Por Guillermo Posada
Con una gran movilización de comunidades originarias por el centro de la Capital cordobesa, el conflicto ambiental tuvo el viernes pasado otra expresión callejera, donde se cruzan protestas públicas y planteos judiciales un día si y otro también, donde se pone en juego la existencia de lo poco que queda del bosque nativo en la provincia, la sustentabilidad de la castigada cuenca hídrica que alimenta a 1.5 millones de habitantes de la ciudad de Córdoba y pueblos aledaños, así como numerosos yacimientos arqueológicos arrasados por grandes maquinarias.
Si bien la cuestión ambiental está presente en el discurso público provincial desde hace al menos dos décadas, cuando el corrimiento de la frontera agrícola evidenció el choque entre el desarrollo agroindustrial con los centros urbanos y eliminando a destajo el Bosque Nativo hasta dejarlo como un archipiélago de micro islas, en algunos momentos puntuales se extreman las movilizaciones.
Así como fue notoria la resistencia a la instalación de una fábrica semillera de maíz transgénico en la localidad cordobesa de Malvinas Argentinas, obligando a la empresa Monsanto en 2016 a tomar otro rumbo con el proyecto, desde hace un año a esta parte las asambleas ambientales del Valle de Punilla, principal foco turístico cordobés, resisten igualmente la construcción de una autovía a cargo de una empresa de gobierno provincial, cuya primera etapa se extiende desde el Lago San Roque hasta la ciudad de La Cumbre, en paralelo a la ruta provincial 38 en sentido norte-sur, y que su proyecto final prevé extenderla hasta Capilla del Monte.
Su traza, denuncian, afectará brutalmente el Bosque Nativo, las cuencas hídricas y ciertos yacimientos arqueológicos de los pueblos originarios del valle, cuyos efectos consideran «irreparables».
Por caso, el lago San Roque afronta un proceso de contaminación por toxinas, derivadas de los volcados cloacales de las ciudades y pueblos de la región, al tiempo que alimenta el sistema de agua potable de Córdoba Capital. La Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH) regional Córdoba presentó hace 10 días los resultados de un estudio realizado sobre el agua de red de la ciudad de Córdoba: en un litro de agua hay 17 microgramos de microcistina, 17 veces más que lo permitido por la Organización Mundial de la Salud (OMS).
Los ambientalistas sostienen que a la falta de redes de tratamiento cloacal se suman los desmontes en la zona como efecto contaminante porque al no haber árboles que retengan la materia orgánica las lluvias la derivan al espejo de agua, profundizando un problema sin solución aparente. Desde hace años, los turistas tienen prohibido bañarse en el lago.
Hábeas corpus preventivo
Las protestas tuvieron como respuesta oficial detenciones en flagrancia, un festival de imputaciones generalmente baja la carátula de “resistencia a la autoridad” pero también utilizando otras figuras penales como “turbación de posesión” de terrenos privados.
Frente al panorama desgastante y desolador por la guerra de baja intensidad de la Policía cordobesa y la Fiscalía Provincial de la ciudad de Cosquín, con jurisdicción en Punilla, las asambleas se hicieron presentes a finales de julio con una movilización a la sede del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), pasando luego a ocupar pacíficamente un salón interno del edifico donde reclamaron ser atendidos por la máxima autoridad del Poder Judicial cordobés.
La solución para evacuar el edificio tras 12 horas fue acordar la presentación de un hábeas corpus colectivo, que por encontrarse de turno recayó en el Juzgado de Control y Faltas 9° a cargo de Celeste Ferreyra, donde plantearon los vejámenes a los que se ven sometidos los activistas ambientales y fundamentando en el Acuerdo de Escazú la potestad que tienen a que el Estado garantice el pleno derecho a la protesta.
Ferreyra respondió casi un mes después al hábeas corpus preventivo exhortando a la Policía de la Provincia de Córdoba a que se abstenga de realizar detenciones en el marco de protestas ambientales en tanto sean pacíficas y fundamentando en el Acuerdo de Escazú. La Argentina adhirió a ese tratado internacional y le dio fuerza de ley, a través de la aprobación de la 27.566, que reconoce a “las personas, asociaciones, organizaciones o grupos que promuevan la protección del medio ambiente —defensores ambientales— como legitimados para tener acceso a la información de manera oportuna y adecuada, a participar de manera significativa en las decisiones que afectan sus vidas y su entorno y a acceder a la Justicia cuando estos derechos ambientales hayan sido vulnerados”, según argumentó en los fundamentos del auto judicial.
Se trata de un duro golpe para el gobierno de Juan Schiaretti y en particular para el ministro de Seguridad Alfonso Mosquera, muy cuestionado por su conducción de la policía cordobesa. El abogado de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, Claudio Orosz, la evaluó como la segunda peor de la historia de la democracia cordobesa, después de la ejercida por el radical Oscar Aguad, que puso de jefe de Inteligencia Criminal de la Policía al genocida Carlos Yanichelli El Tucán Grande, condenado a cadena perpetua en 2010 (junto con Videla y Menéndez, entre otros) por el fusilamiento de 31 presos políticos en la ex cárcel de San Martín.
