Por Claudio Lozano*
La inacción gubernamental frente al avance de la violencia narco en Rosario y la reciente decisión de enviar a las Fuerzas Armadas para que ocupen los barrios populares, es casi una postal de la actitud ambivalente, improvisada y sin rumbo claro que caracteriza al Gobierno de Alberto Fernández.
El intento de cubrirse de las críticas que despierta esta decisión diciendo que van a colaborar con la urbanización de los barrios populares parece casi un chiste. No es esa la presencia estatal que se requiere para la urbanización de las barriadas.
La decisión presidencial de meter a las Fuerzas Armadas en un problema de Seguridad Interior violenta el consenso democrático construido en torno a las Leyes de Defensa y Seguridad.
El resultado desastroso que han tenido las respuestas militares al problema del narcotráfico en países como Colombia y México son evidencias demasiado contundentes para que se intenten pasos en ese camino. Sabemos que el narcotráfico sólo crece cuando el negocio goza de protección policial, política y judicial.
Sabemos también que la desregulación y la privatización completa de la costa del Paraná es el marco propicio para que por detrás de donde se desarrollan las principales operaciones de comercio exterior del país, prosperen negocios ilegales como la droga, la trata o el tráfico de armas.
Por último, sabemos también que el deterioro de las condiciones de vida y la expansión de la pobreza, es el caldo de cultivo para la incorporación de mano de obra barata en el desarrollo del tráfico ilegal y de la violencia. Hay que hacerse cargo de los problemas, no hay que agravarlos.
*Economista. Fundador del Instituto de Pensamiento y Políticas Públicas (IPyPP). Presidente de Unidad Popular (UP)