Por Horacio Rovelli
Se considera estafa procesal cuando por ardid o engaño se provoca un perjuicio patrimonial. En este sentido, la sala IV de la Cámara Nacional en lo Criminal de la Capital Federal afirmó que «la estafa procesal responde al esquema técnico de la estafa, que descansa en tres pilares: el fraude, la inducción a error a través de aquel, y una disposición patrimonial disvaliosa, consecuencia directa de la actividad del primero y de la sumersión en el segundo” [1].
No es otra cosa la deuda tomada por el gobierno de Cambiemos por más de 100.000 millones de dólares, de los cuales 24.000 millones se usaron para pagar deuda vieja, entre ellos los 9.300 millones de dólares que se le abonó a los fondos buitres encabezados por NML Capital y Elliot Management Corporation de Paul Singer. Pero hubo otra parte de la deuda en divisas que tomó el Tesoro de la Nación en la gestión de Cambiemos, por 86.200 millones de dólares (que incluye el crédito del FMI por 44.559,9 millones de dólares), y como el Tesoro de la Nación paga sus gastos operativos en pesos, le vendió esos dólares al BCRA y el BCRA se los vendió a los bancos y estos los compraron para sí o para sus clientes.
La deuda con el Fondo Monetario Internacional no fue autorizada por el Congreso de la Nación, como lo determina el artículo 75, inciso 4, de la Constitución Nacional que dice que es atribución del Congreso “contraer empréstitos sobre el crédito de la Nación” y fue tomada en forma arbitraria e inconstitucional, incluso violando el inciso a) del artículo 6º del Convenio Constitutivo del FMI [2] que obliga a la institución a realizar un monitoreo para ver el destino de los fondos y no solo no se hizo, sino que se le prestó al gobierno de Cambiemos en plena corrida cambiaria, cuando el BCRA de esa gestión vendía sin límite las reservas internacionales, hecho que de por sí tornaba más previsible que se endeudaba al país para posibilitar la fuga.
Como ni el Poder Judicial ni la AFIP en cumplimiento de sus misiones y funciones investigaron la deuda, esto es, saber si los balances presentados por las empresas y las Declaraciones Juradas de impuestos de las personas contemplaban las compras de dólares realizadas, el senador Oscar Parrilli presentó un proyecto de ley que faculta al Congreso de la Nación para realizar esa tarea. Proyecto que fue aprobado por el Senado y que cuenta con dictamen favorable por la mayoría de los miembros de las dos comisiones a las que le compete el tema en la Cámara de Diputados (Legislación General y Presupuesto y Hacienda). Sin embargo, duerme el sueño de los justos y no se lleva el dictamen al recinto de esa Cámara para su tratamiento.
Paralelamente, sin haber concretado esa imprescindible investigación, religiosamente se pagan los intereses del total de esa deuda a costa del presupuesto de la Administración nacional, que se realiza a través de un irracional ajuste, que reduce el gasto total sobre el Producto Bruto Interno.
Es más: El Ministro Sergio Massa se presentó el jueves 24 de noviembre de 2022 en el Capítulo Argentino del Consejo Interamericano de Comercio y Producción (CiCyP), en el que habló ante representantes del autodenominado G6 (Sociedad Rural Argentina, Unión Industrial Argentina, Cámara Argentina de Comercio y Servicios, Bolsa de Comercio de Buenos Aires, Cámara Argentina de la Construcción y Asociación de Bancos Argentinos, además de la Cámara Industrial de Laboratorios Farmacéuticos Argentinos), y ponderó como un logro evidente de sus 113 días de gestión, la reducción del déficit fiscal, consecuencia del orden fiscal prometido cuando asumió esa función, cuando dijo que el Tesoro Nacional no se financiaría más en el Banco Central. Prefiere colocar títulos de deuda mayoritariamente ajustados por inflación y/o por dólar oficial a opción de su tenedor, esto es pagar intereses en bonos públicos y ante una corrida inflacionaria y/o cambiaria, el que corre riesgo es el Estado nacional.