La jueza Ferreyra dio por ciertas las denuncias de malos tratos, hostigamientos, persecuciones y detenciones arbitrarias del colectivo ambientalista y prohibió a la policía realizar medidas que impliquen limitaciones o amenazas a la libertad ambulatoria a los defensores de derechos humanos en asuntos ambientales que lo integran, en tanto no estén cometiendo delitos.
Brutalidad azul
Los ambientalistas habían denunciado intervenciones policiales de carácter represivo ante
- el violento desalojo judicial a una anciana campesina de la vivienda que ocupaba en Salsipuedes, a los golpes y en plena lluvia;
- el desalojo de los defensores ambientales en protesta en la localidad de Molinari, en horas de la madrugada, a los golpes y tirones de pelo, empujados descalzos hacia el monte y desconociéndose el paradero de muchos durante horas;
- dos desalojos en Paravachasca de sendos acampes, uno con orden de un fiscal pero el segundo sin ningún documento que acredite orden judicial;
- un grupo de vecinos y periodistas desalojados a empujones de un predio a la vera del lago San Roque cuando reclamaban a la constructora Chediak los documentos que habilitaban la intervención en el lugar frente a posibles delitos ambientales, entre otros.
En esa línea, la jueza Ferreyra exhortó a la Jefa de la Policía, comisaria general Liliana Rita Zárate Belletti, para que “haga conocer a todo el personal de la Policía (… ) que en el ejercicio de (…) la ley de Seguridad Pública de la Provincia de Córdoba y con el Protocolo de actuación policial para el uso legal y racional de la fuerza en la Provincia de Córdoba, la privación de la libertad sólo procede con carácter excepcional y cuando resulte absolutamente necesaria”.
En tanto, por último, recomendó al gobierno de la provincia a que elabore “un protocolo destinado específicamente a regular las prácticas y criterios de actuación de las fuerzas de seguridad en manifestaciones sociales que tengan por fin proclamar o defender derechos reconocidos por la Constitución Nacional y Tratados Internacionales, entre ellos los derechos ambientales reconocidos por el Acuerdo de Escazú”. La magistrada dejó en claro ante una consulta para esta nota que el planteo de fondo no se refiere solo a la intervención policial frente a protestas derivadas de conflictos ambientales sino “al conflicto social en general”.
La respuesta del Ministro Mosquera fue ignorar la resolución judicial y continuar con las detenciones. De hecho, el 6 de septiembre la policía detuvo a seis activistas que filmaban el avance de maquinaria en un yacimiento arqueológico en el oeste de Santa María de Punilla. Todos terminaron imputados.
El referente de la CTA Autónoma de Punilla y periodista de Radio Panamericana de Huerta Grande, Juan Yacobs, explicó que “el lugar estaba registrado en el estudio de impacto ambiental como sitio arqueológico y paleontológico a preservar, porque contenía etapas líticas, precolombinas y criolla. Pero las máquinas avanzaron igual y destruyeron todo”.
El caso derivó en una denuncia en la fiscalía Federal N°1 por “destrucción de patrimonio arqueológico, que es materia federal según la ley 25743”, dijo la abogada Marcela Fernández que asesora a las asambleas ambientales con otros letrades. La investigación se encuentra en secreto de sumario.
Fernández dijo que actualmente son 22 el total de defensores ambientales “imputados por detenciones en el marco de las protestas realizadas durante el movimiento de suelo con maquinaria pesada en territorio de resguardo patrimonial”.
Contexto
Los casos de brutalidad policial de Córdoba sobrevuelan el ambiente porque algunos de ellos salieron a la luz pública precisamente en Punilla y ponen los pelos de punta a las organizaciones, pero también al gobierno provincial cuya política de seguridad está muy cuestionada por los casos de gatillo fácil, el asesinato por asfixia en la Comisaria de La Falda de Jonatan Romo o la desastrosa investigación del feminicidio de Cecilia Basaldúa en Capilla del Monte.
En ese caso la pesquisa policial apuntó al joven Lucas Bustos y la fiscal de Cosquín, Paula Kelm, en base a los testimonios policías lo terminó procesando. Los efectivos habían declarado que el chico confesó el crimen en la comisaria, pero durante el juicio oral el tribunal resolvió su absolución por falta de pruebas. La fiscal Kelm es el principal soporte de la acción policial en el Valle de Punilla.
Consultada la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación sobre la resistencia del Gobierno de Córdoba para cumplir el hábeas corpus preventivo, por medio de área de prensa, tanto el secretario Horacio Pietragalla como el director de Violencia Institucional Mariano Przybylski declinaron hacer comentarios al respecto.
Fuente: www.elcohetealaluna.com