Senadores de Juntos por el Cambio presentaron un proyecto para criminalizar y penalizar el derecho a huelga y la organización sindical. “Va en línea de lo que los empleadores quieren, y un paso más allá”, sostuvo Luis Campos, del Observatorio del Derecho Social de la CTA Autónoma.
Los y las senadoras de Juntos por el Cambio presentaron un proyecto de Ley Antibloqueo que, según especialistas, atentaría contra el derecho a huelga criminalizando la organización sindical.
“El proyecto es muy sencillo y corto, incluso tiene un sólo artículo que intenta modificar el Código Penal y agregar el artículo 108 bis donde básicamente establece una pena de prisión para aquellas personas que generen algún tipo de bloqueo o entorpecimiento de las empresas estableciendo un agravante cuando esto se dirige a obstaculizar el desarrollo de relaciones laborales y cuando participan dirigentes sindicales”, indicó Luis Campos, coordinador del Observatorio del Derecho Social de la CTA Autónoma, en comunicación con Canal Abierto Radio.
Asimismo, alertó que la iniciativa “establece penas de 2 a 4 años de prisión que incluso se pueden agravar”. Campos sostuvo que “no es ni más ni menos que un nuevo intento de obstaculizar la acción colectiva de los y las trabajadoras” buscando “criminalizar una de las manifestaciones de la huelga que es en la puerta de los lugares de trabajo” y buscando establecer “algunas modalidades” sobre el Derecho a Huelga.
Según el investigador, este proyecto “va en línea de lo que los empleadores quieren y da un paso más allá” buscando no “solo sanciones laborales como los despidos, sino penales como la prisión y en el caso de dirigentes sindicales la inhabilitación para ejercer cargos gremiales a futuro”. “Este proyecto no tiene ni siquiera la chance de ser tratado en el Senado”, aseguró.
“Es un proyecto que se lleva muy mal con la Constitución Nacional –continuó–, con los tratados de derechos humanos y los convenios de la OIT, por lo que no es un proyecto que vaya a tener efectos concretos en sede judicial porque no sortearía ningún tipo de análisis constitucional”, manifestando que “hay una señal política que tiene que ver con mostrarse muy duros y construir un enemigo que serían los dirigentes sindicales y trabajadores que optan por la movilización para los reclamos de derechos laborales”.
A su vez, anticipó que “seguramente estos discursos serán parte de las campañas electorales del 2023” siendo el “objetivo de este proyecto la construcción de un enemigo y no tanto la criminalización efectiva porque no creo que eso pueda sortear análisis jurídicos”. Esto “se desenlaza muy bien con los discursos del Gobierno de Cambiemos”, aseguró analizando el “intento de Reforma Laboral” pretendido por la gestión presidencial de Mauricio Macri.
Fuente: www.canalabierto.com.ar