Las dificultades para mantenerse en el mercado laboral formal son mayores para las mujeres. El gobierno niega el trabajo reproductivo y de cuidado, y castiga negando el derecho a una jubilación.
El 26 de junio se prorrogó el plazo para que las mujeres que cumplieran 60 y fueran menores de 65 años pudieran presentarse a la moratoria previsional en forma voluntaria para regularizar los años que no pudieron aportar a través de un descuento en la jubilación que se les otorgaría.
Lo que en principio pareció una buena noticia, rápidamente se tiñó con la realidad. La prórroga era meramente una formalidad que se maquilló de solución pero que termina dejando cada vez más gente afuera de la posibilidad de que su trabajo reproductivo, de cuidado o informal sea reconocido y de jubilarse.
Según los datos oficiales de INDEC, en toda la Argentina, a fin de 2018 se estiman 1.076.028 mujeres entre 55 y 59 años que estarían cerca de cumplir con la edad para jubilarse en los próximos años. De todas ellas sólo el 55% (588.248) tienen aportes, el restante 45% no.
El informe del CEPA “Una moratoria que no es universal” describe los datos así: “Del 55% que tiene aportes, sólo 113.231 superan los 20 años aportados. Es decir, solamente el 10,5% de las mujeres presenta condiciones relativamente cercanas a la posibilidad de jubilarse. En efecto, no todas las mujeres con aportes de más de 20 años llegarían a los 30 años de aportes.”
Y armaron una tabla explicativa:
