La CTA Autónoma de la provincia de Córdoba volvió a expresar su rechazo a la Ley de ART, porque “forma parte de la ofensiva impulsada por el Gobierno Nacional y las patronales con el objetivo de flexibilizar el mercado de trabajo y disminuir los costos laborales”.
La CTA-A recordó que “la Unicameral de Córdoba adhirió en mayo de 2017 a la Ley Nacional de Aseguradoras de Riesgos del Trabajo (ART) lo que implicó la imposición de las juntas médicas por sobre la Justicia Laboral, la resignación de la soberanía cordobesa para proteger a sus trabajadores, garantizar el negocio de las ART y avanzar en la desarticulación de los derechos laborales”.
La Central denunció que “más de 7.000 trabajadores por año son víctimas de enfermedades y muertes en ocasión del trabajo. Por eso lo que hay que discutir son las medidas de prevención, condiciones y medio ambiente de trabajo, en lugar de tarifar la vida de los obreros”.
La vida no vale nada
La normativa nacional promulgada en 2017 empeora las regresivas modificaciones previas. El objetivo central es disminuir los juicios laborales por desaliento, mediante un dificultoso y posiblemente infructuoso en el corto y mediano plazo acceso a la justicia.
La nueva legislación establece una instancia obligatoria antes de la instancia judicial, la de las Comisiones Médicas, algo que estaba legislado pero había sido declarado inconstitucional por la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Se vulneran así derechos constitucionales, como el de acceso a la justicia.
La Ley Nacional aprobada con modificaciones en Córdoba, cuenta además con el escollo de que el trabajador tiene un plazo de caducidad. Tras el dictamen de la Comisión Médica sobre la enfermedad o accidente el trabajador tiene 45 días hábiles para acceder a la justicia, o su derecho queda caduco. Algo discriminatorio respecto del resto de los ciudadanos, se vulnera el derecho de igualdad y la no discriminación.
Como bien lo afirma el compañero Carlos del Frade, periodista, escritor y Diputado Provincial santafecino por el Frente Social y Popular (FSyP): ” Las principales 9 Aseguradoras de Riesgo de Trabajo facturaron el año pasado nada menos que 84.588 millones de pesos. Su negocio está en los accidentes laborales y las enfermedades profesionales. Si se cuidara la salud, si se hicieran las inversiones para proteger a las y los trabajadores, las ART no tendrían semejante volumen de ventas. Pero por eso necesitan una ley que desprecie la protección de las y los hacedores de la riqueza. De allí que necesiten imponer los criterios médicos por encima del concepto de justicia laboral”.
Pese a que la legislación se aprobó con el objetivo de reducir lo que ellos llaman “la industria del juicio”, el nivel de litigiosidad en Córdoba subió un 72,4 por ciento durante el primer trimestre del año contra igual período de 2018, con 850 juicios iniciados contra 493 del lapso previo, precisó un informe elaborado por la Supertintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT).