Una crónica-análisis sobre los biocombustibles en su afán por una economía sustentable con rédito político, pero a la vez marcando un posible antecedente judicial a partir del caso Porta Hnos.
Por Lea Ross
Miércoles 19 de octubre. Ciudad de Córdoba. Complejo Ferial.
El gobernador no necesita papeles en mano para dar su discurso. Desde el año pasado, viene repitiendo las mismas frases para hablar de biocombustibles. En este caso, lo hace en el Primer Congreso Internacional del Maíz, organizado por las tres provincias con las tierras más ricas en nutrientes: Córdoba, Santa Fe y Entre Ríos.
Frente a un público habituado a manejar Pick-Ups, dispersar agroquímicos y procesar datos antes de cada cultivo, Juan Schiaretti disminuye las repeticiones de las palabras “Córdoba” y “cordobeses” para evitar la autorrefencialidad. A lo sumo, dice que “si algo caracteriza a Córdoba es el complejo agroalimentario” y que lo considera como “la base del progreso”.
Su provincia cuenta con el 40% de la producción nacional del maíz y con el mismo porcentaje en la elaboración de bioetanol, que “van en la dirección de tener una mejor ecología”. Solo tres empresas registradas se encargan de ese trabajo: Bio4 de Río Cuarto, ProMaíz de Alejandro Roca y ACABio de Villa María. Sin embargo, señala que, a nivel nacional, solo la cuarta parte de la cosecha maicera se procesa para obtener ese alcohol, a diferencia de Brasil, que llega al 60%, y Estados Unidos, al 80%: “No hay razón lógica o valedera para que nosotros no lo hagamos”, ya que garantiza “valor agregado, cuidado del medio ambiente y más inversión. Y cuando hay más inversión, hay más puestos de trabajo. Y solo el trabajo permite el progreso de los pueblos, el desarrollo sostenible y el ascenso social”.
Schiaretti termina con la proeza de que su provincia espera que, a largo plazo, el 100% del combustible no dependa más de los hidrocarburos, sino de sus propias plantaciones. ¿Es posible o no? Mucho no importa si se logra. Lo que importa es de qué manera se puede capitalizar a nivel político a la hora de rastrear una construcción nacional alternativa y federal (federal desde la óptica de la pampa gringa).
***
Lunes 23 de octubre de 2022. Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Plaza Lavalle.
“¿Dónde apuntamos los parlantes?”. Es lo que se pregunta un puñado de cordobeses que instalan una rústica radio abierta, teniendo al edificio de la Corte Suprema de Justicia de la Nación al frente. “Si la idea es difundir esto, habría que apuntar a la gente que camina por la plaza. Pero si queremos que los jueces sepan que estamos acá, hay que girar los parlamente y apuntar a los tribunales”.
Son más de 50 habitantes de la provincia de Córdoba (sea de la ciudad capital o de los distintos valles serranos y traserranos) que llegaron hasta la Capital Federal para exigir que los máximos jueces supremos acepten el expediente a analizar sobre el “caso Porta”. Se refiere a la fábrica de destilería, ubicada al sur de la ciudad de Córdoba, donde sus emanaciones de gases impactan en la salud de la comunidad. Además de producir el alcohol en gel más vendido, y los vinagres Casandra y el fernet 1882 (que no son los más vendidos), también invirtieron a partir de 2012 en la producción de bioetanol, en la misma fecha que lxs vecinxs padecieron todo tipo de síntomas, como irritación en los ojos, dolores de cabezas, problemas respiratorios, gastritis y problemas en la piel. Incluso, denuncian casos de fallecimiento de bebés recién nacidos.
Un fallo de la justicia federal confirmó que la planta no cumplió la evaluación ambiental completa, por lo que se le ordenó un plazo para que tenga los papeles al día. Como las vecinas, agrupadas en la organización VUDAS, no quedaron conformes con esa resolución, al considerar que con eso es más que suficiente para que sea erradicada del barrio, apelaron la resolución a la Corte.
Finalmente, se decide dar vuelta los parlantes y apuntar a las ventanas de la Corte.
Como el expediente está en manos del Dr. Néstor Cafferatta, secretario de asuntos ambientales de la Corte, cuatro vecinas de VUDAS se presentan en la entrada de los tribunales para entregarle un petitorio. Un señor de traje, con rasgos “draculianos”, les frena el paso como encargado de seguridad. Ante la desesperación de las vecinas por ser atendidas, el emulo del conde decide notificar a Cafferatta para ver qué puede hacer al respecto. El dichoso momento quedó registrado en el siguiente video, con las palabras del mismísimo Cafferatta en una de sus obras sobre el derecho ambiental:
***
Los biocombustibles empujan la segunda generación del agronegocio. Desde hace un cuarto de siglo, con la llegada de la soja transgénica al país, se hablaba de “monocultivo”, “exportador” y “primarización”. Hoy, parte de la expansión de los cultivos de soja, maíz y caña de azúcar para el procesamiento de biodiésel y bioetanol reconfiguran ese mapeo donde se presenta una suerte de duopolio (en particular, por la soja y el maíz) con valor agregado y de consumo local. A esto se le suma la promesa de lograr una mejor calidad de vida, al disminuir la dependencia de combustibles fósiles.
Sin embargo, este año, un informe elaborado por la Universidad de Wisconsin, y publicado por la Academia Nacional de Ciencias de EE.UU., concluyó que el bioetanol estadounidense no solo elevó los precios del maíz, que conllevó una inflación en los precios de los alimentos, sino que además generó más problemas ambientales: “De 2008 a 2016, el cultivo de maíz en los EE.UU. se expandió un 8,7 %, cubriendo 2,8 millones de hectáreas adicionales. Este aumento de la agricultura ha ido acompañado de un mayor uso de fertilizantes (de un 3% a 8% adicional cada año), una mayor degradación de la calidad del agua (un aumento del 3% al 5% en la lixiviación de nitratos y la escorrentía de fósforo) y más emisiones de carbono atribuibles a los cambios en el uso de la tierra”. Todo eso lleva a que si se hacen análisis globales, el desprendimiento de carbono estaría por arriba de un 24% al del rubro de las naftas.
Por ese motivo, a pesar de lo que se dice desde acá, en Europa se plantea la necesidad de cambios generaciones en la naturaleza de la materia prima para obtener combustibles sustentables. Si en la primera se centra en cultivos agrícolas, la próxima se enfoca en cultivos desprendidos de la comercialización alimenticia. E incluso, pensando en una tercera generación, donde directamente no dependan de la plantación de suelos, como sería el caso de los residuos orgánicos o de especies acuáticas.
***
Lunes 23 de octubre de 2022. Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Corte Suprema de Justicia.
Sentado en su escritorio, Cafferatta recibe al falso conde encargado de seguridad, donde le notifica que cuatro cordobesas le piden hablar con él para entregarle un petitorio. Él sabe que ellas vinieron acompañadas de quienes gritan su nombre desde la plaza: “¡Cafferatta, sacala del cajón!”. Sea por incomodidad o por complacencia, cede ante el pedido: “Díganles que en 20 minutos, estoy dispuesto a recibirlas acá, en mi oficina”.
***
Miércoles 26 de octubre de 2022. Ciudad de Córdoba. Ciudad Universitaria.
“Hubo un cambio en el 2014, donde en el Producto Bruto Geográfico de Córdoba, la industria era el que tenía mayor peso. A partir de 2015, pasó a ser la actividad agrícola… ¿No sé si me estoy excediendo con el tiempo?”, pregunta el joven economista Pablo Díaz Almada, mientras mira al próximo expositor, Claudio Lozano. Le contesta que siga para adelante, para conocer en profundidad sus aportes sobre la economía cordobesa.
Para cuando le toque hablar, el economista y activista del Frente de Todos no tiene problema en decir que el actual presidente, Alberto Fernández, padeció una suerte de “golpe de mercado” al tener un rol meramente protocolar en el momento en que Sergio Massa se hizo cargo de las áreas de Economía, Producción y actividades agrícolas del país, debido a sus “relaciones carnales” con los gobiernos de los Estados Unidos. Eso le implicó su descabezamiento en el directorio del Banco Nación.
Como director de esa banca, Lozano recuerda un relevamiento, que habían realizado, donde confirmaron que el 20% de la capacidad de productores y proveedores podían dejar de depender de las importaciones y conseguir los materiales que se brindan desde la economía local: “Por ejemplo, se otorgaban líneas preferenciales de créditos a Aceitera General Deheza. El 52% de lo que AGD importaba lo podían haber comprado acá”.
AGD es dueña de Promaíz SA, la principal fabricante de bioetanol maicera en Córdoba y en el país. La clave de porqué la empresa, también sojera, de Roberto Urquía demandaba dólares para conseguir esos insumos, cuando podía conseguirlos desde aquí, estaría enfocado en el otro socio de Promaíz: la cerealera Bunge, con sus oficinas en Nueva York.
Algo parecido ocurrió con Vicentín, la cerealera santafecina en quiebra y principal cabeza de la producción de biodiésel de soja. Fue el propio Lozano que, hace dos años atrás, le entregó al presidente Fernández documentos que exponían que, durante el macrismo, el Banco Nación había otorgado irregulares créditos a esa compañía, con accionistas extranjeros.
“Estamos sin discutir quiénes son los dueños de los dólares: ¿la Argentina o los exportadores? ¿Los exportadores podrían exportar si no existiera la Argentina? Los dólares son nuestros. Ellos tienen que vivir en moneda local”, relata Claudio, quien recuerda que la merma de divisas no necesariamente debería implicar la parálisis de la economía, al haber rubros como la construcción, la producción de alimentos y la vestimenta textil que, en gran parte, se maneja en pesos: “Una verdadera estrategia sería fortalecer aquellos sectores, articuladas con una estrategia de sustitución de importaciones”.
Si empresas como AGD en el caso del bioetanol y Vicentín en el caso del biodiésel, no tiene prurito en deteriorar las economías locales, a costa de ocultar sus activos dolarizados al exterior, ¿será que la nueva generación del agronegocio se resolvería con cambios de nombre?
***
Pasaron dos horas de la reunión con Cafferatta.
Las cuatro vecinas salen con una actitud victoriosa. Cafferatta les promete analizar el expediente para que, luego, sea remitido a las distintas oficinas de los supremos.
“Desde adentro, se escucha”, dice una de ellas, en referencia al sonido que salía de los parlantes.
“Pudimos hablar con el señor Cafferatta. No hemos sido maltratada, como en otras instancias. Pudimos contarle lo que el expediente no está”, comenta Silvia, cuya casa está pegada a la casa: “Otro barrio San Antonio es posible. Tener que venir hasta acá fue el último trayecto. En los escritos, no hay un sentir, lo que se padece, el cotidiano, los proyectos de vida, el sacrificio. Eso nunca está escrito en un expediente.
Para Rosa, Cafferatta “escuchó nuestros pedidos. Lo entendió y vamos a ver prontamente. Creo que del cajón no va a dormir. Esperemos que sea positivo todo lo que nos reste en adelante”.
