 26.522, de servicios de comunicación audiovisual, para discutir una legislación que regule y democratice la pauta publicitaria pública.
En este dossier, desde el SiPreBA, con los compañeros investigadores del Conicet Agustín Espada y Santiago Marino, y con el respaldo de la Fundación Rosa Luxemburgo, presentamos un estado de situación de las regulaciones que existen en distintos países del mundo de las grandes plataformas, desde Europa a América Latina, como aporte para nutrir el proyecto de la FATPREN, una iniciativa fundamental para el periodismo y los medios de comunicación de la Argentina en la pospandemia.
Fuente: www.anred.org