Desde la Comisión Federal contra la Violencia Institucional denuncian públicamente la constante «actividad persecutoria e intimidatoria» de la policía del Departamento Tercero Arriba hacia las familias organizadas contra la impunidad en la ciudad de Río Tercero.
«Ante la total ausencia de justicia e inobjetable parcialidad de los fiscales Paula Bruera y Alejandro Carballo ante los mas aberrantes crimenes, nos vemos obligados a recurrir a los medios sociales, organizaciones y organismos estatales para denunciar el incesante acoso y abuso que se ha manifestado con mayor intensidad a partir de la proximidad de juicios y sentencias irreversibles que ponen contra la pared a las fuerzas policiales en un paraiso donde se pretendian intocables» explicaron mediante un comunicado.
Familiares y amigos de víctimas de gatillo fácil en la ciudad de Río Tercero agrupados en la Comisión Federal contra la Violencia Institucional denunciaron públicamente mediante un comunicado publicado en redes sociales la constante «actividad persecutoria e intimidatoria» de la policía del Departamento Tercero Arriba.
«Denunciamos la permanente presencia policial en proximidad de los domicilios de nuestras familias y una seguidilla de allanamientos a las viviendas sin otro motivo real que la estigmatización de sus miembros como única forma de dividir, limitar y hacer cesar una lucha organizada que les preocupa» expresaron.
En el comunicado adjuntaron el descargo de Sergio Funes, hermano de Lucas asesinado por la Policía del Departamento Tercero Arriba y sobreviviente de un ataque que tenía como objetivo acabar con su vida.
Reproducimos descargo
«Yo, Sergio Daniel Funes DNI 34455772 con domicilio legal en Eliazar Garzón 2424 de la ciudad de Río tercero, vengo por la presente a dejar constancia pública acerca de la situación que me toca atravesar a raíz del reclamo de justicia que hemos planteado de forma permanente en la puerta de tribunales como consecuencia de la inaccion de la justicia ante casos nunca resueltos en Río Tercero cuando los implicados, directa e indirectamente, son altos funcionarios y autoridades del Departamento Tercero Arriba.
Ante el constante e intenso asedio del cual soy víctima frecuente por capricho y saña de la policía, jueces y fiscales de Río Tercero a quienes incomoda mi presencia, me veo en la obligación de hacer públicas las graves situaciones de abuso donde resultan víctimas inocentes mi mujer e hijos. Dejo constancia, por la presente, que debido al avance de las investigaciones impulsadas por propios familiares dónde se acredita la fehaciente participación de la policía en el asesinato de mi hermano Lucas Funes (2012) al igual que en otros casos donde la contundencia de las pruebas involucran aún más a los uniformados dejando al descubierto la connivencia político/judicial que impide el esclarecimiento y castigo a los culpables, se ha desplegado un intenso operativo ilegal en mi contra, manipulado a gusto y antojo para desacreditar, humillar y anular nuestras voces como así también romper la unión de las familias que denuncian con nombre y apellido los gravísimos hechos acontecidos en Río Tercero que exponen el accionar de un poder judicial infecto, exclusivamente dedicado a perseguir víctimas vulnerables sobre las cuales ejercen todo su poderío, aún fuera de la ley, sin mediar control ni sanciones, precisamente porque corresponden al mismo entramado judicial que opera contra los más débiles en resguardo de los mas poderosos, nunca juzgados por sus crimenes con la misma celeridad y severidad con la que atacan a nuestras familias ante la mas mínima sospecha e incluso sin otro motivo que la sed de venganza con la que intentan anularnos.
En este sentido, denuncio operaciones de inteligencia, direccionadas de manera sistemática por la Justicia contra todos los familiares de víctimas asesinadas por la policía que se encuentran en pie de lucha ante la proximidad de juicios de gran magnitud que ponen en riesgo la falaz buena imagen y prestigio de una institución policial viciada de corrupción en el Departamento Tercero Arriba donde, a lo largo de 26 años, jamás se ha logrado resolver ningún caso de homicidio perpretado por la Policía o donde se hallen implicados factores de poder.
Mismos jueces y fiscales, que se dan el lujo de ordenar persecuciones y permiten a sus soldados de la fuerza policial actuar fuera de la ley con el único propósito de amedrentar e intimidar para inducir al cese de una lucha que los tiene a mal traer. Un Poder Judicial dirigido a disolver, inmediatamente, con ayuda de la prensa local cualquier tipo de duda o mancha que pudiere afectar la imagen institucional de la policía y las autoridades políticas que garantizan sus puestos y sueldos amén de los delitos. Un Poder Judicial servil a los espurios intereses de sectores afines a los cuales dota de privilegios y blinda ante cualquier situación de riesgo. Un Poder Judicial que no observa, estudia, analiza ni trabaja en función de la verdad sino a favor del crimen organizado. Un sistema social, político y judicial clasista que segrega y excluye todo lo que no resulta de su agrado ni logran ajustar a sus preferencias como si tuvieran en sus manos la autoridad moral suficiente para determinar quienes pueden vivir en libertad y quienes no, pegando un rótulo en nuestras frentes como si fuésemos cabezas de ganado. Un sistema judicial corrupto donde solo tienen razón los que más poder ostentan. Hago responsables directos de mi integridad física y de mi familia a las autoridades del Poder Judicial y la Policía de Córdoba, Departamento Tercero Arriba».
Fuente: www.anred.org