Lozano: “Seguiremos bregando para que Vicentin sea una empresa pública no estatal”

El economista de la CTA Autónoma, Coordinador del Instituto de Pensamiento y Políticas Públicas (IPyPP), Diputado Nacional (MC), dirigente de Unidad Popular y Director del Banco Nación, Claudio Lozano, fijó posición respecto a la situación de la empresa Vicentin a través de un hilo de twits que reproducimos a continuación.

“DATOS: Vicentin sacó entre agosto y diciembre del 2019, 790 millones de U$$ de la cuenta que tenía en la Sucursal Reconquista del Banco Nación. Dólares de los que no podía disponer sin cancelar previamente los vencimientos impagos por el crédito de 300 millones de U$$ que debía a dicha Institución.

“Los dueños de Vicentin solicitaron y lograron que las autoridades pasadas encabezadas por Javier González Fraga y bajo la decisión de Mauricio Macri, les permitieran hacer uso de esos dólares sin cancelar el crédito. Una verdadera estafa al ahorro público de los argentinos.

“A la vez, Vicentin desde el 2013 en adelante, inició un proceso de desdoblamiento del Grupo Empresario cuyo objetivo era reemplazar la cabeza histórica del holding, situada en Vicentin Argentina, por una nueva empresa holding en Uruguay, Vicentin Famijy Group.

“Esta empresa tomó control sobre buena parte del conglomerado incluida Vicentin Argentina hoy en Concurso. Los últimos registros contables de los que disponemos indican que en apenas 10 días, entre el 31 de enero y el 10 de febrero del 2020,Vicentin Argentina vio disminuir a la mitad sus activos y duplicó sus deudas.

“Así, en solo 10 días, el patrimonio de la empresa se redujo en un 98%. Es decir, se evaporó, se esfumó. Es este proceso de endeudamiento y vaciamiento de Vicentin Argentina, el que explica la cesación de pagos y la estafa a los trabajadores, a los productores y a la Banca Pública.

“Es probable que la acertada decisión presidencial de intervenir para expropiar, haya tenido algo de improvisación, no haya dimensionado la reacción del poder económico concentrado, los medios hegemónicos y sus socios políticos, y no haya construido las condiciones de consenso.

“Quienes suscribimos esta declaración sostenemos que la improvisación no quita que dicha decisión era acertada.

“Es más, su sustitución por la variante propuesta por el Gobernador de Santa Fe, Omar Perotti, terminó enredando al Gobierno Nacional y al Provincial en el pago chico de Vicentin y en el marco de un Concurso conducido por un Juez absolutamente parcial y dedicado a apañar las irregularidades de la empresa.

“Así, ese Juez no permitió ni la Intervención Nacional ni la Provincial, y propició audiencias de mediación donde había que pedirle permiso a los estafadores para poder intervenirlos.

“Es en este marco donde cobra sentido la decisión del Gobierno Nacional de terminar con una situación que no iba a ningún lado. Por eso es fundamental profundizar las investigaciones penales, poner a la AFIP, a la UIF y a la IGJ de Santa Fe y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a trabajar para demostrar públicamente la magnitud del fraude, solicitar el apartamiento del juez del Concurso y retomar el camino de la discusión democrática y transparente que tiene todo proceso de expropiación en el Congreso Nacional.

“La trascendencia social de la empresa, 7 mil trabajadores directos y más de 23 mil indirectos, y su posición en el negocio cada vez más extranjerizado de la exportación de cereales, la siguen ubicando como una empresa de interés nacional.

“Por tales razones, creemos fundamental retomar el camino de la expropiación sobre nuevas bases de consenso social, exponiendo públicamente los delitos de Vicentin, unificando Vicentin Argentina con Vicentin Family Group, incorporando el patrimonio de sus accionistas para afrontar las deudas y dirigiendo la expropiación hacia los activos más importantes del grupo.

“Creemos que este camino sumado al agravamiento del cuadro social y laboral que seguramente se vivirá en los próximos meses en torno a Vicentin, redundará en un amplísimo consenso para esta iniciativa.

“Por estos argumentos, en defensa de las fuentes laborales, de la participación nacional en el comercio exterior, en el conocimiento del destino del dinero de la empresa, por la transparencia y la participación de los sectores trabajadores, productores y cooperativistas, seguiremos bregando por una empresa pública no estatal, tal como lo hemos venido planteando desde principios de año”.