“El que quiera andar armado que ande armado, el que no quiera andar armado que no ande armado, Argentina es un país libre”. La desconcertante frase que lanzara semanas atrás Patricia Bullrich, a la salida de un restaurante del centro de Río Cuarto, fue captada por las cámaras de Puntal AM y dio la vuelta al país. El desatino corrió como un reguero porque quien pronunciaba esas palabras era nada menos que la ministra de Seguridad de la Nación. Sin embargo, la convulsión quedó confinada a los contados medios críticos, a las redes sociales y a los comentarios en los bares. Dentro del gobierno nacional no vieron motivo alguno para la reprimenda a Bullrich. Más bien lo contrario: desde entonces sus atribuciones no han cesado de expandirse.
Ahora, la cuestionada ministra propició un reglamento que amplía las atribuciones de la Policía para usar sus armas y habilita a los uniformados a disparar por la espalda, sin dar la voz de alto. La Resolución 956/2018 fue publicada el lunes en el Boletín Oficial y, según advirtieron experimentados penalistas de la ciudad, constituye un serio riesgo para los ciudadanos, especialmente para los más desfavorecidos.
El ex juez y dirigente de la CTA local, Oscar Testa, avizoró detrás de la decisión ministerial el riesgo concreto de que se multipliquen los casos de gatillo fácil. y ve con preocupación la señal que se le está dando a la Policía con el nuevo protocolo para el uso de armas de fuego. “Es temerario e innecesario”.
“Hasta ahora siempre se tuvo la clara convicción de que el policía utilizaba el arma como una última circunstancia, es decir, cuando evidentemente la situación ya no ameritaba otro tipo de respuesta. Pero, desde el caso Chocobar para acá nos hemos encontrado con una permanente justificación del uso del arma policial en cualquier supuesto en el que el policía se vea involucrado en una situación de represión del delito. Esto se ha plasmado en el decreto 956/2018 que se publicó ayer”, consideró.
Para Testa, “la doctrina Bullrich” marca un antes y un después porque deja en manos de agentes que muchas veces no cuentan con el entrenamiento ni la experiencia suficientes, la determinación de usar el arma de fuego. “Precisamente, el artículo 5 deja en manos de la policía esa decisión, sobre la base de sus conocimientos, su experiencia, sus miedos, y hasta sus prejuicios diría”.
Ya inmerso en el texto del protocolo, Testa se detuvo en el inciso C3 que autoriza a abrir fuego cuando el delincuente efectuase un movimiento que indique la inminente utilización de un arma. “Ahora bien, en ambientes nocturnos, que es cuando más frecuentemente se dan estas situaciones, ¿quién puede garantizar que el uso será el adecuado?”, se preguntó.
Otro tramo del escrito da licencia para disparar “cuando el delincuente, estando armado, busque ventaja parapetándose, ocultándose, mejorando su situación de ataque, cuando tenga capacidad cierta o altamente probable de producir, aun sin uso de arma, la muerte o lesiones graves a cualquier persona”. Respecto a ese párrafo, Testa fue demoledor: “Ese inciso es francamente terrible porque deja librado al arbitrio absoluto del policía armado la decisión de disparar contra una persona, cuando aún sin arma pueda entender que está causando un riesgo para la vida o lesiones graves a cualquier otra persona”.
“La Justicia se sigue rigiendo por el Artículo 34 y la legítima defensa seguirá siendo la misma; lo que sí me parece muy probable es que si el año que viene mandan un nuevo Código Penal ese artículo va a ser modificado y así como dentro de la legítima defensa está la presunción del que repele el ingreso de alguien a su casa, en horas de la noche, o encuentra a alguien en el interior de su vivienda aún en horario diurna; digo, así también aparecerá la presunción de legítima defensa para los policías que actúen en cumplimiento del deber”, especuló el ex camarista. “Mientras tanto -agregó-, ese privilegio no existe”.
Quienes llevarán la peor parte con este nuevo protocolo serán los sectores más desprotegidos y vulnerables de la sociedad, remarcó Testa. “Allí evidentemente los disparos policiales van a aumentar”.
En sintonía con la advertencia de Zaffaroni, Testa recordó que más allá de lo que hoy dicte el Boletín Oficial, todo aquel policía que termine imputado por hechos de esta índole terminará siendo juzgado a la luz del actual Código Penal.
“Recordemos que este tipo de hechos han llevado a condenas por lo que comúnmente se da en llamar gatillo fácil y que han terminado en penas durísimas para policías”, dijo el exjuez.
Por último, recalcó que frente a esta nueva ola que apunta al endurecimiento de las políticas represivas, quienes corren mayor riesgo son los que potencialmente están más expuestos, es decir, los más humildes.
Fuente: www.puntal.com.ar