En una nota dirigida a las autoridades del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación, ATE Córdoba reclamó el apartamiento de la presencialidad en sus tareas de trabajo de un trabajador de la Agencia Territorial Córdoba que tiene un sumario administrativo por acoso y violencia laboral con más de 20 compañeras y compañeros de la dependencia, y que resultó designado en planta permanente del organismo pese a dicha situación.
La nota de ATE Córdoba, con la firma del Secretario General del Consejo Directivo Provincial Federico Giuliani y de la Directora de Géneros y Diversidades Gabriela Alcoba, obedece a una mandato expreso de la asamblea de las y los trabajadores de las agencias territoriales Córdoba y Río Cuarto del organismo, que se vienen expresando en ese sentido ya hace tiempo frente a lo que entienden como un agravamiento de la situación.
Nos hemos unido para visibilizar la grave situación que estamos atravesando en materia de vulneración de derechos como mujeres trabajadoras producto que no se está garantizando un espacio libre de acoso y violencia laboral.
En la misiva, las trabajadoras relatan que “desde el 1° de agosto ingresó como planta permanente una persona con antecedentes de acoso y violencia hacia más de 20 mujeres trabajadoras dentro del organismo. Esta persona estaba desvinculada en 2015 con baja de contrato sin causa y se encontraba bajo el régimen de art 9 del SINEP”, no obstante lo cual “el Ministerio permitió el ingreso, ignorando el expediente administrativo sumarial que se había abierto por agredir una compañera y en donde se manifiestan los hechos de acoso y violencia hacia gran número de trabajadoras y algunos trabajadores.
Por eso denuncian que “así llegamos a la situación donde el conjunto de trabajadoras hostigadas comparte el mismo espacio de trabajo con su agresor”.
La nota apunta a que “hay errores dentro del organismo y un vacío legal en el Convenio Colectivo de Trabajo del sector (SINEP), que no permite vincular los antecedentes administrativos y penales de la persona que ingresa a la Administración Pública Nacional salvo que exista sentencia firme de la justicia”.
En consecuencia, las trabajadoras “mandataron en diversas asambleas al cuerpo de delegados/as de ATE del sector que gestionaran con el aval del Departamento de Géneros y Diversidades del CDP, que realizó una presentación administrativa para impugnar la designación mediante expediente EX_2021_42279092_APN_ATCO#MT. La respuesta del Área de Recursos Humanos fue negativa y la única medida de contención, a nivel local, es colocar a la persona mencionada en un subsuelo donde las trabajadoras se ven expuestas a cruzarse con él”.
Esto es así habida cuenta que “se está vulnerando el Convenio 189 de la OIT, ratificado por Ley 27580, sobre la Eliminación de la Violencia y el Acoso en el Mundo del Trabajo, que obliga a los estados, sindicatos y empleadores a reconocer y tomar acciones para prevenir, atender y reparar el acoso y violencia en el ámbito laboral, incluyendo la violencia de género”.
Ante este cúmulo de hechos, , las trabajadoras exigen a la máxima autoridad del Ministerio:
- Que la persona deje de asistir presencialmente al organismo, se avance con una reasignación de su puesto a otro organismo y se determine en el corto plazo que cumpla su trabajo de manera remota para no vulnerar los derechos de las trabajadoras que están asistiendo de manera presencial. Es necesaria la aplicación del protocolo de ‘Prevención, atención y abordaje de casos de violencia dentro del organismo’.
- Se avance en una modificación del convenio colectivo que brinde mayores protecciones ante el acoso y violencia laboral por razones de género. En ese sentido, se solicita que toda persona que tenga antecedentes de apertura de una causa administrativa o penal de acoso y violencia se procedas resguardando la integridad y vida de las denunciantes.
- Se requiere un proceso de reparación de derechos hacía las trabajadoras a través de la mediación de la OIT para que se garantice la imparcialidad del proceso y no seguir exponiendo a una situación de vulnerabilidad al conjunto de trabajadoras ya afectadas.
Fuente: www.atecordoba.org