Un informe de un centro de estudios regional calcula que 45 millones de personas pasaron a ser pobres desde la llegada de la pandemia a la región, la más desigual del mundo. El desafío de fortalecer los Estados para que el poder económico colabore a salir del pozo.
“En América Latina y el Caribe (ALC), se estima que desde el inicio de la pandemia hemos retrocedido 15 años en la lucha contra la pobreza, alcanzando un promedio de 37 personas en esa situación de cada 100. Al final de 2020, 45 millones de personas, que no eran pobres antes de la pandemia, lo serán. Se estima que 2.7 millones de empresas formales han cerrado y la caída del PIB regional será de -9.1% al cierre de este año”, reza en sus conclusiones un informe con fecha de mediados de diciembre elaborado por la Red Latinoamericana por Justicia Económica y Social (LATINDADD), una organización que agrupa distintas instituciones de países latinoamericanos y que estudia las estructuras económicas en la región.
El informe de LATINDADD resalta a Latinoamérica y el Caribe como la región más desigual del mundo en términos de distribución del ingreso: “El 10% más rico de la población capta 22 veces más de la renta nacional que el 10% más pobre. El 1% de los más ricos obtiene el 21% de los ingresos de toda la economía, el doble de la media del mundo industrializado”. Pero estos porcentajes empeoran si se considera la concentración de riqueza en lugar de la concentración de ingresos: “El 1% más rico de América Latina y el Caribe concentra el 41% de la riqueza y el 10% más rico de la región concentra el 72% de la riqueza”, explica. Y, lamentablemente, esto se agudizó durante la pandemia. El informe rescata un dato de Forbes, según el cual los milmillonarios (más de mil millones de dólares de patrimonio) latinoamericanos aumentaron su riqueza en 48.200 millones de dólares durante el período de confinamientos más estrictos, entre el 18 de marzo y el 5 de julio.
DESIGUALDAD LATINOAMERICANA: LOS RICOS PAGAN MUY POCO
Lo que revelan estos datos es que la concentración de los ingresos y la riqueza son algo así como un espiral ascendente en el que cada vez la concentración lleva a mayor concentración, incluso y hasta a veces con mayor fuerza en períodos de crisis si no interceden regulaciones de los Estados en favor de una redistribución más equitativa. De hecho, esa falta de regulaciones efectivas es destacada en el informe como causa del poder desmedido de los sectores económicos dominantes, que retroalimenta la situación de pobreza y desigualdad: “La extrema desigualdad en América Latina y el Caribe ha sido uno de los principales obstáculos para el avance de un sistema democrático capaz de garantizar derechos a toda la población. La riqueza acumulada en algunos grupos minoritarios de la población les ha dado mucho poder para influir en el diseño de las políticas públicas en su propio beneficio, obstaculizando la responsabilidad de los Estados de impulsar medidas que garanticen derechos a toda la población” afirma, resaltando a las políticas tributarias como un ejemplo de este mecanismo de ejercicio del poder concentrado: “La política fiscal, tal y como está diseñada en la mayoría de los países de la región, no solo es un limitado instrumento para enfrentar la desigualdad, sino que en algunos casos llega a aumentar la pobreza”.
Esto se verifica en los tipos de impuestos que pagamos los latinoamericanos, y en cómo se componen las recaudaciones de los Estados. El informe analiza las matrices tributarias de la región, y las compara con las de los países de la OCDE. “Actualmente el 50% de los ingresos tributarios de los países de la América Latina y el Caribe proviene de impuestos al consumo, los cuales no discriminan entre ricos y pobres y por lo tanto llegan a aumentar la desigualdad. En comparación, los ingresos tributarios en la OCDE dependen tan solo un 33% de este tipo de impuestos”.
