La Organización Internacional del Trabajo dio a conocer hace unos días un documento en el cual aborda la problemática de las privatizaciones de los sistemas de fondos jubilatorios y pensiones en nuestra región y recomienda vuelta a los sistemas colectivos y estatales.
En varios países de la región, se está impulsando el avance de una privatización sobre los sistemas de previsión social de carácter público, los cuales permiten que trabajadores y trabajadoras puedan a acceder a una fuente de sustento una vez llegada la vejez.
En países como Chile, Brasil y Argentina se han visto, en diferentes grados, determinadas maniobras por parte de gobiernos que atentarían sobre los derechos de nuestros pueblos en función de privilegiar a los intereses del sector privado y transnacional.
Por Juan Castiñeira
En este marco, La Organización Internacional del Trabajo, a través de su informe “La reversión de la privatización de las pensiones: Reconstruyendo los sistemas públicos de pensiones en los países de Europa Oriental y América Latina (2000-2018)”,detalla los daños que se han generado en los países contemplados en la investigación, a causa de la privatización de los sistemas de seguridad social.
El documento hace un recorrido iniciando a finales del siglo XX donde los organismos financieros internacionales incluido el Banco Mundial llevan a cabo una campaña para convencer a los países a seguir el ejemplo de Chile en relación a privatizar el sistema de pensiones.
Según estos organismos, los sistemas públicos eran insostenibles debido al envejecimiento demográfico, ineficientes y generaban presiones fiscales muy elevadas. La solución que propusieron fue privatizar los sistemas de pensiones, ya que según ellos, iba a generar mayor cobertura, más eficiencia por la competencia del mercado y más rentabilidad de las inversiones por ende la gente iba a recibir mejores pensiones.
En este marco, 30 países privatizaron sus sistemas de previsión, pasando de un modelo de seguridad social colectivo administrado por el Estado a uno privado, individual y manejado por grandes empresas privadas. De estos Estados, 14 son de Latinoamérica y fueron el terreno de prueba donde se inició la privatización.
Entre las consecuencias de la privatización la OIT destaca:
Un estancamiento y disminución en las tasas de cobertura: la mayoría de los países registraron una disminución en las tasas de cobertura de los sistemas contributivos. En Argentina las tasas de cobertura se redujeron en más del 20 por ciento. Se observaron efectos similares en Chile y México, mientras que en otros países (por ejemplo, Bolivia, Uruguay) la cobertura se estancó.
Deterioro en los niveles de beneficios: la privatización tuvo un impacto negativo en la suficiencia de los beneficios, pues las tasas de reemplazo a menudo no cumplen con las normas de la OIT, creando importantes protestas sociales y haciendo impopular la privatización de las pensiones. Esto dio lugar a un aumento de la pobreza en la vejez, afectando el objetivo principal de los sistemas de pensiones.
Deterioro del diálogo social: La mayoría de las reformas estructurales se llevaron a cabo sin un diálogo social adecuado, lo que posteriormente condujo a cuestionar su legitimidad. Antes de la reforma, la mayoría de los fondos de pensiones tenían alguna forma de gobernanza tripartita a través de los representantes de los trabajadores, los empleadores y el Estado. La privatización eliminó esa participación en el nuevo sistema, a pesar de que los trabajadores eran los únicos cotizantes y propietarios de las cuentas individuales.
En este marco, la OIT recomienda la reversión de las privatizaciones de los fondos de pensiones ya que, dentro de los beneficios que trae, reduce los costos administrativos genera impactos fiscales positivos, debido a que cuando se estatizan los fondos privados, los gobiernos mejoraron sus finanzas en el corto plazo. La transferencia de los activos acumulados y de las cotizaciones del sistema privado al público tuvo un impacto positivo en las finanzas y el balance fiscal de las pensiones.
La mayoría de las contrarreformas dieron lugar a un aumento de la cobertura, incluso mediante la creación o el fortalecimiento de las pensiones sociales. La introducción y extensión de prestaciones no contributivas y mayores tasas de sustitución de los regímenes de reparto reintroducidos, el riesgo de caer en la pobreza en la vejez se ha reducido significativamente. Además, al recuperar los fondos de pensiones, los gobiernos que impulsaron la reversión, pudieron invertir parte de los fondos nacionalizados en diferentes políticas públicas.
INFORME COMPLETO:
Fuente: www.clate.org