El terrible ajuste en el Municipio de Villa María tiene varios costados entre ellos aumentos de tasas municipales; sueldos por debajo de la línea de indigencia; despidos de personal y también la destrucción de las condiciones mínimas para el desarrollo del trabajo que conlleva al alejamiento de importante y calificada mano de obra.
Desde principio de año viene produciéndose un alejamiento de personal que ya no puede soportar más las condiciones impuestas desde la intendencia del abogado Martín Gill. Al inicio de 2018 toda la ciudad asistió a la noticia de que una decena de docentes dejaba de trabajar en las guarderías municipales.
Se trataba de profesionales altamente capacitadas y con una dilatada experiencia y capacitación en servicio que no se logra de un día para otro. Estas mujeres se retiraron por las condiciones laborales que sufrían, es especial los bajos salarios. Sus reclamos venían sucediéndose año tras año, pero la administración municipal nunca abrió la escucha.
Más cerca en el tiempo la prensa local publicó el caso de una odontóloga a la que obligaron a renunciar pues le modificaron tanto sus condiciones de trabajo que le imposibilitaba el logro de otros ingresos en consultorio privado. La prensa publicó , sin que nadie pudiera salir a desmentir, que el Municipio le pagaba un sueldo que nada tenía que ver con las prestaciones laborales que proporcionaba la trabajadora.
En su edición del 9 de noviembre de 1018, “El Diario” textualmente publicó que la trabajadora “…planteó su situación de queja frente a la propuesta y después de sufrir el maltrato de algunas funcionarias de rangos medios, logró hablar con Humberto Jure, secretario de Salud, quien le propuso que en lugar de facturante, tenga un contrato diferente: trabajar 15 horas semanales por 6.780 pesos mensuales. Es decir, 128 pesos la hora si se cuenta que cada mes tiene en promedio cuatro semanas”.
Por estos días se produce otro caso de una profesional de salud que es empujada a irse por el destrato y el pago de un sueldo de hambre. Se trata de una médica especializada en neonotología que, tres días a la semana, atendía a niños y niñas en un C.I.C. Por esa actividad de la profesional altamente calificada, desde la secretaría comandada por Humberto Jure, se le abonaba $11.000 mensuales.
La médica venía soportando esa situación por entender que trabajar en lo público tiene que ver con devolver, en parte, a la comunidad lo que la misma le proporcionó durante sus estudios. Pero desde hace tiempo la profesional comenzó a plantear la situación dado que el sueldo es tan mínimo que no alcanza para satisfacer necesidades básicas. Siempre fue la misma repuesta: oídos sordos e incomprensión de parte de las autoridades. Todo tiene un límite.
Hace unos meses avisó que de no modificarse la situación tendría que marcharse en busca de otro trabajo. Tampoco la escucharon. Es así que la ciudad pierde otra servidora pública que debe marcharse empujada por las malas condiciones laborales del municipio. Consiguió trabajo en otra ciudad y, trabajando en el sector privado, cobrará alrededor de $9.000 por cada día de guardia. Una diferencia muy significativa.
Es lamentable pero de esta manera, junto a los despidos, se pierde personal capacitado, con experiencia y gran capacitación de servicio. El ajuste no sólo afecta a esas personas, sino que también a la comunidad.
Fuente: www.utemvillamaria.blogspot.com