Más en detalle, el informe divide los impuestos directos en tres categorías: impuestos sobre la renta y las ganancias de capital de las empresas, de las personas físicas, y por último los impuestos sobre el patrimonio. Para el primer segmento, que refiere a las ganancias empresariales, la presión es similar entra ALC y la OCDE, siendo incluso superior en ALC, con un 3,52% del PBI, mientras que para la OCDE es de 3,03%. Al contrario de esto, los impuestos directos relacionados a las ganancias de las personas son los que muestran la mayor asimetría: representan 2,27% del PBI en ALC, y 8,28% en OCDE, una diferencia de 6% en los gravámenes a las ganancias de las personas físicas. Con menor diferencia porcentual, la asimetría se mantiene en relación a los impuestos al patrimonio: son un 0,8% del PIB en ALC y un 1,9% en OCDE. Así, en ALC “el mayor peso de los impuestos directos recae en los de renta y ganancias del capital de personas y empresas que significan en promedio para ALC 6,35% del PIB, mientras los impuestos a la propiedad recaudan 0,83% del PIB”. Frente a esta situación, el informe plantea una potencial expansión en la presión tributaria latinoamericana, basada exclusivamente en impuestos directos: “si comparamos con los países de la OCDE, ALC tiene un potencial de 7% del PIB para crecer en la presión fiscal, y equiparar la estructura tributaria entre impuestos directos e indirectos”.
A contrapelo de lo que plantean las élites dominantes locales en relación a las presiones impositivas en nuestros países como un freno de mano permanentemente puesto al crecimiento económico, el informe muestra con datos concretos la irracionalidad de las matrices tributarias latinoamericanas, donde los que más tienen pagan menos que en otras regiones del mundo, y se benefician con eso para sostener sus posiciones dominantes en las estructuras económicas locales. En ese sentido, plantea que es necesario revisar esas matrices impositivas mejorando la composición a partir del aumento tanto de los impuestos a la renta y las ganancias de capitales y personas como, fundamentalmente, los impuestos a la propiedad, el patrimonio y la riqueza. Y, finalmente, propone horizontes de aplicación a futuro de las posibles recaudaciones en cuatro líneas de acción, ligadas a las necesidades que la pandemia dejó al descubierto con más crudeza que antes: el financiamiento de un bono contra el hambre, la cobertura universal de vacunas para niños, la cobertura universal de la vacuna contra el COVID-19, y el fortalecimiento de los sistemas públicos de salud.
LAS VOCES POR EL CAMBIO Y EL CASO ARGENTINO
“El otro desafío que vamos a tener, obviamente, va a ser la economía. Sergio (Massa) decía que la economía va a crecer en 2021. Pero ojo: yo no quiero que ese crecimiento se lo queden tres o cuatro vivos nada más”, dijo hace unos días CFK, sacudiendo el tablero de la política argentina como sólo ella sabe y puede hacerlo. Y dio en el clavo para la gran discusión que traerá el año que viene: ¿cuánto y cómo se redistribuirá una mejora de la situación económica, sobre la base de una población en extremo empobrecida? Y si bien la Vicepresidenta habló de alinear salarios, jubilaciones, precios y tarifas, sin nombrar los impuestos, está claro que en última instancia la discusión se trata de avanzar hacia una matriz tributaria más progresiva y redistributiva.
Si se observa el transcurso de este año de crisis y las actitudes adoptadas por el poder económico, cobra aún más relevancia la necesidad de dar este debate en profundidad de cara a la sociedad, con el objetivo central del fortalecimiento del Estado en pos de una redistribución del ingreso nacional. Frente al ineludible sacudón económico que la pandemia produjo, el Estado argentino financió la expansión y el fortalecimiento de un sistema de salud que venía muy golpeado por el abandono macrista, y que no se vio colapsado ni en el peor momento del avance del virus; el Estado financió la compra de materiales y alimentos para sostener una población empobrecida, evitando (por ahora) estallidos sociales como se dieron en otras latitudes; el Estado garantizó ingresos a más de nueve millones de argentinos y argentinas a través del IFE; pero no solo eso, el Estado pagó gran porcentaje de los sueldos de trabajadores formales, aliviando la carga de las empresas, desde pequeñas PyMES hasta las mayores empresas del país; el Estado permitió, hasta septiembre, la cancelación de deudas privadas en dólares contraídas en el exterior por empresas, de todo tamaño pero fundamentalmente las grandes, con dólares baratos del Banco Central en vez de exigirles la utilización de recursos propios; el Estado asumió la renegociación de la deuda con acreedores privados, que permitirá a las empresas volver al mercado de financiamiento internacional; y, además de todo ese paquete de contención de la crisis, el Gobierno propició un diálogo permanente con todos los sectores del empresariado apuntando a un trabajo mancomunado entre Estado y privados para la reconstrucción económica.
