Son las y los trabajadores estatales del tercer nivel que atienden la necesidad inmediata de las y los vecinos en cada ciudad, pueblo y comuna de la Provincia. Carecen en general de condiciones laborales básicas y sufren salarios indignos.
La necesidad de un cambio urgente de la realidad de las y los trabajadores municipales del interior provincial es una de las políticas prioritarias del Consejo Directivo Provincial (CDP) de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE-CTA) Córdoba.
Esto es así debido a los magros salarios que fluctúan en promedio entre el índice de indigencia y la línea de la pobreza.
En el marco de la pandemia, el Secretario General de ATE y la CTA Autónoma Córdoba, Federico Giuliani, dijo en una nota sobre la situación municipal que en los 85 municipios en los que el gremio tiene representación “los conflictos en general tienen que ver con el pago salarial en tiempo y forma”.
Vale señalar que la estructural municipal cordobesa es la más extendida del país. Son 427 municipios y comunas, contra 135 que tiene la provincia de Buenos Aires, jurisdicción con mucha más población y necesidades de cubrir la demanda de servicios.
Al margen de las causas y consecuencias que la dispersión de estructuras municipales tiene en términos de políticos y en los criterios de eficacia ante la demanda social, las y los trabajadores se ven profundamente afectados porque se multiplica la necesidad de negociar con cada Ejecutivo diseminando la fuerza organizada. A esto se suma fundamentalmente la falta de una paritaria unificada que podría compensar esta disgregación de la estructura estatal de tercer nivel.
Así, en los municipios más pobres las carencias salariales son evidentes, como es el caso del norte provincial donde “los salarios más bajos de trabajadores municipales rondan los 10 mil pesos, 6 mil de básico en Quilino, bajo la línea de la indigencia”, describió Giuliani.
“Hay municipales que son jornaleros, mensualizados, porque tenemos trabajadores que trabajan por mes o jornada, prácticamente vuelve al medioevo el vínculo laboral entre el Estado patrón y las y los laburantes”, analizó el dirigente.
Sin embargo, en municipios más ricos, ubicados en zonas productivas de mayor poder adquisitivo y de recaudación tributaria, nadie tira manteca al techo ni mucho menos.
“Tenemos salarios medios como Río Cuarto que aproximadamente hay sueldos que promedian 20 mil o 22 mil pesos”, agregó Giuliani.
Seccionales
Otro tanto ocurre en Río Tercero, como dijo el Secretario General la Seccional y de la CTA Autónoma de esa Regional, Damián Albornoz. Esos niveles salariales apenas superan la línea de la pobreza pero están muy lejos de la Canasta Familiar.
De la misma manera, en la recientemente creada Seccional de Adelia María, ubicada en una zona agrícola por excelencia, las carencias salariales son un denominador en común que afectan a las y los trabajadores.
“Son una realidad los sueldos bajos de los municipales en el interior.
Mientras en las ciudades un poco más grandes superan el Salario Mínimo Vital y Móvil, en las localidades más chicas los sueldos son de 8 mil pesos, con un 60% del personal en negro”, aseguró Roberto Sánchez, Secretario Adjunto de la Seccional y trabajador municipal en Jovita.
“No hemos podido hacer paritarias por la pandemia y los intendentes están abusando de la crisis sanitaria para no recomponer los sueldos”, afirmó Sánchez.
Ante este panorama la Secretaria General de ATE Río Cuarto, Rafaela Alcoba, fundamentó la necesidad de crear una paritaria que abarque al conjunto de trabajadores municipales de la Provincia.
“Venimos denunciando hace mucho tiempo desde nuestra entidad gremial la necesidad de discutir una línea de políticas paritarias que abarque toda la provincia y que englobe a los más de 400 municipios y comunas que existen en Córdoba. Sin unificar criterios vamos a estar siempre tapando baches, no solo con muchísimas compañeras y compañeros por debajo de la línea de la pobreza sino con recibos de sueldo destruidos, con pago de salarios en negro, con ítems esenciales que no se abonan, por ejemplo tareas riesgosas e insalubres. Se sucede también la falta de pago de la antigüedad o de las asignaciones familiares, situaciones que surgen a partir de no haber un criterio unificado que nos permita avanzar”.
A su turno, Fernando Mercado, Secretario General de ATE Villa María, expresó la queja de las y los trabajadores de las dos localidades donde el sindicato tiene representación en dicha región, Bell Ville y Monte Leña.
“En ambas localidades no pudimos discutir la pauta salarial de este año por la pandemia, cuando ya veníamos sufriendo una pérdida de poder adquisitivo producto de la gestión neoliberal macrista”.
Y agregó: “En Bell Ville el promedio salarial es de 23 mil pesos, pero en comunas como Monte Leña el salario ronda entre 10 y 15 mil pesos. A eso hay que sumarle que la plata permanente apenas alcanza el 50%. Hay mucho trabajo precarizado, no se le entrega la ropa de trabajo, las condiciones de higiene y seguridad no son las ideales”.
Aprietes y falta de libertad sindical
Una paritaria unificada evitaría también los aprietes entre los municipios que ocurren cuando uno realizó un acuerdo salarial y su vecino no lo hizo. Sucedió en la localidad de Las Vertientes, donde el intendente Miguel Ángel Melano firmó un acta con ATE donde otorgaba una recomposición del 23%, para luego desdecirse tras recibir burdos aprietes de sus colegas de otros municipios que se niegan a pagar aumentos de ese nivel y que, evidentemente, se ven expuestos por la mejora salarial alcanzada por nuestro gremio.
Ni hablar de los abusos en términos de condiciones de trabajo, como los que ATE denunció en San Francisco, donde los dirigentes del gremio reclamaron a las autoridades municipales que dejen de tomar a jubilados para cubrir tareas propias del personal activo, utilizando planes asistenciales como forma de pago.
Esta estrategia se utiliza para extender la vida laboral de compañeras y compañeros que se jubilaron al tiempo que evitan abrir la planta a nuevos trabajadores o a blanquear las y los compañeros precarizados.
Otro caso paradigmático reciente es el de Jesús María, donde ATE debió bregar por la reinstalación de un Delegado en su lugar de trabajo, trasladado arbitrariamente por el intendente.
A esto se suma la generalizada falta de libertad y democracia sindical allí donde la Federación de Sindicatos de Trabajadores Municipales (FESTRAM) es hegemónica, responsable permanente de firmar acuerdos salariales a la baja.
Las carencias en las estructuras municipales incluyen también las infraestructuras y herramientas de trabajo para garantizar la prestación de servicios. Tal es así que, precisamente, en Las Vertientes ATE realizó una colaboración de dinero al cuartel de bomberos local, a partir de la gestión llevada a cabo por el Delegado Municipal Waldo Romero.
Por todo ello, como explicó Rafaela Alcoba, desde ATE “pedimos una audiencia a la dependencia municipal del Gobierno provincial, a los fines de plantear estos temas en un marco más amplio, donde también se pueda discutir las grillas salariales, los escalafones y sobre todo los convenios colectivos”.
Fuente: www.atecordoba.org