La inminente creación del Parque Nacional Ansenuza en Mar Chiquita es una buena noticia. A pesar de la históricamente mala gestión provincial y del paulatino avance de formas de ganadería intensiva en los humedales y bañados del río Dulce, el Parque permitirá cuidar algo del deteriorado medioambiente cordobés. Desde el Movimiento Campesino de Córdoba, piden que se contemple a las familias campesinas e indígenas que cuidan el territorio y practican la trashumancia como forma de producción y de vida.
Por Santiago Torrado para La tinta
Dos semanas atrás, 195 diputados de todo el arco político nacional votaron a favor de la creación del Parque Nacional Ansenuza, con el único voto en contra de Victoria Villaruel, del espacio conducido por Javier Milei. Según todos los pronósticos, hoy el Senado dará el visto bueno al proyecto de Ley y permitirá la creación del parque, en el territorio que incluye la laguna de Mar Chiquita, los humedales y bañados del río Dulce, y los afluentes de ríos más pequeños del noreste provincial.
En total, 661.332 hectáreas serán protegidas por esta iniciativa, cuyo objetivo es la preservación de las más de 400 especies de aves y otros animales que habitan el territorio, además de los médanos, humedales, árboles y suelo. La concreción de la ley supondrá la cesión del dominio ambiental desde el gobierno de la provincia, quien ya declaró la zona como protegida años atrás -aunque, en la práctica, nunca se desarrollaron políticas de cuidado y protección ambiental-, hacia la Dirección de Parques Nacionales.
La legisladora del FdT por Córdoba, Gabriela Estévez, declaró que el parque “va a tener un impacto económico muy positivo en esta región cordobesa, sobre todo, por las oportunidades laborales y empresariales que se abren para el desarrollo local del ecoturismo”. En la misma línea, se expresó el radical macrista, Rodrigo De Loredo, quien resaltó que se trata de “una medida que apunta al cuidado y preservación ambiental, así como al desarrollo turístico. Un anhelo esperado por muchos”.
A pesar de ser una medida festejada e impulsada por todos los espacios políticos institucionales, la discusión sobre el Parque Nacional del Mar de Ansenuza lleva varios años en boga y hay voces que exigen ser escuchadas. En 2018, la Facultad de Ciencias Sociales de la UNC publicó un relevamiento socio-territorial de unidades productivas campesino-indígenas en los bañados del río Dulce y Mar Chiquita, en el que indican que más de 400 personas habitan permanentemente y producen en ese territorio, a través de formas comunitarias de propiedad, pastoreo trashumante y otras formas ambientalmente sustentables de agroecología.
En el mismo estudio, se pone de manifiesto la transformación del territorio, especialmente aquel que está considerado como Área Natural Protegida por la provincia de Córdoba y que, sin embargo, evidencia una fuerte erosión y deterioro, fruto de cría de ganado intensiva. Asimismo, a través de una comparativa de imágenes satelitales, el estudio pudo comprobar la fuerte deforestación desarrollada en la zona entre 1976 y 2018, desmonte que corresponde al desarrollo de nuevos asentamientos y emprendimientos inmobiliarios ubicados al oeste, en los bañados del Saladillo, y al este, en los bañados del río Dulce.
Si bien la creación del parque nacional debería frenar esta tendencia al deterioro territorial, hay un factor que sigue quedando afuera: los campesinos e indígenas que pueblan los bañados y humedales de Mar Chiquita desde siempre. Después de todo, un parque nacional no es un Área Campesina.
Victoria Gauna es abogada del Movimiento Campesino de Córdoba. En diálogo con La tinta, destacó que:
“Celebramos que se haya dado media sanción a la iniciativa y que seguramente mañana se apruebe la creación del Parque Nacional Ansenuza. Es una buena oportunidad para impulsar medidas ambientales que protejan de verdad al humedal, la biodiversidad y, sobre todo, para poner límite al avasallamiento del agronegocio que, desde hace treinta años, amenaza permanentemente el territorio.
De todas formas, entendemos que es imprescindible la participación de la comunidad y, con esto, me refiero a la co-gestión del área de reserva del Estado junto con las organizaciones campesinas y las organizaciones indígenas. Algo muy necesario porque en la zona norte existe desde siempre una forma de producción que es lo que ha permitido la conservación de ese mismo territorio: la trashumancia. Por eso mismo, desde que comenzó a discutirse la Ley, venimos exigiendo que se nos tenga en cuenta para la gestión del parque y el reconocimiento en los modos de uso.
Con todo, no logramos incorporar a la Ley un artículo específico que garantice la co-gestión del parque con las comunidades. Lo que argumentaron algunos legisladores provinciales es que no era necesario colocarlo en el texto que sale de la cámara baja, sino que puede añadirse una vez aprobado en la Resolución de Parques Nacionales. Nosotros vamos a custodiar que así sea. No solamente para garantizar el cuidado del territorio, sino para que sea reconocida la trashumancia como una parte imprescindible para el equilibrio ambiental”.
En los últimos 20 años, el modo comunitario y colectivo de producción de las comunidades indígenas y campesinas que señala Victoria ha entrado en colisión con el modelo agroexportador y ganadero intensivo que se extiende por toda Argentina y, en especial, en Córdoba. En este sentido, señala que:
“Hemos denunciado muchas veces en los últimos años a la Policía Ambiental por los alambrados ilegales que bloquean la trashumancia y nunca hemos recibido respuesta. También hemos solicitado una Ley Provincial de Arreo que establezca con claridad un ordenamiento sobre los caminos habilitados para este tipo de pastoreo y evitar que puedan ser cerrados o alambrados. Tengamos en cuenta que la trashumancia es patrimonio cultural inmaterial y, en función de eso, exigimos esta participación”.
Imagen de portada: Movimiento Campesino de Córdoba
Fuente: www.latinta.com.ar