No hay Ley de Movilidad Jubilatoria justa sin previa recomposición de haberes

En el marco de la enorme emocion y celebración por la aprobación de la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo en el Senado de la Nación, la Cámara de Diputados sancionaba una nueva Ley de Movilidad Jubilatoria.

Lamentablemente, en este caso no tenemos motivos para festejar.

Trabajamos arduamente desde el Centro Nacional de Jubilados y Pensionados de ATE, y desde la Secretaría de Previsión Social de la CTA Autónoma, reuniéndonos con el Dr. Luis Bulit Goñi, Secretario de Seguridad Social de la Nación, con el representante de la OIT para la Argentina y con la Comisión Bicameral que estudió el proyecto de la nueva Ley de Movilidad, acercando nuestras propuestas.

Partiendo de la suma misérrima que cobran nuestros jubilados y pensionados como Haber Mínimo, de 19 mil pesos a partir de enero, señalamos que no hay Ley de Movilidad Jubilatoria justa, si no hay una recomposición previa de esa suma, llevándola al menos a una cifra que se acerque a la Canasta Básica del Adulto Mayor, así como la necesidad de establecer una recomposición de al menos el 25 % para el resto de la escala, que es el porcentaje perdido por los 4 años de administración macrista más los aumentos por Decreto del año en curso.

Yendo al modelo de fórmula adoptado por la ley, es un mix entre recaudación y evolución del promedio de salarios de trabajadores en actividad, esta fórmula funcionó en el año 2009 cuando se sancionó en el Gobierno de Cristina Fernández, con una situación nacional e internacional distinta.

Nuestros aportes permitieron que se incluya en la ley para estimar el aumento del 50% por evolución salarial, la fórmula Ripte del Ministerio de Trabajo y la que proporciona el INDEC, la que de más alto y el aumento trimestral en vez de semestral.

Sin embargo, una fórmula que no incluya una cláusula gatillo atada a la inflación, en un país que sufre cíclicamente devaluaciones profundas que generan picos inflacionarios y que viene de un proceso de deterioro de su capacidad industrial y  laboral fruto de las políticas de destrucción de la capacidad de producir, exportar y dar trabajo implementadas por el macrismo, más una pandemia de más de un año que azota al planeta entero, no va a garantizar la capacidad de vida digna de este sector de la población.

Por ende, ratificamos que la fórmula adoptada va a retrasar aún más la posibilidad de sobrevida de nuestros trabajadores jubilados y pensionados, que merecen luego de aportar 30, 40 años o más, un haber que les permita tener un nivel de vida similar al que llevaban cuando estaban en actividad.

Lamentamos no haber sido escuchados, y hacemos votos para que más temprano que tarde se puedan hacer modificaciones a esta ley que nos permita celebrarla con igual alegría que lo hicimos con la Ley IVE.