En sus fundamentos, la declaración repudia el cierre de agencias territoriales en todo el país, y los consecuentes despidos. “Esta medida genera una seria preocupación institucional y social, en tanto implica un retroceso en la estructura federal de protección del trabajo. La eliminación de las dependencias territoriales supone una retracción de la presencia del Estado nacional en las provincias y limita la capacidad de brindar asistencia directa a quienes requieren orientación, mediación o acompañamiento en cuestiones vinculadas al empleo y las relaciones laborales”, señala la Legislatura.
Y agrega que “las agencias territoriales de la Secretaría de Trabajo constituyen un componente central para la implementación efectiva de las políticas laborales en todo el territorio nacional. A través de estos espacios se canalizan trámites, se interviene en conflictos individuales y colectivos, se asesora a trabajadores y empleadores, y se garantiza el acceso a programas y herramientas vinculadas a la promoción del empleo y la protección social”.
“En esa línea, continúa, su funcionamiento ha permitido impulsar inspecciones laborales en el territorio; promover la inserción de trabajadores en el sector privado; facilitar la realización de prácticas rentadas; fortalecer emprendimientos productivos; capacitar a la población en formación laboral y mejora de la empleabilidad; asistir a trabajadores de cooperativas; poner en funcionamiento y acompañar oficinas de empleo en la ejecución de programas laborales; fortalecer talleres de producción; acompañar a productores locales a través de centros de servicios; y brindar atención regular a organizaciones sindicales”.
En consecuencia, la Unicameral advierte que “su desaparición no sólo implica una reducción administrativa, sino que afecta de manera directa la capacidad del Estado para hacer cumplir la normativa laboral y garantizar condiciones dignas de trabajo, especialmente en el interior del país, donde la cercanía institucional resulta determinante para asegurar el ejercicio efectivo de los derechos laborales”.
“A esta situación se suma el impacto social derivado del despido de alrededor de mil seiscientos trabajadores y trabajadoras, quienes verían abruptamente interrumpidas sus fuentes de ingreso en un contexto económico complejo. Estas decisiones no sólo afectan a las personas directamente involucradas y a sus familias, sino que también debilitan las capacidades técnicas y operativas de un organismo clave para la regulación del mundo del trabajo”, remarca la Legislatura.
Por último, la declaración asume que “en este contexto, resulta necesario que las instituciones democráticas se pronuncien frente a decisiones que comprometen el funcionamiento de organismos públicos estratégicos y afectan la presencia territorial del Estado Nacional en materia laboral, un elemento esencial para garantizar el acceso efectivo a derechos y sostener políticas públicas con verdadero alcance federal”.
Fuente: www.atecordoba.org