La irracionalidad es mayúscula cuando observamos que en mayor o menor medida todos los países se financian con su banco central, siendo la emisión monetaria un recurso no menor, la prueba, en 2021 la Argentina tuvo un déficit financiero total del 4,52% del PBI, muy por debajo de países como Estados Unidos (16,7 %), Bolivia (9,5%), Japón (7,6%), Islandia (8,9%), Australia (7,8%), Chile (7,5%), Italia (7,2%), Colombia (7,1%), España (6,9%), Francia (6,5%) o el Reino Unido (6%). Con el 4,52% del PIB de déficit registrado en 2021, la inflación en la Argentina fue ese año del 50,9%, mientras que en los países mencionados la inflación fue: 7% anual en Estados Unidos; 0,9% en Bolivia; 0,8% en Japón; 5,1% en Islandia; 3,5% en Australia; 7,2% en Chile; 6,5% en España; 2,8% en Francia; y 5,4% en el Reino Unido. Entonces la emisión no es la principal causa de esta, el Tesoro deja de financiarse con el BCRA (con un límite muy severo del 1% del PIB para este año 2022 y del 0,6% del PIB para el año 2023) para generar negocios al capital financiero.
Pero lo más importante es lo que afirmó en esa reunión el ministro: «Quienes tenemos la responsabilidad de administrar tenemos la obligación de hacer respetar y cumplir la palabra que empeña nuestro país o nuestra nación en cada uno de los foros internacionales”. Y esa es la estafa procesal, está reconociendo toda la deuda y se la hacen pagar al pueblo argentino (“la obligación de hacer respetar y cumplir la palabra que empeña nuestro país o nuestra nación en cada uno de los foros internacionales”), pero no considera obligación saber dónde se fue esa deuda, quiénes compraron los dólares y los fugaron. Deuda que benefició a una minoría parásita y rentista, que incluso son los que le prestan al Estado argentino comprándole los “bonos dual” y demás títulos de deuda de la Administración nacional.
Irracional ajuste fiscal
El gasto primario (contempla todos los gastos, excluido expresamente los intereses de la deuda) del sector público nacional en octubre de 2022 fue de 1,6 billones de pesos y presentó una suba de 63,5% con respecto al mes de octubre de 2021 y, el gasto primario acumulado en los 10 meses del año fue de 13 billones, lo que significa un acrecentamiento interanual de 72,4%, cuando la inflación en dicho lapso fue del 88 %, por ende, la reducción del gasto acumulado del sector público nacional en los primeros diez meses del año fue en términos reales del 15,6%. Y el ajuste es cada vez mayor, dado que si tomamos solo el mes de octubre de 2022 contra octubre de 2021, la reducción del gasto es del 24,5% (al porcentaje de aumento nominal se le descuenta la inflación).
Quiere decir que el gasto real desciende, primero con respecto al año 2021, cuando el ministro Martín Guzmán realizó a su vez, una exacerbada reducción del gasto público, donde el acumulado de los primeros 10 meses del año 2021 el gasto primario fue de 7,6 billones de pesos significando un acrecentamiento de solo el 38,18% en términos nominales con respecto a los diez meses del año 2020 y la inflación en igual período fue de 51,2% (el ajuste del gasto fue del 13%).
Segundo, se profundiza el ajuste mes a mes desde agosto de 2022 —el 3 de ese mes asumió Sergio Massa como ministro—, dado que el gasto en octubre 2022 es menor en términos reales que el de septiembre y este, que el de agosto de 2022.
Finalmente, la recaudación tributaria de octubre aumentó con respecto a octubre de 2021 en un 92,8% y la recaudación total acumulada de enero a octubre 2022 contra igual período de 2021 lo hizo en un 78,8% anual.
El buen desempeño de la recaudación tributaria de octubre 2022 se debe fundamentalmente a los derechos de exportación por la liquidación tardía de 8.143 millones de dólares en septiembre y porque el impuesto a las ganancias, que presentó un incremento del 128,5% interanual, para sumar algo más de 507.000 millones de pesos en octubre, es porque las sociedades pagaron la primera cuota adelantada del año 2023 [3].
