Al menos 150 personas de países extranjeros trabajaban bajo condiciones de precarización laboral y en jornadas de hasta 16 horas.
La Justicia procesó a directivos de una productora de frutos rojos por presunta “trata de personas con fines de explotación laboral“. Los predios hortícolas bonaerenses están ubicados en Tandil y Sierra de los Padres, mientras que el terreno correntino se encuentra en Bella Vista.
Los y las trabajadoras “vivían en campamentos, no tenían descanso semanal y sufrían descuentos por enfermedad, multas o sanciones”, indica Télam a través de fuentes judiciales.
El juez federal de Mar del Plata Santiago Inchausti determinó el accionar por la causa en la que intervinieron la fiscal federal de esa ciudad Laura Mazzaferri y la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (Protex), a cargo de dos fiscales porteños, Alejandra Mángano y Marcelo Colombo.
Son al menos 150 personas que en su mayoría cuentan con ciudadanía boliviana y se encontraban “situación de vulnerabilidad”. El trabajo que desarrollaban llegaba a extenderse hasta alcanzar 16 horas y los sueldos estaban por debajo de lo estipulado por la ley.
El hecho se dio a conocer en después de que una docente desarrolle en un blog personal la situación de una de sus alumnas, que trabajaba en uno de los lugares conocido como “El Frutillar”. La causa estaba abierta desde 2016.
El procesamiento
El juez procesó sin prisión preventiva a cuatro investigados, el presidente, la vicepresidenta y dos encargados de recursos humanos de la empresa.
En el procesamiento se consideró probada “la política de empresa, de explotación a un sector de la población vulnerable por su condición de migrante”.
Para el magistrado, había “sujeción de la voluntad de los trabajadores a los designios de la empresa ya sea por la dependencia en cuanto a su retorno al lugar de origen (en caso de aquellos migrantes que habían sido trasladados a Mar del Plata bajo promesa de poder volver a su entorno, solo si completaban las tareas encomendadas), por dependencia económica y/o por dependencia habitacional”.
Las víctimas tenían “grados de instrucción en general muy bajos” y, “en su mayoría, niños y niñas a cargo” en “situación de extrema vulnerabilidad, aprovechada por los explotadores para lograr que los/as trabajadores/as permanecieran trabajando bajo las condiciones mencionadas, sin efectuar reclamo alguno y al menor costo posible de la empresa”.
El presidente y a la vicepresidenta de la empresa fueron procesados como coautores, mientras que a los dos jefes de recursos humanos se los acusa de ser “partícipes secundarios” porque “no podían desconocer, en orden a la actividad que desarrollaban para la empresa, las maniobras en cuanto a los pago de las remuneraciones por debajo de lo estipulado en las leyes laborales”.
En la resolución, finalmente, se fijó un embargo de 50 millones de pesos “a fin de asegurar la reparación económica a las víctimas”.
Fuente: www.telam.com.ar