Los subsidios al transporte en la mira

Por Diego Saurina*

A propósito de la discusión en el Congreso de la Nación del Presupuesto para el año 2023 el Ejecutivo Municipal criticó nuevamente al Gobierno Nacional no sólo por los recortes a los subsidios a los transportes para el año entrante sino también por la injusta y arbitraria distribución por la cual el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) se queda con el 85% de los subsidios mientras que el resto del interior solo recibe el 15% restante.
Más allá de las consideraciones que los vecinos de Córdoba hagan de la gestión del Intendente Martín Llaryora, el reclamo es justo y debería ser parte de la agenda del movimiento obrero organizado ya que los trabajadores somos los principales usuarios del transporte urbano de pasajeros y por lo tanto los mayores afectados.
Mientras que en nuestra ciudad el boleto cuesta 85 pesos el mismo trayecto en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires cuesta 25 pesos, generando una inequidad entre los trabajadores del AMBA y los del interior que es injustificada más cuando el promedio salarial en el interior es inferior al de la ciudad de Buenos Aires.
El recorte a los subsidios del transporte se enmarca en la quita generalizada de subsidios que el Gobierno Federal comenzó a hacer en este mes octubre y que anunciara el mes pasado como una medida para achicar el déficit fiscal y cumplir de esa manera las metas acordadas con el Fondo Monetario Internacional.
Si bien quién escribe acuerda que es imprescindible disminuir el déficit fiscal y evitar su financiamiento con emisión monetaria como una de las medidas, entre otras, para desacelerar el crecimiento de la tasa de inflación, no cree que sea sacando las ayudas que las familias de ingresos medios y medio bajos que reciben por medio de los subsidios a la electricidad, el gas natural y los transportes sea el medio para lograrlo.
Es imprescindible buscar mejorar los ingresos y disminuir gastos del Estado achicando aunque sea en parte subsidios a las empresas o sacando exenciones impositivas de las cuales son principales beneficiarias las mineras, compañías petroleras y otras industrias en general multinacionales que ya llegan al 4% del Producto Bruto Interno en un contexto en que la rentabilidad empresarial se ha disparado por crecimiento de la actividad económica, exportaciones, los aumentos generalizados de precios que no tiene relación con el aumentos de costos y la reducción de salarios a través de recomposiciones parciales de los salarios que van muy por detrás de la inflación aumentando de esa manera los márgenes de ganancias a costa de los trabajadores.
Si los sindicatos y asociaciones de usuarios y consumidores no aúnan fuerzas para poner el tema en la agenda y no se hace pagar costos políticos a los funcionarios públicos, éstos no tendrán ningún incentivo para enfrentar a los poderosos lobbies empresariales que de ninguna manera quieren compartir las cargas del ajuste con los trabajadores sino que quieren que el peso del mismo recaiga directamente en los hombros de la clase trabajadora.
Esta medida se encuadra dentro de una política antiinflacionaria que solo tiene como ancla la disminución de la demanda por medio de la pérdida del poder adquisitivo de salarios y haberes jubilatorios.
Es por lo tanto tarea ineludible de organizar desde la CTA-A a los trabajadores para enfrentar esta medida regresiva que solo va aumentar la inflación y llevar a cada vez más obreros no sólo precarizados sino también registrados a percibir salarios por debajo de la línea de la pobreza.
*Secretario de Relaciones Institucionales de la CTA Autónoma Regional Córdoba Capital