El ajuste fiscal se produce por la reducción del gasto y el déficit fiscal en términos reales fijados por las decisiones administrativas 826 y 827 de agosto de 2022 [4] y porque la recaudación crece más que el gasto. De esa manera, el déficit primario cayó en octubre un 89,3% interanual y, a su vez, la mayor reducción del gasto se realizó en subsidios a la energía, en transporte y en el gasto social.
Las prestaciones sociales (que son el mayor porcentaje del gasto público) acumuladas en los diez primeros meses del año 2022 fueron de 7,1 billones de pesos, incrementándose en un 71,6% con respecto a igual lapso de 2021 (que sumó 4,2 billones), contra una inflación interanual del 88%. Dentro de ella, las jubilaciones y pensiones contributivas aumentaron en un 67,6% (quiere decir que el pago de las jubilaciones y pensiones en promedio, desde enero a octubre 2022 contra igual lapso de 2021 cayeron en un 20%) para pasar a ser de un total de 4,3 billones contra los 2,6 billones de igual período del año 2021.
Semejante ajuste fiscal, disminuyendo los haberes de los jubilados y pensionados, es para poder contar con más pesos y pagar los intereses de la deuda que, de enero a octubre 2022 fue por 679.329,5 millones de pesos (el 4,9% del presupuesto nacional).
En síntesis
El Gobierno Nacional se aferra al FMI y lleva adelante un severo plan de ajuste del gasto público, con lo que además de injusto para la población, implica una menor demanda agregada, convirtiéndose en un mecanismo de desaceleración del nivel de actividad.
En la Argentina, cuando se reduce el gasto público impacta sobre el consumo y con ello se entra a frenar la economía interna, siendo próspera la externa, y con ello la extranjerización y la concentración en actividades rentables (petróleo, gas, litio, agronegocios, sector financiero) en desmedro de la población que mayoritariamente está ligada al peso (a la moneda nacional).
Es más, la presión constante a la depreciación del peso se logra para que sea cada vez más costoso pagar la deuda (cada vez son más caras en pesos las divisas). Máxime que básicamente se están pagando solamente los intereses de una deuda que, en octubre, 2022 suma 384.804 millones de dólares y, en el segundo semestre de 2024 comienzan los primeros vencimientos del capital.
Y allí se cierra el circuito que Jorge Luis Borges relata en su Poema conjetural: “Al fin he descubierto la recóndita clave de mis años, la suerte de Francisco de Laprida, la letra que faltaba, la perfecta forma que supo Dios desde el principio”.
Que para nuestro país significa ceder nuestros recursos naturales (agua, tierra, petróleo, gas, litio, Río Paraná, etc.) en el altar de una deuda que no se investigó y que es la estafa procesal del siglo XXI, como otras deudas lo fueron en el siglo XIX y en el siglo XX.
[1] «Kamenzein», 12/2/91, LA LEY, 1991-C, 269. En idéntico sentido, sala I, «Guetzugutchikian, E.», 30/10/95; Id., «Cuttat, J.», 28/8/97; «La Rosa, J.», 22/10/97; «Ruiz, E.», 18/2/98.
[2] Artículo 6to, inciso a: «…ningún país miembro podrá utilizar los recursos generales del Fondo para hacer frente a una salida considerable o continua de capital, y el Fondo podrá pedir al país miembro que adopte medidas de control para evitar que los recursos generales del Fondo se destinen a tal fin. Si después de haber sido requerido a ese efecto el país miembro no aplicara las medidas de control pertinentes, el Fondo podrá declararlo inhabilitado para utilizar los recursos generales del Fondo».
[3] En lugar del impuesto a la renta extraordinaria, se acordó con las grandes empresas que paguen en el año 2022 a cuenta de la liquidación del impuesto a las ganancias del año 2023 (que significa menor ingreso para ese año).
[4] La decisión administrativa 826 del 22/08/2022 disminuye el presupuesto vigente en $ 210.000 millones (esencialmente en salud, educación, vivienda y otras obras públicas) y la DA 827 del 22/08/2022 dispone el congelamiento de los puestos públicos.
Fuente: www.elcohetealaluna.com