Sin embargo, la respuesta de los sectores económicos poderosos fue la de una presión permanente y asfixiante, que lejos está de haberse disipado. Desde los 1500 despidos de Paolo Rocca y Techint en abril, con la pandemia apenas amaneciendo, pasando por la presión para la apertura económica en los peores momentos de contagios, la retención de granos y la no liquidación de exportaciones apostando a una devaluación, el permanente apriete sobre el tipo de cambio para subir el dólar, bajar sus costos y maximizar sus ganancias, los aumentos desmedidos de precios que impactan con mayor fuerza en los sectores más desprotegidos, hasta la campaña de desinformación para frenar el impuesto a los ricos, la lista podría seguir haciendo desfilar ejemplos de las actitudes corporativas, poco nacionalistas y para nada sensibles desde lo social que el poder económico argentino expuso en el momento de mayor vulnerabilidad del país en muchísimo tiempo. Desde esta lectura es que se vuelve imprescindible el fortalecimiento del Estado para el control de esos intereses voraces y deshumanizados, y la discusión por una matriz tributaria que los haga aportar de manera más justa y equilibrada aparece como una herramienta principal y urgente.
Pero no es solamente el riñón kirchnerista el que hace estos planteos, aunque así lo presenten a la sociedad los grandes medios de comunicación en sus habituales jugadas de demonización y construcción de sentido común anti kirchnerista y anti peronista. En la asamblea anual del FMI de este 2020 celebrada a mediados de octubre, el propio Director de Finanzas Públicas del organismo internacional, el portugués Vítor Gaspar, expresó que “los Gobiernos tienen que mejorar el cumplimiento tributario, y evaluar la aplicación de impuestos más altos para los grupos más acaudalados y las empresas más rentables”. Según Gaspar, “los ingresos que resulten de esos impuestos contribuirían a pagar servicios críticos, como las redes de salud y seguridad social, en una crisis que afectó de manera desproporcionada a los sectores más pobres de la sociedad”. A esta mirada se le sumó la de la economista jefa del FMI, Gita Gopinath, que expresó en la misma asamblea que “los impuestos tienen que ser más progresivos, y las grandes empresas tienen que pagar lo justo en un contexto de merma generalizada de los ingresos públicos”. El FMI estima en 11,7 billones de dólares la cantidad de recursos destinados globalmente por los Estados a enfrentar la pandemia, lo cual equivale a un 12% del PBI mundial. Y el propio organismo que tantas veces propiciara los ajustes fiscales, es otra de las voces que hoy en día, frente a esta nueva situación mundial, plantea la alternativa de que ese déficit se financie en parte con mejores estructuras tributarias, donde aporten más quienes más tienen.
UNA REFORMA URGENTE, Y EL 2021 COMO POSIBILIDAD
Una de las discusiones centrales de este año pasó por el aporte extraordinario de las grandes fortunas, en la jerga, el impuesto a los ricos. En dicha discusión, el establishment de la sociedad logró en buena medida polarizar a la población que, a pesar de apoyar mayoritariamente la aplicación del impuesto, asumió en muchos casos como propios los argumentos falaces del poder económico. Una discusión que tenía que ver con la redistribución y la justicia social para paliar una de las peores situaciones que el país tiene que atravesar, se tornó en muchos momentos en una discusión por el avance sobre la propiedad privada. El año que viene será un año difícil en materia económica, y una reforma tributaria podría ser un elemento sustancial para reorganizar mejor los recursos en una sociedad donde la riqueza sigue muy concentrada. Tal vez pueda ser ésta una de las discusiones centrales del 2021.
Será un gran desafío del Gobierno, en ese caso, plantear una discusión seria y profunda de cara a la sociedad en relación a la necesidad de actualizar y mejorar la matriz tributaria en un sentido progresivo. El escenario y los argumentos en contra ya se conocen, se repitieron y se repetirán hasta el hartazgo sin importar cuánta relación tengan con la realidad. Los actores que los esgrimirán también serán los mismos de siempre. El desafío entonces estará tanto en la construcción de acuerdos con esos sectores, como en la construcción de un opinión pública que entienda y defienda la idea de que en nuestro país haya más justicia tributaria, que paguen más los que más tienen, y que con esos recursos se puedan construir mejores oportunidades para las mayorías. El famoso capitalismo serio empieza por una matriz tributaria más justa y equitativa.
Fuente: www.diagonales.com