Por Juan Carlos Giuliani*
Entre los muros de los señoriales Palacios de Justicia anida buena parte de la consagración de la desigualdad social que impera en el país. No tan solo porque no mide con la misma vara a los delincuentes de “guantes blancos” que al hombre común, sino porque su propio escalafón de funcionamiento conlleva un nivel de disparidad salarial y de condiciones laborales asombroso y reprochable.
Esta Justicia, que se muestra tan obediente para procesar y condenar a los luchadores sociales, es la misma que mira para otro lado frente al crimen organizado, que es posible gracias al maridaje de las mafias con la corrupción política, judicial y policial. La plata sucia envenenó la superestructura de una democracia de baja intensidad que, a casi treinta y seis años de recuperada, mantiene los mismos estándares de pobreza y marginalidad: Una inequidad que duele hasta los huesos.
La Asociación Gremial de Empleados del Poder Judicial de la Provincia de Córdoba (AGEPJ-CGT), que el viernes 13 de septiembre realizará un Paro General en toda la provincia, ha denunciado que los jueces y funcionarios se llevan el 71% del dinero destinado al Poder Judicial.
A través de redes sociales hicieron circular una información a partir de la cual aseguran que, del total de la masa salarial dentro de la Justicia Provincial, el 71% queda en manos de jueces y funcionarios (2.300 personas) y sólo el 29% para los empleados (6.500). El dato -que no ha sido desmentido por las autoridades- es tan rotundo que exime de mayores comentarios.
Resulta fundamental avanzar en una verdadera democratización de la selección de los jueces. Los criterios principales pasan por la participación popular en la designación de los magistrados, la transparencia y el debate público, la exclusión de los postulantes que tengan vínculos con los golpes de Estado, las dictaduras, las corporaciones mediáticas y los grandes grupos económicos.
La Bolivia de Evo Morales es la única Nación en el mundo que elige sus jueces por el voto popular. Estos jueces, al igual que el resto de las autoridades públicas por elección popular, son revocables. El tiempo de sus funciones es de 6 años, sin posibilidad de reelección. Para el Tribunal Constitucional Plurinacional, el Art. 197 de la Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia dispone: “… estará integrado por magistrados/as elegidos con criterio de plurinacionalidad, con representación del sistema ordinario y del sistema indígena originario campesino”. De esta manera, se garantiza la representación de pueblos indígenas y campesinos. A diferencia de otros procesos electorales, en las elecciones judiciales, los candidatos no deben estar adscritos a ningún partido político.
La idoneidad de los magistrados tiene que tener parámetros que se vinculen con la trayectoria democrática, con el nivel académico y con la defensa de los derechos humanos en el sentido más amplio de la palabra.
Sin Justicia Social no hay paz. Y mientras el Poder Judicial siga siendo el botín de guerra del Gobierno de turno, la distancia para alcanzar ese anhelo se agiganta. En medio de la degradación política de esta democracia vigilada, se ha naturalizado el contubernio de la Justicia con la prensa hegemónica y el submundo de los “servicios” montando operaciones nauseabundas por doquier para difamar, procesar y condenar a los que piensan y actúan diferente a lo que manda el poder real.
En Comodoro Py y en los pasillos judiciales de las provincias, la mayor parte de los señores magistrados son duchos en olfatear los cambios del humor social y, consecuentemente, la variación del rumbo político.
De allí que no extrañe el accionar de tantos “jueces panqueques”, que de la noche a la mañana modifican la orientación de sus fallos para agradar a los inquilinos de la Casa Rosada y, sobre todo, para cumplir su misión de custodios doctrinarios de la superestructura legal del capitalismo.
De este modo, la Justicia se transforma en garante de la Injusticia Social, el combustible que hace funcionar el régimen de saqueo y explotación.
*Vocal de la Comisión Ejecutiva Regional de la CTA Autónoma Río Cuarto. Congresal Nacional de la CTA-A en representación de la provincia de Córdoba