No hay equidad ni igualdad sin organizaciones de trabajadores

Por Horacio Meguira*

Nuevamente “la Reforma Laboral” se ha convertido en un instrumento de hostigamiento mediático. Se intenta convencer a la opinión pública de valores y ecuaciones que promueven demostrar que las tutelas de derechos son incompatibles son la generación de empleo y la inversión productiva.

Distintos nombres, distintas estrategias, pero una sola finalidad: el debilitamiento, empobrecimiento sistemático y permanente de la clase trabajadora

Pero a la hora de verificar en la realidad se verifica un desempleo de 10.1% de acuerdo a los últimos datos del INDEC.

Un fuerte deterioro de la asignación universal por hijo y la jubilación mínima (a pesar de la aplicación de la ley de movilidad).

El salario en caída libre: Los/as trabajadores/as ante el peor año desde 2002 Los recortes en el sistema de asignaciones familiares. Una rebaja sustantiva del Salario Mínimo Vital y Móvil.

Se entiende que el salario real ha se desplomó en los últimos cuatro años, cayendo un 17,6% en el caso de los trabajadores del sector privado y un 21% en el sector público.

Asimismo la negociación colectiva durante el 2018 experimentó un leve aumento (11%) respecto del total del año 2017, sin embargo el total aún permanece muy por debajo de niveles previo a 2016 (casi un 50% inferior que en 2015).

Registramos asimismo un aceleramiento en la criminalización de la protesta. Tal como se consta en informes recientes, el período 2016-2018 se registraron 236 hechos de represión y fueron detenidas 1440 en el marco de distintas manifestaciones publicas.

El fenómeno de la “Reforma Laboral” se manifiesta cíclicamente; hay un flujo y reflujo proporcional a la necesidad publicitaria de transferir la responsabilidad de la crisis económica y social a los trabajadores y sus organizaciones.

Ante la agudización de la crisis económica mayor carga mediática.

Nuevamente se insiste que el impedimento para el crecimiento del empleo son las “rígidas normas” que regulan las relaciones de trabajo”.

El último término que utilizan los funcionarios de gobierno es “modernización”, sin embargo las propuestas no distan de las efectuadas en los proyectos de ley oportunamente elevados y que no tuvieron acogida favorable en ninguna de la cámaras legislativas.

Pero en los últimos ataques mediáticos, han priorizado al derecho colectivo como el elemento clave que impide la modernización y el crecimiento.

Simultáneamente, desde el discurso presidencial, del vice-presidente de la Unión Industrial y desde una cadena de WatsApp los referentes de grandes empresas se ha atacado a organizaciones de trabajadores, han tomado una decisión concertada de hostigamiento a las de distintas expresiones del movimiento obrero. Han llegado al extremo de considerar agraviantes las manifestaciones de un dirigente que tuvo el atrevimiento de anunciar una campaña de afiliación en una empresa argentina de comercio electrónico.

En el mismo sentido un sector de la Unión Industrial por intermedio de declaraciones públicas de Daniel Funes de Rioja reclama la modificación legislativa de tal forma que se pueda contratar y descontratar, lo que necesariamente implica el despido libre sin indemnización reparatoria.

La ofensiva patronal tuvo su correspondencia con el discurso presidencial que ha anunciado como eje de su campaña de reelección la denuncia al sindicalismo como elemento central.

Las reformas previsionales y laborales en Brasil sirven para enunciar la asimetrías existentes entre los países vecinos y las preferencias de los inversionistas en los mercados más liberalizados y donde la contratación y des-contratación no “acumule costos adicionales”.

Dicha reforma es una muestra del sin sentido de llevar al extremo cambios desde un descentramiento axiológico, es que se desmejoran o suprimen derechos individuales: la jornada laboral de 12 horas; la posibilidad de trabajo en tareas insalubres a las trabajadores embarazadas; la desaparición práctica del pago de horas extraordinarias; la legalización del fraude que implica el trabajo en condiciones de dependencia de trabajadores que facturan como autónomos; el trabajo a destajo sin garantía de un pago mínimo asegurado.

Sin embargo juzgamos con mayor severidad los cambios que afectan a las relaciones colectivas, y ellas se relacionan con la posibilidad de que se pacten en convenios colectivos normas menos favorables a los trabajadores que las establecidas en las leyes del trabajo o la posibilidad de que un trabajador pueda por un pacto individual con el empleador fijar un régimen modular de jornada mensual de trabajo; y la incalificable facultad de negociar en la empresa con representantes informales las condiciones de trabajo al margen de la representación sindical y por debajo de los beneficios del acuerdo colectivo.

Si el Derecho del Trabajo se justifica en una tutela que se reconoce por la debilidad de una de las partes (principio protectorio), se podrá colegir que estas “reformas” pueden juzgarse como el intento de su negación.

Con total impunidad se violenta la Constitución y se ignoran derechos fundamentales. No hay límites y de facto se avanza con la ayuda de los grandes medios de comunicación, que sin pudor, utilizan “falsas noticias”, transgreden o mutilan la realidad sin ninguna ambición de dar a conocer la verdad fáctica.

Se intenta imponer la hegemonía absoluta del Capital que se erigirá sobre las ruinas de los derechos sociales y laborales, mostrando el aspecto más salvaje del sistema que representa y que contiene en su naturaleza ese rasgo, que aun cuando parezca inhumano, es inherente a su condición. Es el mercado que impone las reglas y las normas naturales que devienen, están por encima del derecho positivo nacional e internacional.

No pueden albergarse esperanzas de solución que surjan, precisamente, de donde fueran creados o recreados los problemas que acucian al mundo laboral. No se trata de impericia –aunque existan torpezas ostensibles- sino de la esencia del neoliberalismo.

Esa lógica requiere extinguir cualquier organización que rompa las reglas o “intente limitar” los normas naturales del capital “Ni el Estado regulando ni los sindicatos representando los intereses colectivos son elementos deseables para la ideología dominante.

No obstante y opuestamente creemos que la democracia requiere de organizaciones de trabajadores que ejerzan su representación de clase.

No solamente es nuestra opinión sino que es la esencia del proyecto de justicia social y equidad que contiene la Constitución y los tratados internacionales incorporados al plexo normativo. El texto constitucional propone un Estado Social y Democrático de Derechos.

La historia ha demostrado que es posible compatibilizar la “productividad” con la “tutela de derechos”. Hay ejemplos de países que mantienen fuertes protecciones y simultáneamente tienen altos índices de productividad.

Un debate serio de las relaciones laborales en nuestro país requiere de un reconocimiento de los sujetos antagónicos.

Así fue posible a durante el siglo XX donde hubo reconocimiento mutuo para facilitar la paz social y la existencia de un estado de derecho basado en la Justicia Social.

Si se desconoce a la organización de trabajadores y la productividad es solo la rebaja de los costos laborales, el camino de crecimiento con equidad y trabajo decente está obstruido por esta lógica que subordina la democracia y el “buen vivir” a los valores del capital hegemónico y concentrado.

La opinión pública debe saber, más en tiempos electorales, que lo que en realidad se persigue es el fin del empleo con protección social.

*Abogado Laboralista. Director del Departamento Jurídico de la CTA Autónoma